La nueva Fiscalía mexicana se compromete a rescatar del olvido el ‘caso Odebrecht’ en dos meses

El nuevo fiscal General mexicano, Alejandro Gertz Manero, se ha comprometido este lunes a llevar por fin ante los tribunales la investigación del caso Odebrecht, la trama de corrupción vinculada a la empresa brasileña que ha sacudido ya a países como Perú o Colombia. La ramificación mexicana del caso y la presunta participación de antiguos directivos de Pemex en una red de sobornos, cohechos y malversaciones, fue investigada hace más de dos años por la procuraduría, el órgano al que ha relevado la nueva fiscalía general. Raúl Cervantes, el último director del antiguo organismo, aseguró antes de dejar el cargo en octubre de 2017 que ya había concluido las pesquisas y todo estaba listo ya para entrar en la fase judicial. Desde entonces, el caso ha permanecido en un limbo del que ahora parece decidido a sacarlo el nuevo fiscal.

“Hemos tenido que reponer en buena parte todo el procedimiento con la información que hemos recopilado y en un plazo que no ha de sobrepasar los 60 días se habrá de empezar a judicializar este asunto bajo la premisa de una maquinación delictiva a la que puede aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada”, anunció Gertz en una rueda de prensa, en uno de sus primeros gestos por marcar distancia respecto a su antecesor.

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La designación de este veterano abogado a finales del año pasado por el Gobierno de López Obrador culminó la creación de la nueva fiscalía, nacida con la aspiración de ganar autonomía frente al Ejecutivo en la batalla contra la corrupción y la impunidad, pero criticada por la tibieza final de la normativa, que no ha contemplado reformas constitucionales para blindar dicha autonomía.

Desde que comenzó a destaparse, la trama de la constructora brasileña ha provocado un tsunami político en países como Brasil, Colombia o Perú, donde ha llegado a cobrarse la detención del expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski. En México, sin embargo el caso ha pasado casi de puntillas desde que hace casi dos años Raúl Cervantes anunciara que había concluido “la investigación respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción que en América Latina y México se hayan visto".

La constructora brasileña ha sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública para participar en contratos públicos y la PGR abrió una carpeta de investigación a Emilio Lozoya, director general de Pemex de 2012 a 2016, por cohecho y enriquecimiento ilícito. Las conclusiones aún no se conocen. La polémica durante este periodo se ha circunscrito más bien a las novedades que se van conociendo del caso abierto por la justicia brasileña o informaciones esporádicas reveladas por investigaciones independientes

En diciembre de 2017, el exdirector en México de Odebrecht reconoció haber sobornado al exdirector de Petróleos Mexicanos con cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros). "Le dije que estaríamos dispuestos a contribuir (...) para reconocer, digamos, la atención que nos había dedicado en los últimos años". Así narró Luis Alberto de Meneses Weyll el pago de un presunto soborno a Emilio Lozoya, que en 2012 era coordinador del área internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto.

En la misma línea, las investigaciones de la plataforma Mexicanos contra la corrupción han revelado la intervención durante la campaña presidencial de Braskem, una subsidiaria investigada por el órgano auditor mexicano, con tres transferencias por valor de 1,5 millones de dólares a favor de una empresa vinculada a Lozoya por distintos delatores involucrados en la investigación de la Justicia brasileña. La última tentativa de investigación, una propuesta en el Congreso para avanzar en las pesquisas sobre las irregularidades ya detectadas en unos contratos entre Pemex y la filial de Braskem por unos 2500 millones de pesos (135 millones de dólares), fue bloqueada por la entonces mayoría del PRI en el Congreso.

“Un enorme saqueo”

Junto a Odebrecht, el segundo caso con el que el nuevo fiscal mexicano está representando su ruptura con el organismo anterior es la llamada estafa maestra, una extensa telaraña de desvió de dinero público a través de diferentes organismos del Gobierno federal y universidades. El caso fue destapado el año pasado por una investigación periodística y tampoco ha tenido mucho recorrido en la antigua procuraduría: 23 investigaciones abiertas, pero solo 5 personas imputadas.

“La Fiscalía está reestructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5. 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros”, dijo el funcionario, que especificó además que la nueva investigación de su organismo está basada en la premisa de que se trató de “un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público”.