El Parlamento de Polonia aprueba las leyes que politizan la justicia

Polonia ha dado otro paso más hacia la politización de la justicia. El Parlamento polaco ha aprobado este viernes dos proyectos de ley que entregan al Gobierno el control del Consejo Nacional de la Judicatura (KRS, por sus siglas en polaco) y del Tribunal Supremo a través de la designación de sus jueces. Dos polémicos decretos prácticamente idénticos a los que en julio hicieron saltar todas las alarmas en Bruselas, que amenazó al Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS) con retirarle sus derechos de voto si no daba marcha atrás en ese nuevo capítulo de su deriva autoritaria.

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Pero parece que el PiS no ha reculado y, pese a las críticas y la preocupación de las instituciones comunitarias y otros organismos internacionales, ha sacado adelante la normativa que se une a un amplio paquete de reformas con las que, desde que llegó al poder hace dos años, el partido nacionalista ha tomado el control del Tribunal Constitucional o los medios de comunicación públicos. Las dos nuevas normas contienen, además, apenas cambios cosméticos sobre los vetados sorpresivamente y ante la movilización ciudadana por el presidente polaco Andrezj Duda, el pasado julio.

En la práctica, las dos nuevas normas —que deben pasar ahora por el Senado y obtener la rúbrica del presidente Duda, que no parece que vaya a volver a vetarlas— recortan la edad de jubilación de los jueces del Supremo de los 70 años actuales a los 65, lo que puede suponer el desalojo de buena parte de los 87 de sus magistrados, entre ellos la presidenta, Malgorzata Gersdorf, que se ha convertido en una de las voces más sonoras contra la reformas de la justicia del Ejecutivo y que debía permanecer en el cargo otros tres años más. El cambio sobre el decreto anterior es que el nuevo otorga al presidente del país el poder de eximir, de manera individual, a los magistrados de la obligación de jubilarse.

La nueva regulación establece también una inédita fórmula para recurrir decisiones judiciales que, a través de lo que se ha llamado "queja extraordinaria", permite a los ciudadanos impugnar todas las sentencias emitidas en los últimos 20 años.

El Gobierno y el PiS argumentan su reforma en la lucha contra la corrupción, la ineficiencia judicial y contra una “casta privilegiada” de jueces y fiscales. Desplazar a esa élite está en el espíritu de su reforma que otorga al Parlamento —controlado por el partido del Gobierno— el poder de nombrar a los miembros del Consejo Supremo de la Magistratura (KRS, por sus siglas en polaco), un organismo que se ocupa de garantizar la independencia judicial; componentes que, hasta ahora, eran elegidos por sus colegas jueces. Nueve de ellos serán elegidos por la mayoría parlamentaria  y el resto, uno por cada grupo; otro pequeño cambio negociado con Duda para evitar que la totalidad del KRS sea designada por el partido gobernante.

"Este es un día oscuro para la democracia polaca", ha dicho ante el Parlamento el jefe del partido opositor Plataforma Cívica, que acusó al PiS de romper la división de poderes y de efectuar un nuevo ataque a la independencia judicial. También la Comisión de Venecia, un organismo que asesora al Consejo de Europa, ha advertido que las reformas son "una grave amenaza" al sistema judicial de Polonia y que "conducirán a la politización de largo alcance". Organizaciones de derechos civiles ya han convocado movilizaciones para este fin de semana.

Nuevo primer ministro

El avance de la reforma de la justicia coincide con otro movimiento político de gran calado: la sustitución de la primera ministra, Beata Szydlo, por el ministro de Finanzas, Mateusz Morawiecki, una figura en alza que además es muy leal a Jaroslaw Kaczynski, el líder del partido y quien, verdaderamente, maneja desde la sombra el Gobierno del PiS.

El nombramiento de Morawiecki, exbanquero y gran ideólogo de la ley de apoyo a las familias —medida estrella del Ejecutivo y una de las que más apoyo le garantiza— se ve como una manera de garantizar la estabilidad a los inversores en el gigante del Este, sexta economía de la Unión, pese a los conflictos que mantiene abiertos con Bruselas. Conflictos que no tienen visos de disiparse, sino más bien al contrario.