China lucha contra la desaceleración económica con grandes recortes de impuestos y mayor gasto público

Un ambiente “más grave y más complicado”. Un “telón de fondo de presiones a la baja”. Un clima internacional “complejo y que está cambiando rápidamente”. Suena poco halagüeño el panorama que China prevé para este año, en medio de una guerra comercial con Estados Unidos, un descenso de la demanda global y un resurgimiento del populismo y el proteccionismo. Un panorama que le ha llevado a rebajar sus previsiones de crecimiento, del 6,6% del año pasado a una banda entre el 6% y el 6,5% para este ejercicio. Y a reforzar un mensaje: estabilidad. Una estabilidad imprescindible este año: el sistema cumple su 70 aniversario y quiere celebrarlo por todo lo alto.

Ante los vientos en contra, China va a responder —según adelantó el primer ministro chino, Li Keqiang—, con un aumento del gasto público, que crecerá un 6,5% hasta los 23 billones de yuanes (3,03 billones de euros). La partida presupuestaria para Defensa, que el año pasado se elevó un 8,1%, tendrá este año un incremento más moderado, del 7,5%. No habrá un plan de estímulo como el adoptado para responder a la crisis financiera global de 2008, pero sí medidas que den alegría a los sectores económicos. Entre ellas, promete reducir la carga fiscal de las empresas —especialmente mediante rebajas en el IVA y sus contribuciones a la Seguridad Social— en unos dos billones de yuanes (265.000 millones de euros). El déficit presupuestario crecerá ligeramente, dos décimas respecto a 2018, para quedar en el 2,8% del PIB. Eso supone que la deuda pública seguirá creciendo, desde el 38,1% del PIB alcanzado en 2018, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI)

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Ha pasado solo un año desde que la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP), el Legislativo chino, encumbró al presidente, Xi Jinping, como el líder con más poder desde los tiempos de Mao Zedong, al abolir los límites de su mandato. Entonces, el mensaje era de autoridad. Ahora,  hay que mantener la confianza pese a la bajada en el ritmo de crecimiento de la economía.

“Debemos estar preparados para una dura lucha. No hay que subestimar las dificultades que encaramos, pero nuestra confianza no debe debilitarse”, ha subrayado el primer ministro Li, en su discurso de objetivos del Gobierno, en la inauguración de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

Pero, ante los cerca de 3.000 delegados participantes en la sesión —que disciplinadamente pasaban al unísono página tras página del discurso de Li, a medida que el primer ministro lo leía—, el jefe de Gobierno ha dejado claro que el Ejecutivo no se plantea ningún giro radical. “Con el telón de fondo de un clima internacional complejo y que está cambiando rápidamente, debemos mantener nuestro foco estratégico y llevar a cabo nuestro trabajo de acuerdo con los planes y metas que ya nos habíamos trazado”.

Desde el estrado, ante un fondo de estandartes y banderas rojas, Xi miraba impasible a su primer ministro. “Hace solo un año el presidente Xi estaba en la cúspide, cuando se revisó la Constitución para concederle el estatus de ‘emperador vitalicio’. Pero ahora encara importantes desafíos”, apunta el politólogo Willy Lam, de la Universidad China de Hong Kong.

El mandatario chino tiene aún en su lista de asuntos pendientes de resolver la guerra comercial con Estados Unidos, ahora mismo en una tregua después de que los equipos negociadores acordaran prorrogar el plazo del 1 de marzo para conseguir un acuerdo. Su proyecto estrella en política exterior, la Nueva Ruta de la Seda —la gigantesca red de infraestructuras con la que China quiere conectarse con el resto del mundo—, ha visto crecer las quejas de algunos de los países incluidos. Un crecimiento económico más débil puede generar un aumento de la insatisfacción social, precisamente en el año en que el régimen quiere alardear de sus logros en estas últimas siete décadas.

“El modelo chino no funciona para resolver la miríada de problemas económicos del país que ya habían salido a relucir antes de la guerra comercial. Xi ha repudiado las reformas de mercado defendidas durante cuarenta años de apertura económica iniciada por Deng Xiaoping”, explica Lam, que cita, entre otros ejemplos, la renuencia a reformar el sector de las todopoderosas, pero poco eficientes, empresas estatales.

Ello no quiere decir que Xi afronte ningún tipo de desafío a su mandato, pues mantiene un férreo control sobre el ejército y la policía. “No corre riesgo de perder poder. Pero su autoridad se ha visto mermada”, sostiene el politólogo hongkonés.

La preocupación del Gobierno por mantener la estabilidad —mencionada siete veces en el discurso de Li— se acrecienta en tanto que este año, además de los festejos de octubre, está sembrado de otros aniversarios políticos mucho menos favorables para el régimen. Este mes se cumplirá el centenario del nacimiento de Zhao Ziyang, el secretario general del Partido Comunista depuesto por simpatizar demasiado con los estudiantes que en 1989 tomaron Tiananmen. En mayo también llegará el centenario del Movimiento del 4 de Mayo, que abrió una era de mayor participación política popular. Y el 4 de junio se cumplirán 30 años de la matanza en la céntrica plaza pekinesa.

“Son aniversarios muy conectados con la legitimidad del partido”, recuerda el comentarista político independiente Wu Qiang. “Aunque no podemos esperar grandes protestas en esos aniversarios, dada la represión contra los disidentes y movimientos civiles… el Gobierno está preocupado por que una pequeña protesta pueda causar el colapso de la autoridad como una avalancha. Es su mayor preocupación”.

Con ello en mente, el Gobierno de Xi intenta cerrar frentes lo más rápidamente posible. Durante su sesión anual, que continuará hasta el 15 de marzo, la ANP tiene previsto debatir y aprobar una nueva ley de inversiones extranjeras, como parte de las medidas para satisfacer a Washington y resolver la guerra comercial. EE UU exige a China un mayor equilibrio de la balanza comercial, el fin de la transferencia forzosa de tecnología y garantías sobre la protección de la propiedad intelectual.

¿Y para atajar posibles brotes de descontento entre la población, especialmente entre los trabajadores que ven sus empleos desaparecer o en peligro por el cierre o traslado de fábricas? Reciclaje para quince millones de trabajadores menos cualificados y creación de once millones de empleos urbanos. “Proseguiremos una política de empleo como primera prioridad”, promete el primer ministro.