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2.400 millones para atajar la pobreza y el terrorismo en el Sahel

Donantes internacionales se comprometen a invertir en 40 proyectos de desarrollo en tres años para la región donde más aumenta el hambre en el mundo

Soldados mauritanos en un puesto de mando del grupo de trabajo G5 del Sahel, el pasado noviembre.
Soldados mauritanos en un puesto de mando del grupo de trabajo G5 del Sahel, el pasado noviembre. AFP

La pobreza, el cambio climático y la penetración del yihadismo radical han convertido al Sahel, esa vasta franja de tierra al sur del desierto del Sahara, en un polvorín de conflictos como los de Malí o Boko Haram. Para tratar de frenar el avance del terrorismo, el G5 (Mauritania, Burkina,Chad, Níger y Malí) del Sahel, una organización regional nacida en 2014 con un enfoque militar, ha decidido dar un mayor peso a la lucha contra el paro, la pobreza y las desigualdades. Este jueves, la conferencia de donantes de Nuakchot se cerró con un compromiso de unos 2.400 millones de euros en los próximos tres años para 40 proyectos de desarrollo, bajo la premisa de que la mejor manera de combatir la radicalización de los jóvenes es ofrecerles un futuro.

En los pasillos del viejo Palacio de Congresos de la capital mauritana se respiraba este jueves un ambiente de satisfacción. El objetivo inicial de 1.900 millones de euros para poner en marcha el Plan de Inversiones Prioritario (PIP) en el Sahel se superó con creces, alcanzándose la cifra de 2.400 millones en una iniciativa que tiene 4 ejes, gobernanza, resiliencia de la población ante el cambio climático, construcción de infraestructuras y seguridad. “Tenemos que asegurar a la población una vida decente y con dignidad para evitar que caigan en manos de los radicales”, dijo el presidente mauritano Mohamed Ould Abdelaziz, mientras que su homólogo nigerino, Mahamadou Issoufou, insistió en que “la seguridad y el desarrollo son indisociables”.

Entre los principales donantes destaca Francia, cuyo ministro de Exteriores Jean Yves Le Drian comprometió 500 millones, y la Unión Europea, que aportará otros 800, seguidos de Estados Unidos, Alemania, países de Oriente Medio como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y organismos financieros internacionales. España, por su parte, anunció una donación de 85 millones, según anunció en la conferencia celebrada en Nuakchot la directora de Cooperación con África y Asia de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), Cristina Díaz. La Alianza por el Sahel, creada a instancias de París y Berlín y en la que también participa Madrid, canaliza los fondos como uno de los grandes avales internacionales del G5.

El PIP pone el foco en las regiones más afectadas por la violencia y sus consecuencias, como Tillaberi y Diffa en Níger, Mopti, Gao, Tombuctú y Menaka en Malí, El Hodh en Mauritania, Kanem y Lake en Chad o el norte de Burkina. Entre los 40 proyectos aprobados, el secretario permanente del G5 del Sahel, el nigerino Maman Sambou Sidikou, destacó la promoción de la agricultura adaptada al cambio climático, el refuerzo de la educación para todos, la prevención de conflictos intercomunitarios, la construcción de carreteras que saquen del aislamiento a vastas regiones del Sahel, la electrificación de zonas rurales o la extracción de agua mediante energías renovables. “Esta es la primera etapa de una gran ambición, una acción rápida para la transformación radical de nuestra región”, dijo.

Y es que el panorama es desalentador. En Gao, en el norte de Malí, no hay día en que un vehículo no pise una mina o alguien fallezca en un atentado. En el centro del país, población peul y dogon se enfrenta entre sí en matanzas intercomunitarias estimuladas por radicales y el Ejército. Níger, golpeada por la violencia de Boko Haram en el este, acaba de decretar el estado de excepción en el otro extremo de su territorio por los constantes secuestros y ataques de radicales procedentes tanto de Malí como de Burkina Faso. En el norte de este país reina la inseguridad por la presencia de grupos armados fuera de control. En el Lago Chad el incremento de la actividad de Boko Haram ha provocado una nueva ola de refugiados.

El acento puesto en la seguridad no ha funcionado. Por un lado, el G5 del Sahel no ha logrado movilizar los recursos necesarios para el pleno funcionamiento de su fuerza militar conjunta, que cuenta con unos 5.000 efectivos de los cinco países y que apenas ha participado en una decena de operaciones de escaso éxito. Por otro lado, nunca hubo tanta presencia militar en la región, desde el propio G5 y los ejércitos nacionales hasta la fuerza de la ONU en Malí, con más de 10.000 soldados, pasando por los 5.000 de la Operación francesa Barkhane, la misión de formación de la Unión Europea en Koulikoro o la discreta pero sólida presencia estadounidense en Níger.

El Sahel está erizado de militares, pero el radicalismo se extiende a lomos de la pobreza. Como alertan Oxfam, Acción contra el Hambre y Save the Children, es la región del mundo que ha experimentado un mayor aumento del hambre en la última década, 13,1 millones de personas malnutridas en 11 años según la ONU. El presente año 2018 ha sido especialmente duro, con 2 millones de niños en situación de malnutrición aguda severa y tasas superiores al 15% en zonas de Mauritania, Níger y Chad. Ya no se puede hablar de hambrunas periódicas en el Sahel, sino de una “crisis alimentaria estructural y omnipresente” en las que el avance del desierto o la alta natalidad son factores decisivos y poco tenidos en cuenta. Las migraciones, sobre todo del campo a la ciudad, son una consecuencia más de todo ello.

Desde su creación en diciembre de 2014, y su puesta de largo en 2017 con la aprobación de una resolución de apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a instancias de Francia, el G5 del Sahel, un club de países entre los que se encuentran los más pobres del mundo, se ha ido consolidando como un actor cada vez más relevante y dinámico en la región. Para Europa, preocupada por las migraciones que atraviesan el Sahel y desembocan en el Mediterráneo y por la expansión de un yihadismo que amenaza con desestabilizar a toda la región, se ha convertido en un socio necesario. La Alianza por el Sahel, que prevé invertir hasta 8.000 millones en los próximos años, es una buena muestra de esta preocupación.

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