La huida incierta de miles de nicaragüenses hacia Costa Rica

José Adán vendía verdura en Sébaco Matagalpa. Su hija, Diana Ivette, estudiaba enfermería en la Universidad Nacional Autonóma de Nicaragua (UNAN) y los dos adolescentes de la familia estaban en el colegio Eddy Alonso cuando “los paramilitares” se llevaron a dos compañeros de ellos a la fuerza. Fue cuando la familia decidió dejar la casa y salir por primera vez de Nicaragua. El 20 de junio -dos meses después del inicio de las protestas y la represión gubernamental- entraron a Costa Rica, pidieron cita para solicitar refugio y desde ese momento ven pasar el tiempo, hospedados en la casa de unos conocidos en Aserrí, un pueblo rural 10 kilómetros al sur de San José.

“No había opción. Era eso o esperar el momento en que se llevaran a mis muchachos”, decía el padre el pasado jueves mientras hacía la cola para ser entrevistado y, ojalá, recibir el carné que lo acredita como solicitante de refugio, lo cual le otorgaría residencia legal por varios meses. Entraron “por vereda”, sin pasaportes ni documentos porque temían que el Ejército los detuviera. Ahora se sienten seguros, pero José Adán reconoce que ahora su angustia es la imposibilidad de trabajar de manera legal y la falta de “bretes” informales. “En 50 días solo he hecho dos jardines y un trabajo de arreglar un mueble”, cuenta.

Un relato parecido se repite una y otra vez en la fila de solicitantes de refugio, una cola interminable de nicaragüenses que han huido a Costa Rica desde que estalló la crisis, en abril. Hay registradas 19.000 peticiones de refugio, aunque Naciones Unidas ha reportado el ingreso de más de 23.000 personas a este país convertido en un destino histórico de migrantes desde Nicaragua. Durantes las guerras de los 80 buscaban seguridad; después, trabajo para enviar dinero a sus familias; ahora, de nuevo seguridad. Huyen de su propio gobierno o de fuerzas aliadas al régimen de Daniel Ortega y han encontrado en su frontera sur, en Costa Rica, “un santuario”, como lo califica Marcela Rodríguez, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

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El Gobierno de Costa Rica recibe la solicitud de todos, incluso los que residían en el país antes de abril sin documentos suficientes, bajo la premisa de que en este momento sería inseguro el regreso a su país. El tiempo de vigencia de la visa fue duplicado a seis meses. No hay deportaciones y se mantienen abiertos dos albergues para nicaragüenses, aunque muy pocos permanecen ahí. La mayoría se instala en casas de otros paisanos. Hay más de 100.000 familias de origen nicaragüense en Costa Rica. Tienen techo, comida básica y sensación de seguridad, pero saben que la situación en Nicaragua no se arreglará de inmediato y que deben sobrevivir en suelo costarricense, donde las cifras de desempleo ya son altas (10% general), reconoce Raquel Vargas, directora de Migración y Extranjería.

Vargas admite el aumento de la presión migratoria, pero sostiene que solo habrá crisis si los nuevos migrantes no logran incorporarse a este país donde en 2011 vivían casi 300.000 nicaragüenses (6% de los habitantes), según el Censo. Expertos señalan que evitar una crisis migratoria exige, en primer lugar, el acceso al el trabajo, pero la ley establece requisitos: deben pasar al menos tres meses desde la petición de refugio y tener una oferta laboral concreta. No es fácil, sin embargo, solo así podrían tener su ingreso propio y acceso a los servicios de salud regulares.

“No queremos ser una carga. Queremos trabajar, pero sabemos que es difícil”, dice este viernes David, de 20 años, mientras hacía fila en una feria de empleo para refugiados organizada por Acnur. Estudiaba ingeniería industrial y salió de su casa, en el simbólico pueblo de Monimbó (Masaya) el pasado 19 de julio, aprovechando que todos los esfuerzos policiales del Gobierno estaban centrados en la capital, en el aniversario de la Revolución de 1979. “En el techo de mi casa cayeron balas dos días antes”, cuenta. Por eso se unió con dos primos y dos amigos, también de Masaya, y salieron por tierra hacia Costa Rica, donde viven otros familiares.

“A chavalos como nosotros nos tienen el ojo, estudiantes, jóvenes, hombres”, acota Carlos, que estudiaba Administración de Negocios. Tiene razón, es uno de los perfiles de víctimas de la represión que detectó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe del 21 de junio y que han detectado las autoridades de Migración de Costa Rica. Uno tercio de los solicitantes de refugio en los últimos dos meses tienen menos de 25 años.

Carlos y tres más entraron todos por el puesto migratorio, pero no Moisés, estudiante de medicina.  “En la frontera tienen listas de médicos o residentes que atendieron a los manifestantes heridos por la Policía y los paramilitares. Lo más seguro era cruzar sin pasaporte ni celular y ahora puedo decir que nos sentimos seguros, aunque no sabemos bien qué hacer. De momento, buscar trabajo”, explica el universitario. Alrededor, una fila de casi 200 extranjeros incluía también a venezolanos, colombianos y salvadoreños, como se refleja también en las solicitudes de refugio: 7.000 pendientes de ciudadanos de esos países.

La demanda por empleos es alta y compite con población local, reconocen las autoridades. Este es uno de los elementos de un sector de la población y algunos diputados opositores para pedir restricciones y mayor vigilancia en la frontera.