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Primera victoria del Pacífico colombiano frente al olvido del Estado

Tras 18 días de paro, la región de Chocó y el Gobierno alcanzan un acuerdo. Buenaventura sigue negociando el final de las protestas

Dos manifestantes de Medellín se solidarizan con los paros en Chocó y Buenaventura, en el Pacífico colombiano.rn
Dos manifestantes de Medellín se solidarizan con los paros en Chocó y Buenaventura, en el Pacífico colombiano. AFP

Los paros cívicos en Chocó, en el Pacífico colombiano, se han convertido en una obligación. Casi anualmente, el medio millón de ciudadanos, una mayoría afrodescendiente, que vive en este departamento deja sus actividades diarias y sale a la calle para recordarle al Gobierno, del color que sea, que no tienen agua potable, alcantarillado, una sanidad y educación de calidad, y que la guerra en esta región no ha terminado. Después de 18 días de manifestaciones pacíficas al grito de "El Chocó se respeta, carajo", el Comité Cívico que promovió la protesta y la comisión del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos han llegado a un acuerdo.

El Ejecutivo se compromete a invertir 440.000 millones de pesos (más de 150.000 millones de dólares) para continuar las obras de las carreteras que conectan Quibdó, la capital del departamento, con Medellín y Pereira, hasta 2022. La comunicación con estas dos grandes ciudades garantizará la movilidad de personas, pero también la entrada de materiales para infraestructuras en Chocó. El año pasado, un derrumbamiento en una de estas vías dejó nueve muertos y mantuvo el acceso cerrado durante dos meses. "El Gobierno va a declarar de importancia estratégica este proyecto", ha asegurado Alfonso Prada, secretario general de la Presidencia.

Los acuerdos alcanzados para mejorar el sector sanitario dan cuenta de la precariedad del sistema en la región. En Chocó, los pacientes con enfermedades graves como el cáncer tienen que trasladarse a los departamentos vecinos para poder ser atendidos ya que no cuentan con un hospital especializado en este tipo de patologías. El Gobierno se ha comprometido a construir y dotar un hospital denominado de Tercer Nivel, además de sanear la clínica San Francisco, el centro al que acuden los chocoanos. En el paquete de compromisos se incluyen hospitales de "mediana complejidad" en los municipios de Riosucio e Itsmina y la adecuación del de Bahía Solano. Los ciudadanos tendrán ambulancias.

La falta de asistencia sanitaria afecta especialmente a los niños. En esta región la mortalidad infantil es el doble de la media a nivel nacional, según cifras del Instituto Nacional de Salud de 2013, las más recientes. Estas estadísticas están relacionadas con los altos niveles de pobreza. Chocó ostenta el primer lugar con el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza 62,8%, según el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). El desempleo en esta zona alcanza al 11%.

No solo no hay sanidad de calidad ni trabajo, carecen de otros servicios básicos como el agua potable y el alcantarillado. Del río donde tiran la basura se toma el agua para los centros hospitalarios y el consumo general. La planta potabilizadora no da abasto para hacer su trabajo. "Desde 2010 hemos financiado 58 proyectos de acueducto y alcantarillado por 279.000 millones. Llevaremos acueducto todos los municipios del departamento", ha prometido el Gobierno.

Cuando los chocoanos se manifiestan lo hacen usando el mensaje #SOSChocó para recordar la crisis humanitaria en la que viven desde hace décadas. La situación del sistema educativo también contribuye a esta alerta. Un informe de la Defensoría del Pueblo de 2014 reveló que la tasa de analfabetismo es del 20,9%, dos veces y medio mayor que el índice nacional. En Quibdó esperan desde hace más de tres años que terminen las obras de un megacolegio para los niños y jóvenes de la ciudad. "Es una oda a la corrupción", dicen los vecinos.

En los acuerdos no hay mención al nivel de inseguridad que se vive en Chocó en particular, y en todo el Pacífico en general. Solo el pasado marzo, medio centenar de familias tuvieron que abandonar sus casas por miedo a los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas, herederas del paramilitarismo. Los grupos armados que persisten en Colombia están ocupando las zonas que las FARC, en pleno proceso de dejación de armas, abandonaron el pasado enero.

"Cada seis meses se hará una rendición de cuentas conjunta con la comunidad y los líderes cívicos, las autoridades departamentales y el Gobierno Nacional que permita mantener a los colombianos informados del avance del cumplimiento", ha explicado Prada. Esta será la tarea de las mesas técnicas de seguimiento a los acuerdos firmados la mañana del sábado. La enésima hoja de ruta que los chocoanos reciben de las autoridades.

Buenaventura, a la espera

Los vecinos de los chocoanos, los habitantes de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca llevan 11 días en paro esperando a llegar a un acuerdo con el Gobierno. En esta región las protestas por el abandono estatal acabaron en disturbios, saqueos y un toque de queda decretado por el Gobierno local.

Alfonso Prada ha informado de que una misión compuesta por varios ministros se dirige este sábado a la zona para intentar reanudar los diálogos con la comisión cívica que lidera las protestas en Buenaventura.

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