Detenidos en la Europa más hostil al inmigrante

Desde la rústica tienda de lona en la que Haj y Musafir se protegen del atenazante frío se oyen voces de críos jugando. El viento trae los cánticos a oleadas, pero nunca se les ve. Los dos hombres afganos sólo pueden adivinar qué ocurre en el sombrío campamento, tras la doble alambrada que ribetea la frontera entre Serbia y Hungría; la que les separa de su sueño europeo. Allí, en Röszke, en suelo de la UE, en una suerte de casetas de obra metálicas que se asemejan a grises contenedores de trailer, viven decenas de migrantes y refugiados. La ley húngara, una de las más restrictivas de Europa, permite desde el pasado julio detener a los sin papeles, incluidos los solicitantes de asilo, en campamentos como este, alzados en zonas de tránsito.

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El Gobierno húngaro les llama “refugios”, y ha instalado dos. Allí se alojan 473 personas, entre ellas 213 niños, según los datos recabados (a 11 de diciembre de 2017) por el Comité Helsinki de Hungría, una organización que trabaja con migrantes y refugiados. También menores no acompañados, como ha constatado la eurodiputada de los Verdes alemanes Judith Sargentini, que lidera la investigación de la Eurocámara sobre la situación migratoria en Hungría y que ha visitado el centro de Röszke. Los solicitantes de asilo pueden permanecer en uno de esos centros —a los que las organizaciones y la prensa tiene vetada la entrada— sin límite; hasta que las autoridades respondan a su solicitud. Y esta puede tardar muchos meses. Un sistema de detenciones sistemáticas que vulnera la legislación europea, que permite estas detenciones sólo en circunstancias excepcionales, explica la experta de Human Rights Watch Lydia Gall. Sin embargo, pese a las críticas de las instituciones comunitarias y las alertas de la ONU, la medida sigue en marcha y viento en popa.

Haj y Musafir, de 39 y 44 años, llevan meses varados en Serbia. El primero, que ha adoptado el rol de “mediador” entre las autoridades del país balcánico y los migrantes, viaja solo. El segundo, antiguo chófer de autobús en un pueblo al norte de Kabul, ha dejado a su esposa y tres hijos en uno de los centros de refugiados serbio, a una media hora del campamento informal en el que duerme desde hace días. El año pasado en el mismo lugar había una docena de tiendas, varias familias y un puñado de niños. Hoy, en la explanada sólo quedan los dos hombres, una perrilla parda y vivaracha, y un par de casetas de lona, una de ellas con una estufa para resistir el agresivo frío y un agujero para que salga el humo.

Las autoridades húngaras permiten entrar a un cupo de unas cinco personas al día para estudiar su solicitud. Por eso, quedarse en el tosco campamento es una forma de garantizarse un hueco en la cola, dice Haj. “No sé como seleccionan. Por eso prefiero estar aquí”, apunta en inglés Musafir mientras da pisotones en el suelo para escapar del aire gélido. Su chándal gris y las deportivas que calza no son una gran barrera contra la nieve.

La imagen de los dos hombres está alejada de la tesis del Gobierno húngaro, que suele decir que hay decenas de miles de migrantes aguardando para cruzar al país comunitario. Hungría ha convertido su dura política migratoria en su bandera. Su primer ministro, Víktor Orbán, es líder del bloque del Este que se opone al modelo de cuotas y reubicaciones. Budapest incumple este sistema acordado por mayoría en la UE, pese a que en el reparto les tocaría acoger a 1.200 refugiados, un 0,02% de sus más de 10 millones de habitantes. Ultraconservador, nacionalista y cada vez más eurófobo, Orbán llama “invasores” a los procedentes de países musulmanes y clama que la inmigración “daña los valores cristianos”. Y no sólo de su país, sino de toda la UE. Por eso, afirma, defiende una política de puertas cerradas. El político populista ha convertido el discurso antiinmigración en parte nuclear de su ideario y uno de sus grandes graneros de votos. Y más ahora: en abril se celebran elecciones en las que podría hilvanar su tercer mandato consecutivo.

Con esas pautas y con la crisis de los refugiados de 2015 —en la que Hungría halló a sus puertas a decenas de miles de personas que querían cruzar hacia el norte de Europa— como telón de fondo, el antiguo país comunista ha ido endureciendo sus leyes migratorias. A la construcción de una doble valla para blindar sus fronteras ha sumado otras medidas: las leyes para detener a los sin papeles sin plazo; la legalización de las llamadas devoluciones en caliente —que permiten abrir la puerta y expulsar, directamente, a cualquier migrante no autorizado localizado en territorio húngaro—; la construcción de los campamentos de contenedores, la creación de patrullas a las que llaman “cazadores fronterizos” y la imposición de un cupo con el que han reducido la presentación de solicitudes de asilo hasta las alrededor de 230 mensuales.

Hace unos días se anunció otra: estrechará el cerco contra las ONG que trabajan estos temas. La nueva medida permite bloquear la entrada al país de extranjeros que “apoyen la inmigración ilegal” y restringir el paso a la frontera y los alrededores a los activistas que la soporten. Además, la norma, que forma parte del llamado paquete anti-Soros del Gobierno, impone una tasa a las ONG que reciban capital extranjero (del 25% de lo recibido). Un mazazo importante, ya que la mayoría de ellas —como el Comité Helsinki— se nutre de fondos de fundaciones como la del filántropo húngaro-estadounidense George Soros, al que Orbán ha convertido en enemigo número uno y saco de boxeo. La ley, además, puede complicar aún más las relaciones de Hungría con la Comisión Europea, que ya ha demandado a Budapest por sus leyes dirigidas contra ONG, Universidades y solicitantes de asilo.

Un asilo que Imran, paquistaní de 32 años, tiene muy pocas esperanzas de lograr. Por eso hace tiempo que apostó por cruzar la frontera de manera ilegal. “Ya lo intenté una vez, pero no salió bien”, dice. No quiere entrar en detalles. Vive escondido en la zona boscosa junto a la frontera húngara, como otro par de decenas de personas que esperan el mejor momento para tratar de entrar. Paquistaníes, afganos, nepalíes, eritreos, incluso algún ciudadano cubano. En 2017, las autoridades húngaras interceptaron a unas 1.600 personas que cruzaron ilegalmente su frontera. Imran no quiere quedarse en Hungría, sino seguir adelante, hasta Alemania, donde tiene unos primos. El hombre, que en Pakistán trabajaba en una fábrica y chapurrea inglés, reconoce que cruzar es “peligroso”. Ha escuchado historias de compañeros que fueron detenidos y sufrieron maltrato por parte de las autoridades húngaras.

Es la denuncia que repiten las organizaciones de derechos humanos que trabajan con los migrantes y refugiados en Hungría y en la frontera serbia. Human Rights Watch, Médicos sin Fronteras o el Comité Helsinki han documentado decenas de casos por parte de la policía fronteriza. Las autoridades húngaras niegan cualquier abuso y sostienen que si hay algún caso de lesiones se han producido tras la agresión del migrante a la policía.

“Los malos tratos son sistemáticos, sobre todo desde el verano de 2016”, apunta Andras Lederer, del Comité Helsinki. “Además de palizas, hemos recibido quejas de personas que cuentan que les han obligado a descalzarse y a caminar sin zapatos hasta que les han devuelto a suelo serbio. Otros, aseguran que les han confiscado el agua y se la han echado por encima, para que tuvieran más frío”, afirma. A Imran no le asusta esa posibilidad: "Llevo un año viajando. He pasado por mucho. No puedo rendirme ahora".