La propuesta de rebaja del 30% de pisos sociales de Barcelona irrita a sus impulsores y decepciona a los constructores

La receta de los expertos para flexibilizar la norma urbanística que obliga a los promotores en Barcelona a destinar a vivienda social un 30% de los pisos que construyen no contenta ni a los comunes de Ada Colau (que impulsaron la norma aprobada en 2018); ni a la patronal de los constructores (que la han rechazado desde que era solo un proyecto). El partido de la exalcaldesa entiende que el retoque a la norma, adelantado por este diario, “liquida” su filosofía y lo ve “inaceptable”. Las entidades que defienden el derecho a la vivienda y promovieron su redacción, van más lejos y aseguran que el actual alcalde del PSC, Jaume Collboni, se ha “doblegado” a los intereses inmobiliarios. La patronal APCE entiende que “da pocas oportunidades al mercado real”.

La norma del 30% buscaba crear vivienda social en edificios construidos por promotores privados en cualquier barrio de la ciudad. La propuesta de retoque presentada por el equipo capitaneado por la experta Carme Trilla apuesta por permitir agrupar estas reservas en otros edificios, además de rebajar las exigencias en el caso de grandes rehabilitaciones. Collboni, que gobierna en minoría, necesita apoyos en el Ayuntamiento para sacar adelante la reforma y los dos grupos que a priori pedían el mismo cambio, Junts y ERC, aseguran que estudiarán la propuesta. Fuentes del Gobierno municipal recuerdan que falta “aterrizar técnicamente” el documento en las normas urbanísticas y negociarlo con los grupos, lo que no permitirá llevarla a aprobación hasta después de las elecciones del 12-M.

El grupo promotor de la norma (del que forman parte entidades como la FAVB, la PAH, el Sindicato de Inquilinas o el Observatorio DESC) emitió un comunicado este martes que habla de que “ha recibido un boicot desde el minuto cero” y asegura que, “ahora, un alcalde plegado a los intereses inmobiliarios que no controla su aplicación, recoge el guante para recortarlo”. Las entidades lamentan que el Ayuntamiento no se haya dirigido a ellos ni les haya pedido opinión y asegura están dispuestas a movilizarse. “A la espera de conocer el estudio, las propuestas publicadas son un recorte inadmisible” que “libera a los promotores de la corresponsabilidad en la generación de suelo y techo edificable”, creen. “Lo que debería hacer Collboni es destinar los recursos al despliegue del 30% a su máximo potencial y velar para que todos los promotores cumplan”, añaden.

Desde Barcelona en Comú, la concejal Janet Sanz, que llevó la cartera de urbanismo durante los gobiernos de Colau (2015-2023) ve la propuesta de los expertos “inaceptable”. “Es una confirmación de nuestras sospechas sobre la voluntad del actual gobierno de liquidar la norma ante las presiones de los promotores de la ciudad”. “La ciudad debería luchar para corresponsabilizar a los promotores privados de la construcción de vivienda pública, que era el objetivo con el que nació la norma, en especial en distritos céntricos. Ahora la dejan sin efecto allí donde más necesaria es”, manifestó. “Nadie entenderá que en un contexto donde es imprescindible garantizar el derecho a la vivienda esto se aprobara al lado de los partidos de la derecha”, aseguró.

Por parte de Junts, recuerdan que llevaban la reforma del 30% en su programa electoral, que entienden que no ha funcionado. Las propuestas de los concejales del grupo que lidera el exalcalde Xavier Trias pasan por debatir con los colegios profesionales para flexibilizar la norma con varios criterios: distintos porcentajes de reservas según cada distrito o la posibilidad de monetizar la reserva (que los promotores paguen al Ayuntamiento para que construya la vivienda asequible), por ejemplo. También apuestan por la creación de una empresa mixta (público-privada) para promover vivienda asequible de alquiler. En ERC, ven la medida del 30% necesaria pero alertan de que debe ser “eficaz, porque Barcelona necesita vivienda protegida”. Los republicanos piden datos, “medidas claras” y aseguran que estudiarán la propuesta.

El presidente de la patronal APCE, Xavier Vilajoana, asegura que el texto preparado por el grupo que lidera Trilla “dará muy poco juego a la práctica, muy pocas opciones al mercado real y su comportamiento”. “Quien vende y quien compra un suelo debe tener las cosas muy claras, y esto es una mezcla que quiere contentar a demasiada gente”, dice.

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