Rumania se harta de los políticos corruptos

“El Gobierno nos ha fallado escandalosamente. Que hayan dado marcha atrás no significa nada. ¡Prácticamente han pretendido legalizar el robo!”, critica Calin Iacob, un altísimo estudiante de Derecho, que fuma un cigarrillo en la plaza de la Universidad de Bucarest, el corazón de las protestas de aquel invierno revolucionario de hace 27 años. El pasado martes, el Ejecutivo de Sorin Grindeanu dio luz verde a un decreto que aligeraba el concepto de conflicto de intereses y despenalizaba los casos de corrupción cuyo daño fuese inferior a 200.000 lei (unos 44.000 euros). La propia medida y la fórmula elegida para sacarla adelante, de manera casi sorpresiva y mediante decreto, para no tener que pasar por el Parlamento, ha indignado a los rumanos, muy sensibles hacia todo lo que tenga que ver con la corrupción, un problema importante para nueve de cada diez ciudadanos, según un Eurobarómetro de enero. Más de 12.000 personas mantienen viva la protesta en Bucarest a la que se va sumando gente. 

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El decreto, que justificaron en la necesidad de aligerar las superpobladas cárceles rumanas, y que iba acompañado de una propuesta de indulto a 2.700 presos por delitos menores –también por corrupción—, beneficiaba a decenas de funcionarios públicos y políticos. Muchos de ellos del PSD. Como su presidente –y líder del Gobierno en la sombra--, Liviu Dragnea, condenado a dos años de prisión por fraude electoral e imputado en otro caso de abuso de poder; un proceso que le impidió ocupar el sillón de primer ministro el pasado diciembre, cuando su partido ganó las elecciones con el 45% de los votos. Ahora, son muchas las voces que acusan al Gobierno de hacer una ley a medida de sus amigos y afiliados, y exigen la dimisión de un Gabinete que sólo lleva un mes en el poder.

“Cómo vamos a confiar en ellos después de lo que han hecho. Quién nos dice que no lo volverán a intentarlo por otras vías. Además, el mensaje que envía, su simbolismo es tremendo”, recalca Claudia Popa, funcionaria de 45 años. De hecho, no solo todas las instancias judiciales del país –desde la Fiscalía General a la Oficina Anticorrupción o el Defensor del Pueblo— criticaron el decreto y la deriva del PSD. También la Comisión Europea, que mantiene una auditoría sobre la reforma de la Justicia rumana desde su adhesión –hace ya diez años-- para garantizar que cumple con los estándares europeos en temas como la lucha contra la corrupción, se habían mostrado muy preocupada por la medida y la involución del Gobierno rumano.

La presión ciudadana sobre el Ejecutivo no cesa. El domingo, con el texto legal ya retirado, más de 600.000 personas protestaron en ciudades de todo el país –la mayoría en Bucarest--; una cifra record. “Y aunque la presencia en la calle empiece a decaer, seguimos aquí. No nos dejaremos engañar por un grupo de corruptos”, advierte Iacob. El primer ministro Grindeanu ya ha rechazado dejar el cargo y recuerda que hace menos de dos meses, dos millones de rumanos le dieron su apoyo en las urnas. “El Gobierno no tiene motivos para dimitir”, ha dicho este lunes desafiante Liviu Dragnea, que ve la mano de la oposición y del presidente Klaus Iohannis (del Partido Nacional Liberal) tras las protestas, y quien en más de una ocasión ha afirmado que la Fiscalía Anticorrupción lleva a cabo una cruzada contra su partido. “Nadie en Rumania tiene nada que ganar si este estado de tensión continúa”, añadió.

Mientras tanto, el Gobierno, aunque no aclara si mantiene la intención de reformar el Código Penal, trata de mantener un perfil bajo para aplacar las protestas. Aunque actualmente cuenta con mucho más apoyo y se nutre de una oposición francamente debilitada, le asustan los precedentes. En noviembre de 2015, otras manifestaciones multitudinarias derribaron a su correligionario Víctor Ponta. Y la movilización también tuvo que ver con la corrupción, después de que el incendio en un céntrico club de Bucarest revelase un escándalo de mordidas, comisiones y sobornos que señalaba a la Administración.

La caída de la dictadura comunista en Rumanía derivó –como en otros países de la región— en una sociedad poco dada a manifestarse, inmovilista y temerosa de cualquier tipo de inestabilidad. Pero el descontento hacia los políticos, los abrumadores casos de corrupción y la crisis económica han despertado a los ciudadanos durante el último lustro. “La sociedad ha madurado y ahora maneja estos mecanismos para exigir lo que se merece”, apunta Camil Ungureanu, profesor en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Frabra, que señala sin embargo la gran brecha entre la Rumania rural y la urbana. “La gente se ha dado cuenta de que tiene el poder y ahora quiere más, no le vale con la retirada del decreto”, abunda.

Como la enfermera Ciobanu que afirma que seguirá saliendo a la calle o realizando todo tipo de protestas “imaginativas” para “preservar la democracia”. Cuenta que, salvando ciertas distancias, la marea humana de estos últimos días le recuerda mucho a otra vivida en diciembre de 1989, cuando su clamor y el de cientos de miles de rumanos logró derribar al tirano Nicolae Ceaucescu. “Protestar, salir a la calle contra las injusticias, funciona; no lo olvidemos”, recalca la mujer con una pequeña sonrisa.