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Bruselas lucha contra la deriva antidemocrática en el Este europeo

Las reformas judiciales de Polonia, Hungría, Rumania y Bulgaria inquietan a la UE

Mateusz Morawiecki (izquierda) y Viktor Orbán, tras reunirse el 3 de enero en Budapest.
Mateusz Morawiecki (izquierda) y Viktor Orbán, tras reunirse el 3 de enero en Budapest. REUTERS

La recuperación económica toma cuerpo. El Brexit ha superado su primera prueba de fuego. El cénit de la crisis migratoria queda atrás. La Unión Europea afronta 2018 con menos lastre que en años anteriores. Pero el malestar larvado entre el Este y el Oeste amenaza con estallar en los próximos meses. El inédito procedimiento que Bruselas ha abierto contra Polonia por violar el Estado de derecho y la negociación presupuestaria que puede acabar vinculando los fondos europeos al cumplimiento de reglas democráticas tensan la cuerda. Bruselas trata de aplacar los ánimos para evitar una nueva brecha en el seno de la UE.

La mayor historia de éxito del proyecto comunitario se ha convertido en uno de sus principales riesgos. La integración, a partir de 2004, de los territorios que quedaron al otro lado del Muro de Berlín permitió reconciliar a Europa consigo misma. Pero la deriva autoritaria que han adoptado los grandes países del bloque del Este enfrenta a las instituciones de la UE a un reto para el que no estaban preparadas.

Los primeros ministros de Polonia, Mateusz Morawiecki, y de Hungría, Viktor Orbán, han arrancado el curso político con un mensaje desafiante desde Budapest. “No queremos vivir de nuevo en un imperio; seguimos viendo la UE como una unión de naciones libres”, proclamó Orbán tras la reunión conjunta que mantuvieron ambos mandatarios el pasado miércoles. Más comedido, Morawiecki añadió: “Creo que naciones con un pensamiento similar, como las nuestras, pueden influir en la UE de una manera muy positiva”.

Cita en Bruselas

Poco después de que Bruselas aplicara esa primera fase del artículo 7 del tratado europeo, que puede acabar despojando al país de sus derechos de voto, el presidente polaco, Andrej Duda, no dudó en firmar la última ley que consagra la politización de la justicia, iniciada desde que los ultranacionalistas de Ley y Justicia tomaron el poder en Polonia, a finales de 2015. Fuentes comunitarias destacan que al menos Morawiecki ha accedido —al contrario que su antecesora, Beata Szydlo— a dialogar, pero las expectativas sobre la reunión son muy bajas.

Entretanto, el procedimiento del artículo 7 sigue su curso. Los Estados miembros deberán retratarse ahora y votar si consideran que la deriva polaca vulnera los valores de la UE. Los ministros de Asuntos Europeos abordarán el asunto ya en la primera reunión del año, prevista para el 27 de febrero. La votación, sin embargo, llegará más tarde.

El nuevo líder polaco prefirió dejar la retórica más combativa para otro momento. Tras visitar a Orbán en Budapest, Morawiecki se dirige a Bruselas para reunirse este martes con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El encuentro se celebrará apenas 20 días después de que la Comisión apelara, por primera vez en su historia, al llamado botón nuclear de la UE para castigar los incumplimientos democráticos del gigante del Este. Tras ese choque frontal, la cita busca serenar las aguas. Pero Bruselas sabe bien que el margen de mejora es casi inexistente.

Pese a constituir el caso más extremo, Polonia no es el único ejemplo de deslizamiento antidemocrático en la UE. La situación en Hungría —rechazo a acoger refugiados, cambios en el Tribunal Constitucional, continuos desafíos a las instituciones europeas…— se asemeja en buena medida a la polaca. Sin ir tan lejos, Rumania y Bulgaria, adheridas al club comunitario en 2007 y aún sujetas a un mecanismo periódico de verificación de sus sistemas judiciales y anticorrupción por parte de Bruselas, presentan deficiencias. Rumania aprobó el mes pasado una reforma legal que socava la independencia judicial y dificulta el cerco a la corrupción. Y el presidente búlgaro acaba de vetar una ley anticorrupción exigida por la Comisión con el argumento de que entorpece la lucha contra las malas prácticas. Paradójicamente, ese gesto se produce en el momento en que este país, considerado uno de los más corruptos de la UE, quiere dar su mejor imagen, al asumir, por primera vez este semestre, la presidencia rotatoria europea.

Recorte de fondos europeos

El hartazgo de muchos Estados occidentales —con Alemania y Francia a la cabeza— respecto al comportamiento de estos países marcará la negociación de los próximos presupuestos europeos, que se empiezan a debatir este año aunque entrarán en vigor en 2021. El Gobierno de Angela Merkel se ha tomado como una afrenta que el país más beneficiado por los fondos comunitarios (Polonia) y otros que también ocupan los primeros puestos hayan dado la espalda a la acogida de demandantes de asilo. Fuentes diplomáticas aseguran que presionarán para que el próximo marco presupuestario ligue más la percepción del maná europeo con el cumplimiento de ciertos estándares, entre ellos la cooperación migratoria.

La batalla se avecina cruenta. Budapest y Varsovia rechazan de lleno ese planteamiento. Sin su consentimiento hay poco que hacer porque las cuentas de la UE se aprueban por unanimidad. “Cualquier reducción de los fondos europeos exacerbará la división entre Este y Oeste más que resolverla. Con menos incentivos para respetar las reglas, Varsovia y Budapest seguirán con sus políticas antiliberales”, advierte Mujtaba Rahman, del laboratorio de ideas Eurasia, en un informe.

Pero los países que contribuyen al presupuesto comunitario tienen una gran baza negociadora: con la salida de Reino Unido, los beneficiarios de los fondos perderán de todos modos si nadie pone dinero extra. Para minimizar pérdidas, deberán aceptar algunas de las condiciones de sus socios más ricos.