La última mata de coca de Las Colinas

Las Colinas, una población rodeada de selva tropical en la cuenca del río Guaviare, ha enterrado la coca. Sus habitantes arrancaron hace semanas la última mata tras generaciones dedicados a ese cultivo. Donde en mayo se levantaban cientos de hectáreas ahora hay una pendiente cubierta por un prado exuberante a la espera de ser nuevamente explotada. El Gobierno colombiano involucró a cerca de 500 familias de la zona que accedieron a abandonar la hoja de coca y sustituirla por cacao. Los campesinos han dejado atrás “la mata que mata”, su principal fuente de sustento durante décadas, y afrontan un futuro en el que se entremezclan los alicientes de la paz y las inquietudes de una nueva etapa marcada por un modelo económico legal, aunque desconocido.

El caso de esta vereda ilustra la estrategia de las autoridades para combatir la producción de coca, que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) creció un 52% en 2016. Es decir, los cultivos pasaron de 96.000 a 146.000 hectáreas, rozando las cifras de 2001. Colombia ha puesto fin a la guerra con las FARC después de más de medio siglo, pero aún no ha conseguido frenar esta lacra relacionada con el conflicto armado y se mantiene como el mayor exportador de cocaína en el mundo. El ecosistema generado por las guerrillas, las mafias y el narcotráfico ha hecho del campo un entorno inestable y vulnerable, por lo que esta transición de cultivos, centrada en la sustitución voluntaria o en la erradicación forzosa en caso de no alcanzar un acuerdo, resulta decisiva para la estabilidad de las zonas rurales.

La semana pasada, Donald Trump reprendió al Ejecutivo de Juan Manuel Santos por ese incremento y amenazó, en un memorando dirigido a su secretario de Estado, con descalificar a Colombia en materia de lucha antidrogas. El país andino está decidido, en cambio, a perseverar en su programa, que se inició en mayo. Desde entonces, se ha erradicado más del 60% de las 50.000 hectáreas prevista para este año. Las autoridades aseguran que más de 115.000 familias en 13 departamentos están dispuestas a acogerse a los planes de sustitución de alrededor de 90.000 hectáreas de coca. Por el momento, han empezado a hacerlo 21.902 núcleos familiares.

Para llegar a Las Colinas desde Bogotá hay que volar a San José del Guaviare, capital del departamento, y de allí sobrevolar en helicóptero un territorio donde siguen operando grupos de la disidencia de las FARC. Junto a la vereda se encuentra una de las 26 zonas de transición de la antigua guerrilla a la vida civil, cuyos miembros participarán en los futuros proyectos de la comunidad. El pasado miércoles los líderes cocaleros se reunieron con el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, y otros representantes del Gobierno. Les pidieron que no les abandonen, que cumplan sus promesas –cada familia recibirá durante un año un millón de pesos al mes, casi 350 dólares- y mejoras en las infraestructuras, prácticamente ausentes.

“Hasta donde estamos en este momento, estamos bien”, dice a EL PAÍS Gallardo Alonso León, de 47 años. “Vamos a ver cómo sigue adelante el proceso”. Este campesino con cuatro hijos vendía una arroba de hoja coca -unos 12,5 kilos- por 20.000 pesos -6,9 dólares-. “Con 50, un milloncito que tenía ahí cada 45 días”, continúa. Humberto Jiménez, de 52 años, afirma que “el problema es que toca hacer un análisis de la tierra, porque hay partes [de la tierra] que no pueden dar cacao”.

En esta zona, el Estado quiere plantar principalmente cacao, instalar viveros, y combinarlo con otros cultivos como el plátano, la yuca y tubérculos. “El programa de sustitución empezó hace tres meses y va funcionando muy bien en la fase de quitar los cultivos. Estamos empezando la fase de establecer alternativas productivas. Para eso está en proceso la contratación de asistentes técnicos que puedan asesorar a los campesinos”, explica Rafael Pardo.

Uno de ellos, John Freddy Gómez, ha puesto en marcha un proyecto de producción de harina de yuca. “Vamos a hacer una planta de procesamiento de almidón de yuca para venderlo a Estados Unidos. El contrato en este momento está a mi nombre y de una compañía que se llama Agromarbella. Tan pronto acabemos de instalar el proyecto y lo pongamos en funcionamiento el contrato irá directamente a la asociación de campesinos y a los socios que queden dentro de la planta. La planta se va a llamar Almidones del Guaviare. Es uno de los procesos que está buscando que el campesinado se integre”, asegura.

Pardo se muestra consciente de las dificultades, pero resalta que “un programa como este en Colombia no ha tenido nunca esta oportunidad”. Es decir, “que estén las FARC en el proceso de convencer a la gente, que se haga en los núcleos donde más coca producen”. “Esta”, prosigue, “es una oportunidad única que requiere mucho trabajo. Es mucho más fácil cargar un avión de glifosato [para fumigar] en lugar de ir una por una en todas estas regiones”. Mantiene que este plan busca apoyar a los cocaleros y, al mismo tiempo, castigar a las mafias: “Al campesino se le ayuda a tener una alternativa, pero a los clientes de la cadena, que son los que compran la base de coca y la procesan, ahí no hay alternativa”.

Mientras los líderes sociales hablan con las autoridades en la pequeña plaza de la vereda, cuyas calles están sin asfaltar, enfrente varios campesinos juegan al billar y toman cerveza Poker en un bar improvisado bajo un cobertizo. Algunos lamentan que no haya trabajo. Otros, la ausencia de carreteras y de comercios. E insisten en que, tras cumplirle al Gobierno, esperan algo a cambio.