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Detenidos y extraditados a EE UU por violar las sanciones a Irán

El caso de la vicepresidenta de Huawei es el más relevante, pero no el primero, de una ciudadana extranjera atrapada por las medidas contra Teherán

El empresario británico Christopher Tappin comparece ante los medios antes de entregarse a la policía londinense para ser extraditado a EE UU, en 2012.
El empresario británico Christopher Tappin comparece ante los medios antes de entregarse a la policía londinense para ser extraditado a EE UU, en 2012.

La detención de Meng Wanzhou a petición de EEUU es hasta ahora la más llamativa que ese país ha promovido en relación con sus sanciones a Irán. Pero la vicepresidenta y previsible heredera de la multinacional de tecnología china Huawei, que ahora afronta una solicitud de extradición, no es la primera afectada por esas medidas. Aunque la mayoría de los detenidos han sido ciudadanos iraníes (o de origen iraní y con una segunda nacionalidad) residentes o de visita en EE UU, al menos media docena de personas de un tercer país han precedido a Meng.

En febrero de 2014, la policía británica detuvo al ciudadano chino Sihai Cheng por una orden de busca y captura estadounidense. Cheng, que entonces tenía 33 años, fue extraditado a EE UU a primeros de diciembre del mismo año. Se le acusaba de haber vendido a un socio iraní miles de piezas de uso nuclear. Se declaró culpable de varios delitos de contrabando de mercancías y exportación ilegal, y dos meses después fue condenado a nueve años de cárcel. Su apelación fue desestimada al año siguiente.

La web del Proyecto Wisconsin sobre Control de Armas también recoge el caso de un hombre de negocios británico, Christopher Tappin, que fue extraditado a EE UU desde su país en 2012, después de haber intentado vender baterías para misiles a unos agentes encubiertos. Tappin, que tenía 66 años y estaba jubilado, también se declaró culpable y fue condenado a 33 meses de cárcel, parte de los cuales terminó cumpliendo en el Reino Unido.

En 2011, Singapur detuvo y extraditó a cuatro de sus ciudadanos, Wong Yuh Lan, Lim Yong Nam, Lim Kow Seng, and Hia Soo Gan Benson, a petición de EE. UU. Un juez les acusaba de haber exportado ilegalmente a Irán miles de unidades de radiofrecuencia, algunas de las cuales terminaron usándose en bombas improvisadas (IEDs) en Irak, y antenas militares. Todos fueron juzgados y condenados a distintas penas.

Estos casos coinciden con el período más duro de las sanciones internacionales contra Teherán a raíz del descubrimiento de su programa nuclear secreto en 2002, cuando se internacionalizaron. Washington promovió en la ONU media docena de resoluciones condenatorias, cuatro de ellas sancionadoras. De forma progresiva prohibieron el comercio de materiales nucleares, la venta de armas y, finalmente, establecieron restricciones a empresas sospechosas de ser una tapadera, muchas de ellas vinculadas con los Pasdarán, un cuerpo militar de élite.

Pero el verdadero cambio cualitativo se produjo de forma más silenciosa a partir de 2010 cuando el Departamento del Tesoro norteamericano no sólo prohibió las transacciones financieras con compañías iraníes y las relaciones interbancarias entre los dos países, sino que presionó a los principales bancos europeos y asiáticos para que eligieran entre mantener sus operaciones en Irán o en Estados Unidos. La mayoría cerraron sus oficinas en Teherán e incluso las cuentas de sus clientes iraníes o residentes en Irán en otras sucursales. Al año siguiente, el Tesoro prohibía a las compañías petroleras con intereses en EE. UU. trabajar con el Banco Central de Irán, lo que les obligó a cortar sus importaciones de crudo y abandonar los proyectos en ese país.

A principios de 2016, como resultado del acuerdo nuclear firmado medio año antes, se levantaron las sanciones de la ONU y las que la Unión Europea había impuesto bajo la presión de EE. UU. Sin embargo, se mantuvieron las que este país mantenía de forma bilateral poco después de la revolución de 1979, debido a la toma de su embajada en Teherán. El temor a verse atrapadas en la maraña legal estadounidense y el anuncio de la Administración Trump de que iba a salirse del acuerdo, frenaron el esperado beneficio antes incluso de que Washington reimpusiera y reforzara su embargo económico y comercial este año.

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