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Bruselas y Londres pactan las condiciones del divorcio del Brexit

Juncker y May cierran un primer acuerdo que abre la puerta a la segunda fase de negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión Europea

Fumata blanca. Bruselas y Londres han cerrado esta mañana, al alba, un acuerdo histórico sobre las condiciones de su divorcio, la primera salida de la Unión Europea en más de 60 años. En una negociación al más alto nivel entre Jean-Claude Juncker, el jefe de la Comisión Europea, y la primera ministra británica, Theresa May, el Gobierno británico se ha comprometido a pagar la factura del Brexit, por un importe de entre 40.000 y 45.000 millones de euros, y ha garantizado los derechos de los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido (y acepta el papel del Tribunal Europeo de Justicia sobre una base voluntaria). Y lo más importante: la Unión y el Reino Unido han alcanzado un pacto sobre la frontera con Irlanda, el capítulo más delicado. "No habrá frontera dura", se ha congratulado May, "y garantizamos la integridad del Reino Unido".

En la práctica, ambas promesas resultan bastante irreconciliables si Londres rehúsa permanecer en el mercado único europeo. Pero el acuerdo de este viernes permite avanzar políticamente y dejar los detalles más complejos para la siguiente fase de la negociación. "Hemos hecho grandes esfuerzos en ambos lados y el acuerdo permite empezar a negociar la futura relación", ha dicho May en una rueda de prensa conjunta con Juncker. "Recomendamos al Consejo Europeo que acepte que hay progresos suficientes en la negociación para pasar a la siguiente fase", ha dicho Juncker, "aunque queda mucho por hacer". Como prueba de que en la cuestión de la frontera queda todo por hacer, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ha asegurado que en la siguiente etapa de discusión "habrá un capítulo específico sobre Irlanda". El presidente del Consejo, Donald Tusk, ha explicado que hay un preacuerdo para empezar a negociar el periodo de transición —en principio dos años— entre el divorcio y la futura relación.

Lo siguiente será la futura relación comercial entre británicos y europeos. "El modelo será el acuerdo comercial con Canadá", ha dicho Barnier. Si ese es el modelo, vienen curvas: el CETA (ese pacto de libre comercio con Canadá) tardó ocho años en negociarse y ha tenido una tortuosa andadura hacia su ratificación, con las opiniones públicas de muchos países completamente divididas y un veto de última hora por parte de la región belga de Valonia que a punto estuvo de hacer naufragar el acuerdo.

Bruselas es una fábrica de apaños. Su especialidad son ese tipo de negociaciones de madrugada. Y ese ha sido el caso una vez más: particularmente en el capítulo de Irlanda. Juncker y May, en una frenética negociación en la que han participado también el primer ministro irlandés Leo Varadkar, y Arlene Foster (líder del partido norirlandés DUP, que apoya a May), evitan una frontera dura con Irlanda del Norte, y respetan a la vez la integridad del Reino Unido. ¿Cómo? Básicamente, retorciendo el lenguaje: en lugar de obligar a la "convergencia regulatoria" (que consiste en meter todo el derecho comunitario en la legislación británica para seguir estando dentro del mercado único y la unión aduanera), Bruselas y Londres pactan un "alineamiento reglamentario", un eufemismo que significa prácticamente lo mismo, pero es lo suficientemente ambiguo como para que May y sus socios de Gobierno puedan tragar esa píldora. Todo cambia para que todo siga igual: patada hacia delante con esa especie de Brexit blando para el "caso excepcional" de Irlanda.

Irlanda del Norte consigue así, por el momento, seguir en la unión aduanera y en el mercado interior, y ambas partes logran que no vuelva la frontera en una zona golpeada durante años por un conflicto que terminó con los acuerdos del Viernes Santo, en 1998, tras 3.500 muertos.

Champán para el desayuno: Juncker y May han firmado a primera hora del viernes las 15 páginas de un escueto "informe sobre los progresos" de la negociación. Todo estaba preparado para rubricarlo el pasado lunes, pero las dificultades internas de May (que se mantiene en el Gobierno gracias a un partido unionista en Irlanda del Norte) impidieron a última hora el pacto. "Es un momento triste, pero hay que mirar el futuro y estoy seguro de que Reino Unido será un amigo y un aliado de Europa", ha declarado el jefe del brazo ejecutivo de la UE. 534 días después del referéndum, el contrato de divorcio está encima de la mesa. Los jefes de Estado y de Gobierno deberán rubricarlo la semana próxima. Pero lo más difícil, paradójicamente, empieza ahora: la negociación para el periodo de transición, que se alargará al menos hasta 2021, y sobre la futura relación comercial entre Reino Unido y la Unión Europea.

Para todo ello tenían que llegar las palabras mágicas, "progreso suficiente". May se aviene a pagar la factura por un importe que oscilará entre 40.000 y 45.000 millones de euros, aunque en la práctica esa cifra puede ser superior. La suma incluye las obligaciones futuras, como por ejemplo las pensiones de los funcionarios europeos con pasaporte británico.

El pacto garantiza, además, los derechos de los más de cuatro millones de británicos en suelo europeo y europeos en suelo británico. Londres se compromete a dar un papel a la corte europea indefinidamente, y durante ocho años los jueces británicos podrán acudir a Luxemburgo si tienen dudas sobre la normativa europea. Y Londres y Bruselas encuentran la manera de salvar la pelota de partido en la que se había convertido la frontera con Irlanda con la clásica patada hacia adelante: ese espinoso capítulo no se resolverá de veras hasta más adelante. "Las circunstancias excepcionales de Irlanda", ha dicho May, "permiten que no haya frontera y a la vez conservar la integridad económica y constitucional del Reino Unido".

Frontera invisible

Cambio en el lenguaje para el acuerdo sobre Irlanda

Juncker, May, el primer ministro irlandés, Leo Varakdar, y el líder del partido norirlandés DUP —en el Ejecutivo en Londres, Arlene Foster, han hecho malabares lingüísticos para evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte, pero que al mismo tiempo respete la integridad del Reino Unido. El consenso al que han llegado los líderes viene por cambiar el enunciado del acuerdo: convergencia regulatoria por alineamiento reglamentario.

En el documento, pues, en vez de obligar a la "convergencia regulatoria" (es decir, introducir el derecho de la UE en la legislación británica para que el Reino Unido siga estando dentro del mercado único y la unión aduanera después tras el Brexit), obligará al "alineamiento reglamentario", que significa prácticamente lo mismo, pero es lo suficientemente ambiguo como para que el Gobierno británico lo acepte y se siga avanzando en las próximas fases del divorcio.

La fórmula jurídica para ello es de lo más retorcida, y permite mantener la frontera invisible entre Irlanda e Irlanda del Norte. "Reino Unido mantendrá pleno alineamiento con las reglas del mercado interior y la unión aduanera, ahora y en el futuro, para apoyar la relación entre el Norte y el Sur, la economía de la isla y la protección del acuerdo de 1998", dice el texto acordado.

La Comisión Europea recomienda así pasar a la segunda fase de negociación del Brexit, que podría incluir un acuerdo de libre comercio, al considerar que se alcanzaron "progresos suficientes" en las tres prioridades de las conversaciones (la factura, el derecho de la ciudadanía e Irlanda del Norte). El Consejo Europeo debe dar ahora su visto bueno al análisis del Ejecutivo comunitario en la cumbre de la semana próxima: si llega esa luz verde, Bruselas y Londres empezarán a discutir un eventual período de transición de dos años tras la salida de Reino Unido, prevista el 29 de marzo de 2019, y las condiciones de la futura relación comercial.

May dejó claro, además, que no hay vuelta atrás. "El referéndum se saldó con una mayoría significativa. Los británicos votaron salir de la UE, y la obligación de un político es respetar ese mandato. Vamos a salir de la UE", ha dicho May tras apelar a la soberanía, a las fronteras y al bolsillo: "En el futuro tendremos más fondos para decidir dónde invertir". May es consciente de que el Reino Unido y Europa saldrán trasquilados del divorcio. Y que Londres tiene más que perder: la economía británica presenta ya varios síntomas de gripe. Y esto no ha hecho más que empezar. Pero de momento, ese pacto deja con dos palmos de narices a al menos dos grupos: los partidarios del Brexit duro, que querían salir de la UE a las bravas, sin ningún acuerdo, y sobre todo los que aún soñaban con que Reino Unido se quede en la Unión.

Dos años de statu quo pero sin derecho a voto

Reino Unido se resistió durante meses a pedir a la UE un periodo transitorio tras el Brexit. Pero el miedo al abismo sin ese puente entre la salida del club comunitario y la entrada en el nuevo marco de relación llevó al Gobierno a cambiar de postura. Londres acabó solicitando una transición suave de dos años. Las condiciones que fija ahora Bruselas para aceptarla son estrictas: mantenimiento de todos los derechos y deberes de pertenencia a la UE, pero sin voz ni voto. Porque desde marzo de 2019, Reino Unido será —al menos técnicamente— un país tercero para los socios comunitarios.

Las breves directrices sobre esa transición que aprobarán la próxima semana los jefes de Estado y de Gobierno de la UE lo exponen con rotundidad. “El Consejo Europeo acuerda negociar un periodo de transición que incluya toda la normativa europea, mientras Reino Unido, como país tercero, no participará más en las instituciones de la UE ni elegirá a sus miembros”, reza el borrador, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de un baño de realidad para un país donde los partidarios del Brexit lo defendían como modo de recuperar la supuesta soberanía nacional perdida.

Durante ese plazo, Bruselas exige reglas del juego limpias. Y eso supone aplicar toda la normativa en vigor (mercado único, presupuestos, jurisdicción del tribunal europeo...). También trasladar automáticamente a la legislación británica cualquier cambio legal que apruebe la UE.

Más allá de la transición, los Estados miembros coinciden en empezar a explorar ya una relación futura “cercana”, pero exigen a Londres claridad en su postura.

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