“El Estado colombiano se atrincheró en las ciudades, hay que desplegarlo en los territorios”

Óscar Naranjo (Bogotá, 1956) es vicepresidente de Colombia desde el pasado marzo. Exgeneral de la Policía Nacional, tuvo un papel clave en la caída de Pablo Escobar en los noventa y fue negociador del Gobierno durante el proceso de paz con las FARC, que culminó con la firma del acuerdo en noviembre de 2016. Después de más de 50 años de conflicto armado, el país afronta el reto de renovar unos territorios rurales todavía golpeados por el narcotráfico y la violencia. El 5 de octubre al menos seis campesinos fallecieron en medio de una protesta cocalera en el puerto de Tumaco, en el sur de la costa del Pacífico. Naranjo, que fue bautizado como "el mejor policía del mundo", se trasladó a ese municipio del departamento de Nariño para coordinar una unidad de crisis. Así analiza los desafíos del Estado en un momento clave para la consolidación de la paz.

Pregunta. ¿Qué puede hacer el Estado en zonas como Tumaco, que viven de espaldas a las instituciones?

Respuesta Una zona como Tumaco realmente es la mejor demostración de las consecuencias tan tristes que deja un conflicto armado de más de medio siglo. Lo que estamos encontrando en Tumaco son justamente esas consecuencias de una guerra que impidió que el Estado llegara de manera integral y su única presencia en esa zona fue con lógica contrainsurgente expresada a través de militares y policías.

P. ¿Cuáles son los retos de los de las autoridades en ese tipo de zonas?

R. Primero, [hay que] aclarar los temas de tierras, donde la existencia de consejos comunitarios que son poseedores de tierras colectivas se ha visto afectada por la presencia de colonos que están ocupando de hecho esos territorios. Dos, hay un problema fuerte alrededor de cultivos ilícitos. Tres, un problema serio alrededor del acceso a bienes y servicios de comunidades que estuvieron condenadas durante el conflicto y de alguna manera confinadas de nuestros territorios. Cuatro, problemas que tienen que ver ya en materia urbana en Tumaco para generar empleo urbano y también acceso a la educación superior de los jóvenes que están graduando como bachilleres. Y quinto, un tema fundamental de integración regional de Tumaco y todos los municipios del litoral pacífico.

P. ¿En qué ha fallado el Estado?

R. Durante años el conflicto armado, que dejó atrás 260.000 muertos y más ocho millones de víctimas, impidió realmente llegar de manera integral al Estado. Y, por esa razón, lo que estamos haciendo después de firmar la paz con las FARC es que haya una paz con enfoque territorial, que se concentre en esos territorios a través de proyectos de desarrollo que deben consistir en llevar servicios como vías terciarias, electrificación rural, pero también generar proyectos productivos agrícolas para transformar la vida de los campesinos.

P. Y ya en la actualidad, ¿el mecanismo del proceso de paz está funcionando o tiene problemas?

R. Yo creo que estamos en una etapa de transición después de cinco décadas de conflicto. Hay que pensar que solamente llevamos diez meses en postconflicto y que hay que cambiar, y ese es el reto, varias condiciones. Primero, cambiar la cultura del desempeño institucional. Somos un Estado que debe ir a los territorios, ya de manera permanente, no intermitente. Somos un Estado que debe construir institucionalidad para el postconflicto, esto lo estamos haciendo. Y somos una sociedad que tiene que ser consciente de que hay dividendo de la paz para todos los colombianos con este enfoque de territorios que estuvieron muy condenados a la guerra.

P. ¿A qué dificultades se están enfrentando?

R. La primera tiene que ver con la generación de confianza. Acercarnos a los ciudadanos que estuvieron tan distantes de la institucionalidad como resultado del conflicto es un reto enorme. Dos, hay un tema orgánico y funcional del Estado, que por razones de ese conflicto se atrincheró en las grandes ciudades y hay que desplegarlo en los territorios. Tres, la posibilidad cierta de conectar a ese país de esa Colombia profunda con las ciudades. Y en ese sentido, las vías terciarias son una prioridad para conectar a esas dos Colombias. Una Colombia que estaba en el conflicto en esa profundidad y la Colombia urbana.

P. ¿Está cambiando la percepción que las comunidades campesinas tienen de la autoridad?

R. Por primera vez en los años que llevamos combatiendo los cultivos ilícitos [de coca] hay ya 123.000 familias que han firmado acuerdos colectivos de sustitución. Esa situación durante el conflicto era imposible y eso ahora es una manifestación de confianza. Pero también se nos está pidiendo mayor presencia integral del Estado e incluso mayor presencia permanente de la fuerza pública en esos territorios. Antes era imposible. 

P. En Tumaco operan once o doce bandas criminales.

R. Ciertamente, puede haber once o doce grupos delincuenciales hoy en Tumaco, pero nunca es comparable con la máquina de guerra que teníamos con las FARC asociada la explotación de drogas en esa zona. Hoy lo que estamos viendo es una situación de reacomodamiento de esas bandas criminales. Y el gran reto que tenemos es impedir que esas bandas criminales terminan articulándose y conformándose como estructuras realmente sólidas. Hoy son bandas delincuenciales muy volátiles, hacen mucho daño, pero no tienen la capacidad de crimen que tuvimos en el pasado y nunca es comparable a la fortaleza criminal de los carteles de la droga de los años ochenta, noventa.

P. También existe cierta resistencia de un sector de familias cocaleras.

R. El reto es que el programa de sustitución crezca de manera exponencial y que los campesinos vean que la sustitución produce más beneficios que los cultivos ilícitos. No somos ingenuos y sabemos que hay grupos criminales que quieren instrumentalizar las comunidades para que se opongan a la erradicación forzosa y también a la sustitución de cultivos, y por eso ese reto se enfrenta con presencia policial y militar en esos territorios protegiendo a las comunidades.

P. ¿En qué se materializa esa presión?

R. Lo que hace el crimen organizado es instrumentalizar a las comunidades, llevarlas a la protesta social, en muchos casos a la protesta social violenta, y en todo caso arriesgando a los campesinos, que no son delincuentes, a enfrentarse a las autoridades. Yo diría que la gran víctima de todo esto son las comunidades, los campesinos, que bajo presión del narcotráfico son amenazados y llevados a la fuerza, bajo amenaza, a esa protesta social.

P. El 5 de octubre hubo en Tumaco una protesta violenta que acabó con seis fallecidos y aún no está esclarecida.

R. El Gobierno parte del principio fundamental del Estado social de derecho democrático, que la protesta social es un derecho de los ciudadanos y hay que garantizarla. Segundo, que esa protesta tiene que ser pacífica. Tercero, que los procedimientos de atención por parte de la fuerza pública a esa protesta tienen que ser en todo caso ajustados a la ley. Y por eso el Gobierno ante una situación muy confusa, pero muy triste, que terminó con la vida de seis campesinos, rodea a la Fiscalía General de la Nación de todas las garantías para que produzca su dictamen concluyente, donde sea posible establecer qué pasó. Y, por otro lado, lo que estamos pensando es que esta situación no se repita más, y por lo tanto los protocolos de erradicación, pero también de la velocidad de sustitución, hay que aumentarlos de manera notable.

P. Los asesinatos de líderes sociales no cesan.

R. Hemos registrado tristemente, lamentablemente un incremento del 6% de los homicidios contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos en lo que va corrido del año comparado con el mismo período del anterior. La respuesta a esa situación tiene que ver con tres temas. Primero, hacer una revisión de los mecanismos de protección personal. Dos, avanzar en la expedición de una norma de prevención y seguridad en los territorios de manera colectiva, y tres aumentar la capacidad de judicialización para quienes están perpetrando esos asesinatos.

P. ¿Se han introducido en ese entramado criminal también carteles mexicanos?

R. Sin duda. Tumaco es un territorio que genera mucho apetito al crimen internacional y en particular a las organizaciones mexicanas. Una región que está produciendo cocaína como Tumaco en esa magnitud desde luego atrae a esos carteles, por eso estamos focalizados con la Fiscalía, con organismos de investigación, con la propia Policía en identificarlos y romper ese vínculo. Pero es verdad que hay allí contactos mexicanos y actuación de delincuentes mexicanos.