Hollande amenaza a la dirigente polaca con retirar fondos europeos

El malestar que generó en Bruselas el vodevil polaco a cuenta de la reelección de Donald Tusk inflamó los ánimos de los líderes el pasado jueves. Francia acabó amenazando a Polonia, principal receptora de fondos europeos, con guardar la chequera. Para argumentar que no podía votar a favor de Tusk ni de las conclusiones adoptadas por el resto de Estados miembros, la primera ministra, Beata Szydlo, espetó a sus colegas: “Nosotros tenemos reglas”. Sin dudarlo un segundo, el presidente francés, François Hollande, contraatacó: “Y nosotros tenemos los fondos estructurales”.

Nadie más quiso hacer sangre, pero el reproche francés evidencia un malestar más de fondo. Muchos Estados miembros (entre ellos Alemania, Austria e Italia) ya han aireado la amenaza de reducir los fondos europeos a los países que se niegan a acoger refugiados (casi todo el bloque del Este) o que incurren en violaciones de las reglas comunitarias (en particular, Polonia y Hungría). El presidente francés exhibió el arma más potente que tienen los Estados contribuyentes netos (los que aportan al presupuesto comunitario más dinero del que reciben) para arredrar a Polonia.

Una alta fuente europea asegura que se trató de una reacción “visceral” en el contexto del resquemor que había en la sala hacia Szydlo por su bloqueo a la cumbre. Y niega que exista la voluntad de “castigar” a Polonia o a algún otro socio crítico con las posturas mayoritarias. El mismo alto cargo destaca que la atmósfera se despejó mucho en el encuentro del viernes, reservado ya a los Veintisiete (sin la primera ministra británica, Theresa May), y que la dirigente polaca participó de forma constructiva.

No al castigo

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quiso disipar el intento de convertir los fondos europeos en una herramienta punitiva. “De ninguna manera esto está ligado al presupuesto europeo”, zanjó en conferencia de prensa.

Pese a todas las cautelas, el debate del presupuesto regresará. Es cierto que no existe herramienta legal para vincular políticas como la acogida de refugiados a la recepción de fondos estructurales y de cohesión. Pero también es cierto que la salida de Reino Unido de la UE representa una ocasión ineludible para repensar las cifras. Y aunque todas las negociaciones presupuestarias son complejas, en esta habrá una dificultad añadida. La retirada británica creará en las cuentas comunitarias una brecha cifrada como mínimo en 7.000 millones de euros anuales. Tapar ese agujero implicará aumentar las aportaciones de algunos, pero también rebajar las cantidades que reciben los más beneficiados por ese reparto.

Algunos países (entre ellos Dinamarca) ya han expresado en público su rechazo a pagar más, especialmente pensando en que varios miembros receptores desafían claramente a Bruselas en asuntos fundamentales.