Polonia ignora a Bruselas y avanza en sus reformas antidemocráticas

Polonia se ha enrocado en su deriva autoritaria. Pese a las durísimas advertencias de Bruselas y la movilización ciudadana, el Parlamento polaco aprobó ayer una ley que permite al Gobierno designar y destituir a los presidentes del Tribunal Supremo sin alegar motivos. La controvertida norma se suma a otras tres que otorgarán al Ejecutivo ultraconservador Ley Justicia (PiS) —con mayoría absoluta— un enorme poder sobre el sistema judicial. La vía libre de la polémica ley supone un desafío y un sonoro desdén del PiS y del Gobierno de Beata Szydlo a la Comisión Europea, que el miércoles amenazó con activar el proceso que permite suspender el derecho a voto de Polonia en el seno comunitario —una vía inédita—, si no paraliza sus reformas.

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Pero ni las continuas las advertencias de las instituciones comunitarias, cada vez más preocupadas por el camino tomado por el país ex comunista (de 39 millones de habitantes), ni las críticas de la oposición, que ha tildado la reforma de la Justicia de “golpe de Estado”, han disuadido al Gobierno polaco. Tampoco han servido de nada las cada vez más numerosas protestas ciudadanas y las voces de alarma de las organizaciones de derechos civiles contra estas medidas que socavan la democracia. Este jueves se ha dado otro paso para el derribo del Estado de derecho en un país en el que el Ejecutivo del PiS —dirigido en la sombra por el ex primer ministro y líder del partido Jaroslaw Kaczynski— lleva dos años reformando y maleando leyes a para acumular cada vez más poder: desde el Tribunal Constitucional a los medios de comunicación públicos.

De hecho, Kaczynski ha acusado a la Unión Europea de “abusar” de su poder con sus advertencias y de perseguir intereses políticos. “Los temas con los que estamos lidiando ahora mismo pertenecen exclusivamente a la jurisdicción del país, así que lo que está pasando aquí es un abuso”, declaró el ex primer ministro a la cadena estatal TVP. “Es simplemente una acción que tiene carácter político”, zanjó el político, que se ha mostrado convencido de que las advertencias de Bruselas no progresarán. Hasta ahora, la Comisión Europea no ha hecho efectivas ninguna de sus amenazas sobre Polonia, la séptima economía de la UE.

El proyecto de ley, que debe pasar ahora por el Senado, donde el PiS también tiene mayoría, facilita el control del Supremo, que en Polonia supervisa el trabajo de los tribunales inferiores, confirma la validez de las elecciones legislativas y presidenciales y emite dictámenes sobre proyectos legislativos. También debe ser sancionado por el presidente de Polonia, Andrej Duda (del mismo partido), que ya tiene pendientes sobre su mesa la firma de las otras dos reformas —que otorgan al Parlamento la potestad de nombrar a los jueces del órgano de gobierno judicial, acortan sus mandatos y rebajan la edad de jubilación— con las que el Ejecutivo nacionalista del PiS busca incrementar su control sobre la justicia.

“La división de poderes y la independencia de la justicia ha quedado erradicada en Polonia y estamos cada vez más cerca del autoritarismo”, apunta Pawel Kasprzak, líder de la Asociación de Ciudadanos Polacos, que ha tomado parte en las protestas que desde hace días se suceden en Varsovia y Cracovia. El miércoles por la noche, cientos de personas volvieron a salir a la calle con velas azules y señales de luz para exigir al Ejecutivo que de marcha atrás y se concentraron frente al Parlamento, que lleva varios días acordonado. Este jueves, tras la aprobación de la ley se han concentrado de nuevo para mostrar su rechazo.

"Estas reformas están privando a los ciudadanos de su derecho a contar con un sistema judicial independiente", advierte el defensor del pueblo de Polonia, Adam Bodnar. “Se va camino de dinamitar el sistema judicial”, dice. El Pis se escuda en que estos cambios son necesarios para garantizar que las instituciones sirven a los ciudadanos y no a las “élites”. El Gobierno ha llegado a insinuar que los jueces y algunos otros altos funcionarios gozan de privilegios, como “no pagar multas”.

Sólo Hungría, gobernado por el ultraconservador y nacionalista Viktor Orbán, ha alzado la voz para apoyar a sus aliados polacos. “Estamos con Polonia y hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que no sobrepase su autoridad”, ha dicho el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, en un comunicado, en el que ha criticado a la Comisión de “actuar como un órgano político”.

Aunque los sondeos muestran que el 70% de los polacos se oponen a la reforma de la justicia, el partido del Gobierno (PiS) sigue como la fuerza con más apoyos, aunque sólo con un 38%, por delante del 20% que apoyaría al segundo Plataforma Ciudadana.