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La Comisión confirma las multas disuasorias por no acoger refugiados

La UE almacenará más datos de los demandantes de asilo para evitar la migración irregular

Una mujer saluda a unas niñas sirias llegadas a Roma desde Líbano.
Una mujer saluda a unas niñas sirias llegadas a Roma desde Líbano. EFE

Los países del Este, los más reacios al reparto de refugiados en la UE, se han apresurado a rechazar la reforma del sistema de asilo que propone Bruselas. El esquema presentado este miércoles prevé distribuciones obligatorias de asilados en momentos de crisis y multas prohibitivas para los Estados que rechacen acogerlos. Hungría lo ha considerado un chantaje, mientras el número dos de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha alertado: “Si no hay solidaridad en esto, no la habrá en nada; será un gran golpe para el proyecto europeo”.

El colegio de comisarios ha validado la propuesta de cambiar el sistema europeo de asilo, que prevé un sistema permanente y automático de reparto de refugiados entre 25 Estados (Reino Unido, Irlanda y Dinamarca están en principio exentos) cuando alguno de ellos soporte una presión desproporcionada de demandas de asilo. El nuevo mecanismo, adelantado este miércoles por EL PAÍS, prevé penalizar a los países que se nieguen a aceptar el reparto, con multas de 250.000 euros por cada asilado que rehúsen integrar en sus territorios.

El llamado grupo de Visegrado, que aglutina a Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, no ha tardado en responder. “Las multas que propone la Comisión constituyen un chantaje”, ha sintetizado el ministro húngaro de Exteriores, Peter Szijjarto, tras una reunión con sus tres colegas, informa Reuters. Estos cuatro Estados ya se opusieron fieramente al reparto coyuntural de 160.000 demandantes de asilo aprobado en septiembre y del que solo se ha completado un 1%. Los Estados miembros y el Parlamento Europeo deben ahora pactar el esquema permanente.

Además de la penalización a los Estados que no quieran participar –el reparto se hará teniendo en cuenta el PIB, la población y los esfuerzos de acogida de refugiados desde terceros países que presenta cada Estado miembro-, el proyecto persigue frenar lo que el vicepresidente Frans Timmermans ha denominado “la compra de asilo”. Se trata de la práctica que mayoritariamente han realizado los demandantes de protección, que recorrían todo el territorio europeo en busca del país más beneficioso para presentar la solicitud, principalmente Alemania y Suecia.

Para disuadir esos movimientos, Bruselas prevé por primera vez sanciones también para los solicitantes de asilo que incumplan las normas (por ejemplo, desplazándose a un país diferente del que le ha sido asignado). El texto contempla despojarlos de los derechos de asistencia en territorios donde no deben permanecer (salvo las urgencias sanitarias) o examinar sus expedientes de asilo de manera acelerada. Esta idea ha merecido ya las críticas de algunos colectivos, como el grupo parlamentario europeo de Los Verdes, que observa una vulneración de los derechos fundamentales.

Una de las principales ventajas del sistema propuesto es que se activará automáticamente. La agencia de asilo europea (actual EASO, por sus siglas en inglés) supervisará todas las solicitudes de refugiados en los países miembros. Cuando uno reciba el 50% de las que se consideran asumibles, se desencadenará la decisión de reparto. Y frente a la situación actual, en la que las redistribuciones entre Estados tardan meses, los expertos de la Comisión calculan entre dos y cuatro semanas de margen desde que se adopta la decisión.

La iniciativa amplía también el uso legal que puede hacerse de las huellas dactilares de los demandantes de asilo. La base de datos que se nutre con esas huellas, de nombre Eurodac, podrá emplearse para detectar a extranjeros que hayan sido rechazados anteriormente por ser considerados migrantes económicos. En la base de almacenarán, además, datos adicionales, como nombres, fechas de nacimiento, detalles de viaje o imágenes del demandante de asilo.