Rumania despenaliza por decreto diversos delitos de corrupción
Miles de personas protestan contra la medida del Gobierno que elimina las penas de cárcel para los casos cuyo perjuicio sea inferior a 44.000 euros
Rumanía ha dado un paso en dirección contraria a la que ha sido una de sus batallas en los últimos años: la lucha contra la corrupción. Este martes por la noche, y por sorpresa, el Gobierno del Partido Socialdemócrata (PSD) ha aprobado una nueva ley que despenaliza algunos delitos de abuso de poder y de corrupción si han provocado un perjuicios no superiores a 200.000 lei (44.000 euros). Miles de personas salieron a la calle a medianoche y este miércoles para protestar por la medida, sancionada por un decreto de urgencia de forma que no debe pasar por el Parlamento. Mientras, la Comisión Europea ha mostrado su preocupación y ha alertado del retroceso que supone la norma.
El Gobierno socialdemócrata había comentado su intención de reformar el Código Penal para aligerar las penas por corrupción. Sin embargo, la polémica nueva ley no estaba en la agenda del martes. Gracias a ella, el líder del PSD, Liviu Dragnea, imputado en un caso de abuso de poder y corrupción con daños estimados por la fiscalía en unos 24.000 euros, eludirá cualquier responsabilidad. Dragnea, que lideró la campaña electoral que dio la victoria a su partido el pasado diciembre (con un 45% de los votos), no pudo ocupar el cargo de primer ministro debido a su condición de imputado. En su lugar, lo hizo el casi desconocido Sorin Grindeanu.
El primer ministro y su gabinete se escudan en que el objetivo de la medida es luchar contra la "superpoblación de las cárceles" rumanas, pero los críticos han acusado al PSD de elaborar esta ley para perdonar a sus políticos y a sus aliados.
El Partido Nacional Liberal (PNL), la principal formación de la oposición, ha presentado este miércoles una moción de censura contra el Gobierno del PSD. La Fiscalía General, el Consejo Superior de la Magistratura y las asociaciones de jueces han cargado contra la nueva ley, que lamina el sistema de justicia. “Este es un día de duelo para el Estado de derecho, que ha recibido un duro golpe por parte de los adversarios de la justicia y de la lucha contra la corrupción”, ha afirmado el presidente del país, Klaus Iohannis (del PNL), en su página de Facebook.
El decreto, que según lo previsto entraría en vigor en diez días, se aplicará no solo a los nuevos casos, sino también a las investigaciones y juicios en curso. La medida elimina la consideración de delito de negligencia penal y aligera el concepto de conflicto de intereses.
“Estas medidas tienen como objetivo exonerar a todos los funcionarios de alto y medio rango: funcionarios del Parlamento, miembros del Gobierno; todos aquellos que pueden aprobar leyes, decretos y decisiones locales”, ha declarado la jefa de la Fiscalía Anticorrupción (DNA), Laura Codruta Kovesi, principal azote del PSD desde hace años. “Desde anoche, cada día se ha convertido en un gran riesgo para el sistema judicial”, ha añadido, en declaraciones a la cadena DIGI 24. La DNA investiga actualmente más de 2.000 casos de abuso de poder y corrupción política. Además, según los datos de la fiscalía, más de 3.000 ministros, senadores, diputados, alcaldes o altos funcionarios, han sido condenados a penas de cárcel por corrupción, desde 2010.
El sistema de justicia es una de las instituciones bajo supervisión de la UE desde que, hace diez años, Rumanía entró a formar parte de la Unión. La Comisión había anunciado recientemente que los últimos informes sobre Rumania suponían un avance, de forma que se estudiaría poner fin al mecanismo de verificación —que también audita a Bulgaria— que analiza si el país sigue los estándares de la UE. Un anuncio que ahora, con la nueva medida, ha sufrido un duro revés.
"La lucha contra la corrupción debe avanzarse, no desmontarse. Estamos siguiendo los últimos acontecimientos en Rumanía con gran preocupación", han avisado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, en un comunicado conjunto en el que definen la nueva ley como “muy preocupante”.
El departamento de Lucha contra el fraude (DLAF), un organismo que hace de enlace entre las instituciones rumanas especializadas y las de la Comisión, ha señalado que la reforma del Código Penal “restringe la capacidad de proteger de manera eficaz los intereses de la UE en Rumania”.
El Gobierno también ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que plantea amnistiar a unos 2.700 condenados por delitos menores —incluidos los casos de corrupción—, y reducirá a la mitad las penas de los presos mayores de 60 años; sea cual sea su delito.
En Bucarest, este miércoles más de un millar de personas han salido a la calle para mostrar su indignación por la reforma legal. Con banderas de Rumania y pancartas en las que llaman “ladrones” y “Corruptos” al Gobierno y al PSD, los manifestantes claman con la deriva del Ejecutivo, que lleva solo algo más de un mes en el poder. “Es inaceptable, en vez de luchar contra la corrupción el Gobierno hace todo lo posible para que este sea un país más corrupto. Todo para que sus políticos culpables no sean castigados”, critica la publicista Roxana Damian, desde Bucarest.
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