“Los rumanos ya no aceptan que nadie les meta la mano en el bolsillo”

Augustin Lazar todavía recuerda la primera condena de cárcel a un funcionario corrupto en Rumania. Fue hace más de una década y en aquél entonces, cuando él era aún un fiscal numerario, se vio como algo extraordinario. Desde entonces, señala quien es desde el pasado abril el Fiscal General del Estado, las condenas se han sucedido y la sociedad ha evolucionado. Ya no considera normales los sobornos, los abusos de poder, los conflictos de interés. Por eso, señala, los rumanos se han sentido “ofendidos en su inteligencia y ultrajados” por el decreto del Gobierno del Partido Socialdemócrata (PSD) que despenalizaba algunos casos de corrupción. “Una medida inconstitucional que hubiera puesto muchas trabas a la lucha contra la corrupción, que está teniendo grandes logros”, y que habría beneficiado, por ejemplo, a unos 2.000 funcionarios imputados o investigados por este tipo de abusos, afirma.

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Lazar –58 años y 34 en ejercicio-- no tiene ninguna duda de que el Ejecutivo del PSD ha tenido como objetivo librar de las penas de cárcel a sus funcionarios y personas afines. “Por supuesto”, exclama, “se han producido una serie de coincidencias extrañas que nos demuestran que esta ordenanza se ha hecho para tener beneficiarios muy concretos; seleccionados. Han creído que es una buena idea para ‘salvar’ a alguien que tiene un proceso abierto en este momento”, dice. “Y esto se llama conflicto de interés”.

Miembros destacados del PSD enfrentan cargos judiciales por corrupción y se habrían beneficiado de este decreto, que situaba en 200.000 lei (44.000 euros) el tope de ‘daños causados’ para no ir a prisión. Entre ellos está el presidente del partido Liviu Dragnea –a quienes muchos ven como el verdadero líder del Gobierno en la sombra--, que además ya fue condenado a dos años de cárcel por fraude electoral en 2012, y quien no pudo ocupar el cargo de primer ministro precisamente por esta imputación. En su despacho de la Fiscalía General, enfrente de lo que hoy es el Parlamento rumano –Casa Poporului, la enorme mole de cemento que el dictador Nicolae Ceaucescu ordenó construir--, Lazar ironiza con que esta es la primera vez que se usa una “maniobra fraudulenta” para hacer una ley. “El Gobierno ha tenido el arrojo “de presentar una estrategia delictiva, criminal, para la lucha anticriminal”, dice.

Lo ocurrido, ha despertado en el país una movilización sin precedentes desde la revolución que derribó al dictador Nicolae Ceaucescu, en 1989. “Los rumanos se han acostumbrado a ver a los delincuentes tras los barrotes; no antes, cuando preparan su estrategia”, dice. “Después de diez años en el generoso ambiente de la Unión Europea y con instituciones fuertes como la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), que está en la élite del sector en Europa, esto se ha visto como una provocación. Hoy tenemos a nueva generación de personas que han cambiado las cosas, profesionales liberales, autónomos, gente que ha podido estudiar, que pagan sus impuestos, una importante clase media con más conciencia cívica que ya no aceptan que nadie les meta la mano en el bolsillo; un hábito primitivo”, apunta

Pese a que, presionado por las feroces críticas de los expertos y la movilización social, el Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás y ha anulado el decreto, el fiscal cree que no se puede bajar la guardia. “Los magistrados, que han visto esta medida como una ofensa y una interferencia en la independencia de la magistratura, están preocupados; aunque sin angustia. Estamos muy atentos al trabajo del Ejecutivo. Tenemos la misión de proteger el interés general de la sociedad, el estado de derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Rumania lleva desde 2007, con su adhesión a la UE, bajo el llamado mecanismo de verificación, una especie de auditoría para garantizar que la justicia, por ejemplo, cumple con los estándares de la lucha anticorrupción de los socios. Y los últimos informes comunitarios apuntaban que el progreso en el mayor de los países balcánicos era “irreversible”. “La calle da hoy la razón a ese argumento. La sociedad civil ha demostrado que puede proteger el progreso experimentado en el país en su camino hacia la modernidad; y no podemos permitirnos desandar ese camino”, dice.

En los últimos tres años, la DNA --una de las instituciones más valoradas del país por los ciudadanos--, que persigue precisamente aquellos delitos que involucran a políticos o legisladores, así como casos que impliquen grandes sumas de dinero, ha acusado a cerca de 2.000 funcionarios públicos. Otros 200 han sido condenados por conflictos de interés. “Se ha construido un sistema fuerte, que funciona: diputados, ex ministros, primeros ministros, personas de alto nivel han ido a la cárcel por cometer delitos relacionados con la corrupción. Es un buen ejemplo para la sociedad rumana que ve que abusar de la disciplina, que estas conductas, tienen una consecuencia punible”, mantiene.

Lazar reconoce que Rumania sigue teniendo un problema de corrupción grave, aunque sostiene también que las cifras no solo hacen una radiografía del problema –generalizado en Europa, insiste--, sino que también indican que estos delitos se persiguen en este país balcánico con uno de los sistemas más estrictos del mundo. “Pero es necesario, si queremos modernizar un país necesitamos una ley para garantizar que la conducta de nuestros funcionarios es intachable”.

La Administración pública, la sanidad, la educación o el medio ambiente son los sectores más afectados en Rumania. También el patrimonio cultural, apunta Lazar, que explica que en los últimos tiempos se han destapado varios casos importantes en los que los funcionarios que debían proteger los tesoros rumanos cooperaron con los ladrones o hicieron la vista gorda. En uno de ellos, la fiscalía identificó el robo de 30 kilos de monedas de oro, joyas y grandes tesoros que terminaron en casas de subastas españolas.