Hungría aprueba la polémica ley que criminaliza la ayuda a los migrantes

El populista Viktor Orbán y su partido, el nacionalista y eurófobo Fidesz, han lanzado un nuevo desafío a la Unión Europea. El Parlamento húngaro, donde la formación ultraconservadora tiene supermayoría, ha aprobado este miércoles un paquete de medidas que criminalizan y castigan con penas de hasta un año de cárcel a los individuos o grupos que ayuden a los inmigrantes irregulares, incluso si esa ayuda es para asesorarles e informarles sobre cómo solicitar asilo. Es la conocida como Ley Stop Soros —por el filántropo y magnate George Soros, cuyas ideas de una sociedad abierta y liberal le han convertido en el enemigo número uno de Orbán—, que el primer ministro húngaro ha decidido sacar adelante como parte de su cruzada contra la inmigración pese a las voces de alerta de Bruselas, de las organizaciones de derechos humanos e incluso de sus aliados del Partido Popular Europeo (PPE).

Las organizaciones de derechos civiles y entidades internacionales como Unicef se han apresurado a criticar la nueva ley; la primera de la nueva etapa Orbán tras las elecciones y aprobada además el día mundial del refugiado. Alertan de que supone una grave amenaza a los derechos humanos y a quienes los defienden. "Publicar un folleto de información que resume las reglas húngaras en materia de asilo será considerado delitos, sancionable con encarcelamiento", ejemplifica Gábor Gyulai, del Comité Helsinki, una ONG especializada en asistencia jurídica a refugiados y migrantes. "La medida se añade, además, al desmantelamiento del sistema de asilo húngaro", critica.

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La enorme victoria en los comicios del pasado abril, en los que Orbán revalidó un tercer mandato consecutivo con un discurso centrado en el odio y el miedo a las personas refugiadas, ha permitido a los legisladores de Fidesz aprobar también una reforma de la Constitución para incluir un artículo que explicite la prohibición de reasentar "población extranjera" en Hungría (a excepción de europeos) y declare que la composición de la población del país no puede ser modificada "mediante una voluntad externa".

Ambos puntos son una alusión directa a la política migratoria comunitaria, que dispone el reparto de una cuota solicitantes de asilo entre los Estados miembros y que Hungría siempre se ha negado a cumplir. El país centroeuropeo, que se encontró en el verano de 2015 en sus fronteras a miles de personas que huían de la guerra y de la pobreza y que pretendían cruzar el país para seguir su camino hacia Alemania o los Nórdicos, no ha acogido a uno solo de los 1.200 refugiados procedentes de Italia o Grecia que le toca por el reparto comunitario.

Con la ley Stop Soros Orbán y el Fidesz han ido un paso más en su enfrentamiento con Bruselas, que ya tiene un procedimiento abierto contra Hungría por su persecución a la Universidad Centroeuropea de Budapest, financiada por Soros, y que había manifestado su preocupación por la aprobación de la ley, que estrecha tanto el cerco sobre las ONG y la sociedad civil que las puede arrastrar a su desaparición. El ultraconservador Orbán también ha ignorado al Consejo de Europa. El lunes, su órgano consultivo, la Comisión de Venecia le pidió que pospusiera la votación de la controvertida ley hasta que pudiera redactar y presentar sus observaciones.

La única respuesta de Orbán a las críticas desde las instituciones comunitarias ha sido eliminar de la ley el impuesto del 25% a las ONG que reciben financiación extranjera, aunque este miércoles su Gabinete ha afirmado que lejos de aparcarse, la tasa se incluirá en una ley de impuestos separada.

El primer ministro húngaro, uno de los cabecillas de los populistas europeos y pionero en distintas medidas xenófobas que ahora ganan terreno entre sus afines, ha liderado la oposición en la región a las medidas migratorias de la UE y a la política de puertas abiertas que mantuvo la canciller alemana Angela Merkel. Orbán, que ha sacado un enorme rédito político a su discurso contra los refugiados, asegura que los migrantes son una amenaza a la civilización cristiana. Apenas el 1,5% de la población en Hungría es extranjera, la amplísima mayoría (66%) son europeos, según el Instituto Húngaro de Estadística.

Las leyes aprobadas este miércoles, que el Ejecutivo húngaro afirma que tienen como objetivo luchar contra la inmigración irregular, son otra medida más de la política de puertas cerradas que ha mantenido este país centroeuropeo, de 9,5 millones de habitantes, desde la crisis migratoria. Hungría ha endurecido los trámites para solicitar asilo, las condiciones de llegada y de vida de los refugiados y ha blindado su frontera con una doble valla electrificada. Un muro que, según Orbán, no sólo protege a Hungría sino también a toda la UE.

El Parlamento húngaro también ha aprobado una enmienda que elimina la supervisión del Tribunal Supremo sobre los tribunales de la Administración pública, una medida que los críticos consideran un paso más para extender la influencia de Orbán sobre el poder judicial.