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Un impuesto común para financiar la crisis de refugiados

Las políticas de asilo europeas se deberían financiar con una combinación de préstamos e impuestos ambientales que además contribuirían a cumplir con los objetivos climáticos de París

La Policía macedonia patrulla en la frontera con Grecia.
La Policía macedonia patrulla en la frontera con Grecia. AP

Mientras los países buscan la manera de poner en práctica el acuerdo sobre los refugiados entre la Unión Europea y Turquía, el debate sobre cómo financiar las políticas europeas de inmigración va subiendo de tono.

Italia ha propuesto emitir "bonos europeos de inmigración” para recaudar fondos con los que afrontar la llegada de inmigrantes a los países de la Unión Europea, mientras que el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha propuesto que los gastos relacionados con la inmigración, incluido el refuerzo del control de las fronteras europeas, se financie con un impuesto sobre combustibles acordado unánimemente.

La aportación conjunta de recursos como medio de obtener fondos para la inmigración y el control de las fronteras es lógica en una Unión Europea que ha eliminado gran parte de los controles fronterizos internos. Proteger las fronteras exteriores es una tarea compartida que se podría llevar a cabo más eficazmente si se pagase con fondos comunes. Los países europeos también deberían trabajar con los Estados vecinos para influir en sus políticas, y cooperar con ellos en la gestión de la llegada de inmigrantes.

El Fondo Monetario Internacional ha calculado que los costes fiscales a corto plazo de los solicitantes de asilo ascenderán por término medio a alrededor del 0,1% del PIB, pero algunos países están gastando mucho más. No se puede permitir que Grecia, Italia y los demás Estados de la periferia gestionen la crisis de los refugiados y financien la respuesta solos, ni tampoco Alemania y Suecia pueden aceptar y financiar a todos los refugiados. Tiene que ser un esfuerzo conjunto.

El control de las fronteras comunes y la política de inmigración son costes fijos que exigen recursos permanentes y que no se pueden financiar con déficits. Por lo tanto, la idea de crear un impuesto común para financiar esos costes es bien recibida.

De hecho, un impuesto sobre el carbón a escala europea contribuiría además a alcanzar los objetivos de la Unión Europea en relación con el clima acordados en la cumbre de París. Si Europa se quiere tomar en serio sus compromisos con las políticas del clima, tiene que reactivar el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión, pero también imponer gravámenes a las emisiones de gases de efecto invernadero que no estén cubiertas por el sistema. Dado que el consumo diario de petróleo en la Unión asciende a aproximadamente 1,5 millones de toneladas, un aumento de los impuestos sobre los hidrocarburos podría proporcionar ingresos suficientes para hacer frente a la crisis de los refugiados. Aunque los costes los pagaría el consumidor, a la larga un planteamiento a escala europea que funcionase debidamente ahorraría dinero.

No obstante, la propuesta italiana hace hincapié con razón en la importancia de los préstamos. Los costes que acarree la crisis de los refugiados irán variando con el tiempo. En este momento ya hay gastos excepcionales significativos para construir las infraestructuras necesarias, reforzar Frontex, adquirir los equipos imprescindibles, etcétera.

Para que la propuesta se pueda poner en práctica es importante contar con un marco legal y administrativo adecuado. Los Tratados de la Unión Europea, en particular los artículos 191 y 192, autorizan la creación de un impuesto para lograr un cumplimiento significativo de los objetivos ambientales de la Unión. Internacionalmente se reconoce que un impuesto sobre el carbón es el gravamen apropiado para frenar el cambio climático. Puesto que, para la Unión Europea, un paso como este supondría adentrarse en terreno desconocido, hace falta una cuidadosa planificación política y administrativa. Pero tanto las políticas para el cambio climático como las de inmigración son bienes públicos comunes que requieren recursos comunes para ser más eficaces.

Guntram Wolff es el director de la Fundación Bruegel.