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"He decidido adelantar mi dimisión", ha dicho este jueves en rueda de prensa en Bucarest el ministro. "Todo lo que he hecho es legal", ha insistido, sin embargo. Iordache, al que el Gobierno socialdemócrata hace responsable de la polémica norma, se convierte así en cabeza de turco de un decreto que muchos creen que estaba hecho como un traje a medida para que destacados miembros del PSD —como su presidente— y socios del partido o su coalición, actualmente imputados o acusados por delitos de corrupción o conflicto de intereses, se librasen de las penas de cárcel.

Muchos ciudadanos, sin embargo, han afirmado ya que no se conforman con la salida de Iordache y exigen más responsabilidades al partido del Gobierno, que ganó las elecciones el pasado mes de diciembre y que sólo lleva en el cargo un mes. Desde la aprobación del decreto el pasado martes por la noche, de manera prácticamente sorpresiva, decenas de miles de personas han salido a la calle en Bucarest y en otras ciudades de Rumania, y han convertido estas protestas en históricas: son las más multitudinarias desde la caída de la dictadura de Nicolae Ceaucescu, en 1989.

Y aunque han ido perdiendo fuelle, las manifestaciones no se han detenido. El miércoles por la noche, pese a la tormenta de nieve y las gélidas temperaturas, unas 7.000 personas se congregaron en la Plaza Victoria de la capital para exigir la dimisión del Gobierno. "No nos vamos, seguiremos aquí, no nos conformamos con palabrería y disculpas. No pueden engañarnos", afirmaba la joven Raluca Bataiun, tan abrigada que apenas se le veían los ojos.

El primer ministro, Sorin Grindeanu, ha asegurado ya, no obstante, que no dimitirá. Afirma que el problema se ha debido a "una mala comunicación"; el PSD, ha recordado además, ganó las elecciones con un 45% de los votos. Es probable que ahora nombre a un tecnócrata como nuevo titular de Justicia, deslizó Grindeanu; una fórmula que podría tranquilizar a quienes creen que el Gobierno volverá a intentar otra maniobra similar para rebajar el Código Penal.

El titular de Justicia, directamente relacionado con el decreto, que se acompañaba de una propuesta parlamentaria para amnistiar a 2.700 presos por delitos menores —también corrupción— con el argumento de aligerar las superpobladas cárceles rumanas, no es el primer ministro que deja el cargo por la controvertida ordenanza. El responsable de Negocios, Florin Jianu, dejó su cargo inmediatamente después de que el Gobierno aprobase el decreto. Afirmó, en su página de Facebook, que lo hacía para tener la "conciencia tranquila" y "poder mirar a los ojos" a su hijo en el futuro sin avergonzarse.

El polémico decreto, de hecho, suponía un gran retroceso en la lucha anticorrupción en este país balcánico, de casi 20 millones de habitantes, que ocupa uno de los peores puestos de la UE en esta materia. La Comisión Europea, que audita la evolución de la justicia en Rumania desde su adhesión en 2007, se había mostrado profundamente preocupada por la normativa, que también había suscitado el rechazo de la Fiscalía General del Estado, la Dirección Nacional Anticorrupción o el Defensor del Pueblo, por su interferencia con el trabajo de la justicia y por su supuesta inconstitucionalidad.

Sin embargo, este jueves, el Tribunal Constitucional ha rehusado pronunciarse sobre si el decreto vulneraba o no la Carta Magna rumana, pese a que se habían interpuesto dos recursos en contra. Lo ha hecho con el argumento de que la norma ya se ha anulado y nunca llegó a estar en vigor. El pronunciamiento del Alto tribunal trata también de no echar más leña al fuego prendido por la normativa, ante unos ciudadanos que han perdido la confianza en el Gobierno por el mensaje que envía sobre sus políticas anticorrupción.