Rumania avanza en la reforma legal que dificulta perseguir la corrupción

De nada han servido las protestas ciudadanas ni las críticas de la UE y Estados Unidos. El Senado de Rumania ha aprobado este miércoles uno de los controvertidos proyectos de ley de su reforma de la justicia. Un paquete de cambios que, según alertan los expertos, socava la independencia judicial y dificultará la persecución de los delitos de corrupción. Algo si cabe más delicado en el que el que está considerado uno de los países más corruptos de la UE. La oposición ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional la reforma, que otorga más poder sobre el sistema judicial al Gobierno socialdemócrata del PSD y que ha desencadenado manifestaciones multitudinarias en las últimas semanas.

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La polémica reforma de la justicia, entre otras cosas, reduce notablemente los poderes de la Fiscalía Anticorrupción (DNA), que en los últimos años ha sido el azote de políticos como el líder socialdemócrata Liviu Dragnea —actualmente imputado por malversación de fondos— o el liberal, Calin Popescu Tariceanu, presidente del Senado. Así, ni la DNA ni otros tribunales podrán abrir ya procedimientos contra los magistrados —ni siquiera en casos de errores judiciales—, que pasarán a ser investigados por un organismo especial cuyo titular será nombrado por el Gobierno. Un elemento que se percibe como una fórmula para presionar a los jueces y los fiscales.

El fiscal general del país, la responsable de la Fiscalía Anticorrupción –órgano que desde 2006 ha enviado a juicio a 72 parlamentarios— y el jefe de la unidad contra el crimen organizado han criticado duramente los cambios legales. Afirman que estas modificaciones no sólo pondrán fin a persecución de delitos como los sobornos o la malversación de fondos de cargos públicos, también pondrán en peligro la seguridad nacional. Bajo estas premisas, cientos de magistrados, juristas y estudiantes de Derecho han salido a la calle esta semana para protestar contra la reforma de la justicia. Manifestación que se ha unido a las protestas ciudadanas que, desde hace semanas, se producen en las calles de Bucarest y otras ciudades rumanas y que siguen a las desarrolladas en febrero, cuando el Gobierno tuvo que recular en una reforma de la ley anticorrupción que amnistiaba a decenas de corruptos condenados.

La Comisión Europea —que mantiene desde su adhesión auditada a Rumania para verificar que emprende las reformas necesarias en el ámbito de la economía y la justicia— se ha mostrado preocupada por los cambios legales. También el Departamento de Estado de Estados Unidos ha alzado la voz contra la reforma judicial que pone en peligro la independencia judicial.

El paso adelante de Rumania hacia la reforma judicial se produce el mismo día en que la UE ha activado un inédito mecanismo sancionador contra Polonia, que podría suponerle la retirada del derecho a voto, por sus continuos ataques al Estado de derecho a través de su propia reforma de la justicia. Este miércoles el presidente rumano, el independiente Klaus Iohannis, que todavía puede ejercer su derecho de veto de la reforma –y es previsible que lo haga--, advirtió que, si sigue así, Rumania también puede ser castigada a través del mismo mecanismo usado por el caso polaco.