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“Pedimos al Gobierno de Colombia que deje de negar la existencia de los paramilitares”, Amnistía Internacional

Un informe sobre la región del Chocó analiza cómo la población sigue sufriendo el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y los asesinatos selectivos

Un niño del Chocó, en Colombia, jugando en un río.
Un niño del Chocó, en Colombia, jugando en un río.

Ha pasado un año desde que el Gobierno de Juan Manuel Santos y la ya exguerrilla de las FARC firmaran el acuerdo de paz que terminó con más de medio siglo de guerra en Colombia. La que fuera la insurgencia más grande y antigua de América ha entregado las armas y se prepara para volver a la vida civil. El número de muertos causados por esta confrontación bélica se ha reducido en un 80%. Pero en el Chocó, en la costa del Pacífico, la calma que debía traer el silencio de los fusiles no ha llegado.

"Sigue el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores por los grupos armados, la violencia sexual contra las mujeres, las víctimas de minas y los asesinatos selectivos", dice Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. Esta organización ha elaborado el informe Colombia, continúan los años de soledad, en el que denuncian la situación de vulnerabilidad que siguen padeciendo los habitantes de Chocó, una región donde el 60% de la población es víctima del conflicto armado, según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Los chocoanos tienen la desgracia de vivir en una salida natural al mar de todo tipo de contrabando. Llevan décadas atrapados en mitad de una guerra por el control de este suculento territorio. Primero aprendieron a acatar las leyes de las FARC, la única autoridad que habían conocido. Cuando la guerrilla y el Gobierno llegaron a un acuerdo, el 80% apoyó la paz en busca de una alternativa a la vida entre las balas. Con la desmovilización de los guerrilleros, el ELN, los grupos paramilitares y las bandas del narcotráfico comenzaron una nueva batalla. El resultado: entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas fueron víctimas de desplazamientos colectivos en el Chocó, según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La mayoría de estas personas pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes, las etnias que más sufren la violencia y la pobreza en Colombia. "Las condiciones de vida de estas familias son precarias, según informa la Defensoría del Pueblo no cuentan con una respuesta integral por parte de las entidades en lo referente a ayudas humanitarias, acceso a servicios médicos de emergencia, alimentación y alojamiento tras el desplazamiento", afirma la investigación de Amnistía Internacional. "El problema es que el Estado no existe en el Chocó ni en el ámbito local, regional ni nacional. Solo aparece cuando hay un megaproyecto, por ejemplo una mina", apunta Shetty.

El desplazamiento no es el único mal que pervive en esta región. Los niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes están siendo forzados a enrolarse en el ELN y las estructuras paramilitares. Las mujeres son revictimizadas por las violaciones sexuales. "Las cifras oficiales aún no ilustran la situación que se vive en terreno", asegura Amnistía Internacional. "En contextos de transición hacia la paz, se han documentado aumentos de violencia de género tras la desmovilización, como sucedió en 2005 durante el proceso de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el cual se registró un aumento del 28%".

Este año, más de 90 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, un 30% más que en 2016. "Seis de ellos en el Chocó, y estos son solo los reportados", dice el responsable de la organización. Colombia es el segundo país donde más crímenes de este tipo se producen, solo por detrás de Brasil, según datos de Amnistía Internacional. "Los paramilitares son responsables de la mayoría de estas muertes violentas. Por eso, en una reunión con el vicepresidente le hemos recomendado que dejen de negar la existencia de estos grupos y que se investigue su relación con las Fuerzas del Estado. Los paramilitares no se desmovilizaron en su totalidad en 2005, siguen activos en 2017 en Chocó".

Amnistía Internacional le ha entregado al Gobierno colombiano evidencias de que estas bandas operan en el Pacífico colombiano en connivencia con la Fuerza Pública. "Es tan sencillo como viajar a la zona, a plena luz del día hemos comprobado como primero entran los paramilitares a 'limpiar', después llegan las fuerzas militares y luego el Estado para, por ejemplo, otorgar licencias de minería. Hay un patrón".

Este panorama se termina de agravar con un índice de pobreza extrema que afecta al 80% de los chocoanos y un nivel del analfabetismo que supera el 20%. La Defensoría del Pueblo de Colombia tiene un nombre claro para esta realidad: crisis humanitaria. "Estamos muy decepcionados porque el presidente Santos no se haya reunido con nosotros para hablar de esta situación. Supongo que es un cálculo político para medir cómo de amarga es nuestra medicina para ellos", concluye Shetty.

El futuro de la Justicia Especial para la Paz

Aministía Internacional ha mostrado su disconformidad con el sistema ideado para juzgar a los actores involucrados en medio siglo de guerra. "Desde el inicio le dijimos a las partes que con este mecanismo los autores de crímenes de lesa humanidad no iban a ser juzgados acorde al Derecho Internacional. Aun así, respiramos profundamente, y comprendimos algunos artículos", dice Salil Shetty.

Un año después de la firma del acuerdo, la Justicia Especial para la Paz (JEP) transita por el Congreso colombiano a la espera de su aprobación definitiva. Entremedias, ha sufrido las modificaciones de la Corte Constitucional. "La versión diluida de la legalidad internacional que representa la JEP se ha vuelto a comprometer con la decisión de la Corte y la batalla política que se vive en Colombia a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2018. Estamos muy preocupados", opina el secretario general de Amnistía Internacional.

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