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El partido de Lula prepara una ofensiva contra la persecución al expresidente

Nuevas revelaciones apuntan a intentos de mantenerle en prisión

The Intercept Brasil vaza conversas de Moro sobre a Lava Jato
El ministro Sergio Vivo (en centro) en Manaus, este lunes. AFP

De acusado a acusador, el Partido de los Trabajadores prepara una ofensiva en la Justicia para cuestionar los métodos de la operación Lava Jato y reafirmar la inocencia del expresidente Lula da Silva después de la publicación de los reportajes de The Intercept Brasil. En una nota, el abogado de Lula, Cristiano Zanin, ha asegurado que los reportajes reafirman los argumentos ya utilizados por la defensa desde el inicio del proceso. “En diversos recursos y en un comunicado formalizado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio de 2016 demostramos, con incontables pruebas, que en la Operación Lava Jato hubo una actuación combinada entre los fiscales y el exjuez Sergio Moro con el objetivo preestablecido y con clara motivación política de procesar, condenar y retirar la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva”, explicaba la nota. “El reportaje publicado por The Intercept revela detalles de esa trama que fue afirmada en todas las piezas que suscribimos en la condición de abogados de Lula", reclama.

Zanin se reunirá este martes con Lula en la prisión de Curitiba para cerrar la estrategia definitiva de su defensa a la luz de las nuevas informaciones. Por Twitter, Zanin describió una de las leyes que fueron ignoradas por Moro. El artículo 254 del Código Penal indica que si el juez del caso ha “aconsejado a cualquiera de las partes” involucradas en el proceso, él podrá ser recusado, tanto por la defensa como por la acusación.

La semana pasada, el Ministerio Público indicó que Lula ya puede tener régimen semiabierto, aunque la decisión final depende del Superior Tribunal de Justicia. Dos días después de ese comunicado, la Justicia autorizó el inicio de otro proceso contra el expresidente, su décima acción desde 2016. Según esta, Lula se habría beneficiado en 2010 de sobornos a cambio de facilitar recursos a la constructora Odebrecht del Banco de Fomento. Las informaciones de The Intercept apuntan que esos movimientos coordinados de la Justicia brasileña tendrían como objetivo mantener a Lula preso.

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