Carreteras para recuperar la Colombia rural

Villavicencio es una de las ciudades más relevantes para la transición de Colombia. Capital del Meta, un departamento golpeado por la guerra con las FARC y los paramilitares y azotado por el narcotráfico, es la puerta de los llanos orientales del país, donde comienza el horizonte de la región amazónica. El papa Francisco la eligió en septiembre para congregar a miles de víctimas del conflicto en una oración por la paz. Se encuentra a menos de 100 kilómetros de Bogotá y, sin embargo, cada vez que una autoridad se desplaza a esa región lo suele hacer en avión o en helicóptero. Un trayecto en coche, si no hay atascos o desprendimientos, supone un viaje de alrededor de tres horas. Reducir las distancias es uno de los mayores retos en tiempos de paz. Y una de las principales demandas de los campesinos, según ha comprobado EL PAÍS en distintas zonas rurales de seis departamentos.

Esta región simboliza la relación de Colombia con su territorio, una superficie que dobla la de España y donde las guerrillas y las mafias se apoderaron durante más de medio siglo de gran parte de las zonas rurales. A esta circunstancia se añaden los obstáculos de una compleja geografía en la que se intercalan la cordillera andina y la selva virgen. Entre Bogotá y Villavicencio, por ejemplo, hay un desnivel de más de 2.000 metros. La primera consecuencia es el estado de las infraestructuras, sobre todo de las vías secundarias y terciarias, entre 135.000 y 170.000 kilómetros de caminos en muchos casos precarios. La segunda es que las instituciones todavía no han logrado penetrar del todo en esa Colombia. Y esta, cuando está a punto de cumplirse un año de la firma de los acuerdos con las FARC, va a ser, según los expertos, una de las claves del posconflicto.

“La gente está pidiendo vías terciarias y créditos. La población campesina pide más esto que la formalización de la propiedad de la tierra”, afirma Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, quien recuerda que se trata de una “demanda histórica de las poblaciones rurales”.

La mejora de las comunicaciones es uno de los objetivos centrales del presidente, Juan Manuel Santos. El pasado viernes, precisamente durante la inauguración de 16 kilómetros de obras en la carretera que une Bogotá y Villavicencio, el mandatario proclamó: “Vamos a dejar una Colombia nueva con esta revolución de la infraestructura”. En los últimos siete años se han construido 1.670 kilómetros con dobles calzadas, 35 puentes y viaductos y se han abierto 45 túneles. Las autoridades buscan fomentar el transporte de mercancías, el turismo y garantizar la estabilidad de las zonas afectadas por la violencia. En septiembre se puso en marcha un plan de renovación de 50 kilómetros de vías rurales en cada uno de los 51 municipios más golpeados por la guerra. El ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, señaló este lunes a través de Facebook que este programa ya está en marcha en 23 municipios, donde se han contratado a más de 200 juntas de acción comunal para hacer los trabajos de mantenimiento y reparación a través de mano de obra local. Además, recordó también el plan de construcción de vías terciarias ya aprobado por el Congreso para impulsar las obras de 3.000 nuevos kilómetros.

Mientras tanto, la rutina de quienes viven en la Colombia rural, que representa cerca del 94% del territorio, está hecha, en muchos casos, de aislamiento y reivindicaciones. “No hay carreteras”. Esta es la queja más frecuente, sobre todo en los municipios que estuvieron bajo el yugo de las guerrillas y de las mafias de narcotraficantes. “La realidad es que estamos viviendo muchas promesas. La carretera fue uno de los principales factores cuando se escogió este sitio como zona de transición, a lo que se comprometió el Estado fue a arreglarla”, dijo Luis Castro, líder social de la vereda La Cooperativa, durante un viaje a esa zona.

Bo Mathiasen, responsable en Colombia de la Agencia de la ONU contra la Droga y el Delito, incide en la importancia de estos servicios en la lucha contra el narcotráfico, ya que la sustitución de los cultivos de coca no va a solucionar todos los problemas que tienen los campesinos de zonas muy aisladas. “La presencia de la institucionalidad del Estado, de las infraestructuras, especialmente las vías terciarias en estas zonas es importante para que los campesinos puedan comercializar sus productos, ir a los mercados y tener unos ingresos”, explicó en una reciente conversación con este periódico.

A estas reflexiones se suman otros dos aspectos que rodean el futuro de las comunicaciones. En primer lugar, el Gobierno quiere aprovechar el fin del conflicto para lo que llama “economía de la paz”; abrirse al mundo y atraer capital extranjero. Y en segundo lugar, el reto que supone enterrar el fantasma de la corrupción y del caso Odebrecht y tratar de alentar un sector de la construcción sostenible y transparente.