El vuelo del refugiado

La última posibilidad de que miles de refugiados pudieran cambiar noches al raso entre alambradas por mostradores de facturación y un asiento en un vuelo para aterrizar en Europa se esfumó la pasada semana. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que los Veintiocho pueden negar el visado humanitario a todo aquel que se acerque a sus embajadas y consulados a pedirlo. El hecho de que presenten pruebas de que corren el riesgo de ser torturados o sufrir todo tipo de violencia no obliga a los países europeos a facilitarles visados humanitarios. Cada país es libre de decidir a quién entrega los documentos, permisos de 90 días con los que los refugiados pueden viajar a Europa para tramitar peticiones de asilo que luego pueden ser aceptadas o rechazadas.

El fallo tira por tierra las esperanzas de las organizaciones humanitarias, favorables a permitir la llegada de refugiados en avión, y termina con la inquietud de los Estados miembros, que temían verse obligados a aceptar un alud inasumible de peticiones de personas en peligro. “Quieren trasladar las fronteras europeas a las embajadas en el exterior”, criticó a las ONG el responsable belga de Inmigración, Theo Francken. La decisión judicial se produjo tras una denuncia de una familia siria cristiana a la que Bélgica negó la entrada pese a que denunciaron que sus vidas corren peligro. Pero su caso no sirvió para que el tribunal cambiara las reglas del juego.

La incertidumbre sobre el dictamen era mayor grande tras las conclusiones presentadas un mes antes por el abogado general Paolo Mengozzi, a las que usualmente el TJUE suele hacer caso. Mengozzi se mostró partidario de obligar a los Estados a entregar obligatoriamente el visado humanitario si hay riesgo de tortura o trato inhumano, y recordó a Europa sus valores de acogida en unas conclusiones con un mensaje político inusualmente arriesgado en un letrado comunitario.

Sobre la postura de los jueces sobrevolaban entre otras la cuestión de si los tribunales deben decidir sobre la gestión de la crisis de refugiados o debe ser competencia de la clase política. “En la sentencia hay algo de llamamiento al legislador para que haga su trabajo, o para que los Estados, colectiva o individualmente, asuman sus responsabilidades y no se la endosen a los tribunales”, explica Daniel Sarmiento, profesor de la Universidad Complutense y antiguo magistrado del TJUE.

Las organizaciones humanitarias defienden que dar visados humanitarios permitiría la llegada de los refugiados en condiciones dignas y no tras una larga travesía en la que ponen en peligro su vida, así como acabar con las mafias de traficantes de personas. Pero la mitad de los países de la UE, apoyados por la Comisión Europea, se mostraron contrarios a obligar a entregarlos argumentando que el margen de acogida es limitado. “Todo el mundo no puede venir a Europa”, dijo Francken, satisfecho con la sentencia.

El marco político que rodea el fallo del Tribunal de Luxemburgo tampoco ha ayudado. Las formaciones populistas crecen en el continente con un duro mensaje antiinmigración en un año en que si bien el ascenso del ultra Geert Wilders en Holanda ha sido inferior al esperado, se teme su escalada electoral en los comicios de Francia y Alemania.