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Colombia emprende la búsqueda de los desaparecidos

EL PAÍS desgrana, a través de una serie de cinco reportajes, el acuerdo de paz con las FARC.

Ciudadanos de Barrancabermeja, ante ataúdes con fotos de los desaparecidos en la masacre de 1998.

La última vez que Jaime Peña vio a su hijo Jaime Yesid tenía 16 años y un hombre encapuchado le apuntaba con un fusil por la espalda. Pensó que era otro control rutinario de la Fuerza Pública en su barrio, en la ciudad de Barrancabermeja, al noreste de Colombia. No le dio importancia. Estaba seguro de que lo encontraría en la cancha de fútbol retenido. La convicción le duró hasta la primera ráfaga de disparos y la perdió definitivamente cuando escuchó a un hombre gritar: “¡Patria de guerrilleros. Hoy se mueren todos. Empieza la guerra!”. En ese momento, Peña y los familiares de otras 31 personas entendieron que “no era la ley, era otra cosa”.

El sábado 16 de mayo de 1998, a las 21.30 de la noche, el retén militar que custodiaba la Comuna 7, un barrio popular de Barrancabermeja, se levantó antes de la hora prevista. Un grupo de paramilitares entró a sangre y fuego y en 40 minutos asesinaron a siete personas y secuestraron a otras 25. Dos bases militares custodiaban la zona. Nadie escuchó las balas ni los gritos de las más de 200 personas que celebraban un bazar para recolectar dinero para una banda de tambores. “Aquel día nació una frase: Barranca antes y después del 16 de mayo”, dice Peña, miembro del equipo coordinador del colectivo que busca a los desaparecidos de la tragedia. Es la peor masacre que se recuerda en esta ciudad de unos 200.000 habitantes, donde más de 61.000 son víctimas, una mayoría por desplazamiento, del medio siglo de guerra en el que el país lleva inmerso.

Cuando el pasado diciembre se anunció en La Habana, sede del proceso de paz durante estos cuatros años, el punto 5, relativo a las víctimas, se estableció una comisión temporal que se encargará de la reparación, la búsqueda de justicia y verdad, la no repetición y el reconocimiento de responsabilidad, con independencia de que se trate de actores armados o agentes del Estado. El acuerdo también incluye una unidad especial para la búsqueda de desaparecidos. Pero antes de que se ponga en marcha con la firma final prevista para este mismo año, Colombia tendrá que consolidar una cifra. La horquilla va de los 15.000 de la Fiscalía a los más de 100.000 del Comité Internacional de la Cruz Roja. La Unidad de Víctimas [organismo estatal] contabiliza más de 40.000 desaparecidos. “Por el momento no ha sido posible unificarlos porque no hay voluntad política”, denuncia Gloria Luz Gómez, secretaria general de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). A la espera de un cómputo final, Colombia podría convertirse en el país latinoamericano con más desaparecidos.

En Colombia hay por lo menos un cementerio en cada uno de sus 1.102 municipios. Las grandes urbes pueden tener hasta 30, lo que deja un resultado de entre 3.000 y 5.000 camposantos. El 70% administrados por la Iglesia, según cálculos del informe Forensis 2015 de Medicina Legal, publicado el pasado julio. Y son estos lugares donde yacen la mayoría de los NN [No name, sin nombre], como se denomina a los desaparecidos.

Solo desde 2011, cuando se creó el Plan de Cementerio, se comenzó a recuperar, identificar y contar a estas personas. El cálculo de Medicina Legal es de 78.973 desaparecidos, pero su responsable, Carlos Valdés, cree que la cifra podría ser un 20% más alta: “Y eso sin hablar de las fosas clandestinas”.

Barrancabermeja, con la mayor refinería de petróleo del país, convivía con la violencia desde mediados de los ochenta cuando las guerrillas conquistaron el territorio por sus recursos naturales (carbón, platino, diamante, gasolina…) y su situación estratégica. Para terminar de dominar el Magdalena Medio, había que estar aquí. En este sector son muchos los que recuerdan a sus vecinos insurgentes y las balaceras contra las autoridades. “En ese tiempo esto era una zona roja”, reconoce Leonardo León Quintero, fiscal nacional de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), que esa noche perdió a dos de sus hermanos.

Desde finales de los noventa, las Autodefensas de Camilo Morantes, jefe paramilitar que comandaba entre 200 y 300 hombres en la región, ya rondaban una ciudad con gran presencia del Ejército, la Policía y la Armada por su condición petrolera. “Pasamos de un grupo a otro y no sabíamos cuál era peor”, asegura Peña. Durante la desmovilización de los paramilitares, a principios de 2000, en los procesos de Justicia y Paz, varios implicados en la matanza del 16 de mayo no solo confesaron su autoría, es decir, cómo durante 23 días después del secuestro mataron y desaparecieron a los retenidos. También relataron la implicación de la Fuerza Pública. “Desde el Batallón Nueva Granada les dieron media hora para entrar y salir y no dejar muertos”, asegura Peña. Se pasaron del tiempo estimado en 10 minutos y dejaron un reguero de sangre difícil de justificar ante los tribunales.

Han pasado 18 años del crimen y los familiares sienten que no han tenido justicia. A los paramilitares condenados les acompañan algunos militares, pero aun no se ha identificado a los autores materiales. Los padres, madres y hermanos que dejaron sus empleos para convertirse en defensores de derechos humanos siguen recibiendo amenazas de los herederos de las autodefensas, ahora autodenominados Gaitanistas. La delegación de la Unidad de Víctimas del Magdalena Medio, que se ocupa de 21 municipios de tres departamentos incluyendo a Barrancabermeja, tiene identificadas 300.000 víctimas. “Solo el 5% están reparadas”, reconoce Amparo Chicue Cristancho, la directora territorial. La falta de recursos para los que están considerados el centro de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC es acuciante.

Jaime, Gloria Luz y Leonardo saben que no recuperarán a sus familiares. Llevan décadas bregando contra el Estado que, dicen, les quitó a sus familiares. “Nosotros teníamos en la mente desde niños que la policía y el ejército estaba para proteger y cuidar a la ciudadanía, no para ayudarnos a desaparecer y a masacrar”, acompaña otra de sus compañeras, Luz Almansa, coordinadora de Asfaddes en Barrancabermeja. Cuentan que confían, de distintas maneras, en que la paz con las FARC sea el inicio de la búsqueda y entrega de los desaparecidos en Colombia. Sobre el perdón y la reconciliación que conlleva el reconocimiento de responsabilidad de los crímenes de Estado, Gloria Luz lanza una pregunta: “¿A quién voy a perdonar yo? A mí nadie me ha dicho: ‘Yo me lo llevé, yo causé tanto dolor”.

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