La improvisación marca las primeras expulsiones de refugiados de la UE

La Unión Europea planea expulsar este lunes a hasta 600 inmigrantes y refugiados de Grecia a Turquía, que han empezado a abandonar Lesbos a primera hora. Será el primer envío del controvertido acuerdo alcanzado entre Bruselas y Ankara el mes pasado, con el que la UE busca atajar la crisis migratoria. Los expulsados, en su mayoría afganos y paquistaníes, partirán de la isla griega de Lesbos al puerto turco de Dikeli, según el plan al que ha tenido acceso EL PAÍS, que refleja fuertes tensiones entre la UE y Turquía. Horas antes de la entrada en vigor del pacto migratorio, ambas partes seguían negociando un protocolo.

Estas expulsiones, hasta ahora inéditas, ejecutan el giro radical en política migratoria de la UE, que ha pasado a considerar a Turquía como un país seguro al que se puede enviar a refugiados. Entre los trasladados hoy, de hecho, también habrá sirios, según fuentes comunitarias. Los primeros enviados, un grupo de 212 inmigrantes y refugiados, viajarán en un ferri que saldará de Lesbos para dirigirse a Dikeli (oeste de Turquía) a primera hora de la mañana, si todo sale según lo previsto.

Grecia negociaba todavía ayer las condiciones de ese primer transporte, que puede sentar las bases de las futuras devoluciones. Atenas exige que los deportados viajen hasta Turquía dentro de autobuses y en la bodega del ferri, opción que disgusta a la Comisión Europea, que reclama que viajar durante un trayecto de dos horas en esas condiciones y en la oscuridad es “asfixiante”, según fuentes de la negociación. Anoche, Atenas se mostraba receptiva al argumento comunitario. El barco, de la compañía Eleftherios Venizelos y con una capacidad de 2.500 plazas, volverá vacío a Grecia para realizar, al menos, otro viaje. La salida de otras 137 personas desde Quíos se hallaba a última hora de ayer pendiente de aprobación.

La transcripción de las conversaciones entre Turquía y las instituciones, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, revela exigencias de Ankara que Bruselas considera excesivas. Turquía juega un papel fuerte en la negociación, sabedora de que los Veintiocho buscan frenar las salidas desde ese país y sellar la ruta del mar Egeo, por la que el año pasado arribaron unos 900.000 migrantes a territorio europeo, huyendo de la pobreza y de la guerra en Oriente Próximo, África y Asia.

El Ejecutivo griego se prepara para posibles brotes de violencia por parte de los refugiados cuando empiecen las devoluciones, según admitió ayer el portavoz del centro de gestión de refugiados, Yorgos Kyritsis. “No descartamos violencia; la gente desesperada tiende a ser violenta”, dijo Kyritsis antes de puntualizar que no se les tratará como a “criminales”.

En los últimos días se han multiplicado los incidentes en diversos campos de desplazados. El viernes, los enfrentamientos en el centro de detención de Quíos dejaron tres heridos y el miércoles, los del puerto ateniense del Pireo terminaron con ocho heridos.

Al desafío político se le une el logístico. Bruselas había previsto un despliegue inicial mayor —con el envío de tres barcos de alta capacidad—, pero ayer tuvo que recortarlo en el último momento. Grecia asegura que le faltan recursos humanos para gestionar adecuadamente el dispositivo; sobre todo personal de seguridad. Y es que de los 1.500 policías estipulados como necesarios por Frontex (la agencia de fronteras europea) solo han llegado a territorio griego 700, en su mayoría franceses y alemanes. A eso se añade que los centros griegos están saturados.

El cierre de las fronteras a lo largo de la llamada ruta de los Balcanes, ha provocado un tapón en Grecia, donde permanecen más de 51.000 migrantes y refugiados. Con su acuerdo con Turquía, la UE pretende reducir las llegadas, lo que por ahora no ha ocurrido. Solo desde el 20 de marzo, han llegado a territorio griego más de 6.000 migrantes. El acuerdo con Turquía, alcanzado el pasado 18 de marzo, especifica que todos los migrantes que lleguen a territorio europeo desde el 20 de marzo serán expulsados.

Uno por uno

Y eso incluye también a los refugiados. A cambio, los Estados miembros —salvo Hungría y Eslovaquia— acogerán a un número de sirios equivalente al de los expulsados, el llamado esquema de uno por uno. Europa solo se compromete a dar cobijo a 72.000 personas por este mecanismo, lo que impide que pueda haber más de 72.000 retornos.

De hecho, estaba previsto también el envío de un centenar de sirios que debían llegar hoy a Adana, muy cerca de la frontera con Siria, en avión. Sin embargo, no ha dado tiempo a realizar la preparación logística ni a seleccionar a los expulsados ni a preparar las condiciones de transporte.

En las directrices sobre las expulsiones, los oficiales turcos y europeos afirman que el transporte aéreo supone una vía preferible. Sin embargo, fuentes comunitarias explican que la mayoría de las expulsiones se realizará por vía marítima, no solo porque la capacidad de los barcos es mayor, el trayecto a recorrer más corto y la preparación logística más sencilla; también porque temen que Turquía pueda poner problemas al aterrizaje de algunos vuelos.

La operación de deportaciones durará unas tres horas. En los barcos, “se servirá un catering en cantidades suficientes para los retornados, los acompañantes y los oficiales de policía. Se ofrecerán sandwiches y refrescos (no habrá cerdo ni cubertería)”, detalla el plan. Los oficiales que acompañen a los expulsados no podrán llevar armas.

También seguían ayer las negociaciones sobre la presencia de oficiales turcos en los centros de registro griegos. Ankara exige estar presente en todo el proceso y en todos los procedimientos “por razones de seguridad”. Grecia lo interpreta como una intromisión en su soberanía. El viernes, en plenas conversaciones, el Ministerio de Exteriores griego envió una circular en la que suspendía al menos por un mes “todas las visitas de funcionarios extranjeros a los centros de identificación y registro [los llamados hotspots]”.

El Gobierno de Recep Tayyip Erdogan exige igualmente que se realicen controles médicos a los expulsados antes de recibirlos en su territorio, petición que la Comisión considera complicada, según la correspondencia entre los oficiales comunitarios y los turcos. “Hay personal médico de las ONG en las islas, pero no estamos seguros de que nos vayan a apoyar en esto”, indica Bruselas en una de sus misivas, en la que se compromete, sin embargo, a asegurarse de que los expulsados “están en buenas condiciones de salud”.

El plan, duramente criticado por las organizaciones de Derechos Humanos —incluida Acnur—, que dudan de su legalidad y temen que Turquía devuelva a sus países no solo a los migrantes económicos sino también a los refugiados, tiene también una importante laguna legal. Grecia y Turquía debían cambiar algunos puntos de su legislación para acomodarse a partes del acuerdo, algo que todavía no se ha hecho efectivo. Y si las modificaciones no están listas cuando se realicen las primeras devoluciones, los tribunales podrían anularlas.