Grecia reconocerá como país seguro a Turquía para agilizar las expulsiones

Potenciales refugiados reducidos a la categoría de migrantes irregulares. Menores recluidos en centros de detención para adultos. Miembros de minorías perseguidas con escasas posibilidades de lograr asilo, porque además aún no se han empezado a tramitar solicitudes. La letra pequeña del acuerdo migratorio UE-Turquía, que entró en vigor el 20 de marzo para frenar la llegada irregular de migrantes a Europa y que prevé la devolución a Turquía de cuantos no tengan derecho a protección internacional, presenta muchas zonas de sombra que arrojan dudas sobre su validez. El Parlamento griego vota este miércoles la trasposición del acuerdo a la legislación nacional, lo que incluye considerar “país seguro” a Turquía y, por ende, facilitar las expulsiones. Las deportaciones empezarán en teoría el próximo domingo.

El antiguo hotspot de Moria, en Lesbos —desde la entrada en vigor del acuerdo, un centro de detención, cerrado—, albergaba este domingo a un millar de detenidos, entre ellos 130 menores no acompañados recluidos en cuatro módulos independientes; la capacidad máxima del recinto es de 2.5000 plazas. En las otras tiendas conviven hombres solos y familias con niños y bebés, como explicaba el viernes a través de una verja el paquistaní Afsal Hussain, llegado tres días antes: “En mi tienda somos más de cien, y muchos duermen en el suelo. Casi todos somos hombres solos pero hay también varias familias con niños muy pequeños”.

Junto con la privación de libertad de movimientos —también restringida en el interior del recinto—, es uno de los puntos oscuros que han llevado a las ONG Médicos Sin Fronteras y Save The Children a retirarse del centro. Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, sigue sin embargo dentro para “asesorar y evaluar” las demandas de los refugiados y sólo ha cancelado el traslado de los recién llegados desde el puerto a Moria.

“La directiva de la UE dice que las familias con niños sólo deben ser internadas como último recurso y por un plazo muy limitadoe, en lugares separados; y los menores deben poder ir a la escuela”, subraya el jurista sevillano Joaquín Urías, que hasta la entrada en vigor del acuerdo trabajaba en Moria con el Danish Council for Refugees. “Es algo que aquí no se cumple”, recalca.

Tras ser interceptadas en altar mar las lanchas en las que cruzan desde Turquía, los detenidos (“migrantes irregulares” según el acuerdo; la mayoría, ignorantes de las nuevas normas) reciben un documento de dos hojas en inglés que pocos entienden informándoles de que están legal y temporalmente detenidos, “hasta la conclusión de los procedimientos pertinentes” (es decir, una vez evaluado el expediente), y que tienen derecho a “contactar con su abogado”…. El paquistaní Hussain, de 40 años, aguarda la visita de una letrada enviada desde Atenas por unos compatriotas establecidos en la ciudad, consciente de ser un afortunado. “Mis amigos pagan su viaje y su minuta, pero me rodea gente que no sabría siquiera a quién dirigirse para pedir nada: afganos, otros paquistaníes, muchos sirios que no hablan inglés… Además la abogada ya me ha dicho que no me haga ilusiones, porque seguro que me deportan”.

Los pocos abogados locales que han logrado acceder a los detenidos —aún no han llegado los expertos prometidos por la UE—, recomiendan a todos pedir asilo, pero ayer “no se había tramitado aún ninguna solicitud”, asegura una letrada de Mytilene que ha entrado en el campo. “A un grupo de paquistaníes que ya estaba en la isla antes del acuerdo ni siquiera se le ha dado esta posibilidad, aunque entre ellos hay un gay perseguido por su condición sexual”, añade. Sayed Jahanzeb Ali Naqi, de 29 años y miembro de la minoría chií de Pakistán, ha recibido también la orden de expulsión aunque insistía en pedir asilo por “haber perdido a varios familiares en atentados”.

Tres observadores de la Asociación de Abogados Europeos (EBA, en sus siglas inglesas) esperan poder acceder en breve al centro, “pero la situación es frágil y las normas cambian a diario”, explica uno de sus portavoces. “No nos pronunciamos sobre la legalidad del acuerdo, sólo queremos asegurar que se respeten los derechos individuales. Bajo la legislación de la UE, es perfectamente posible detener a la gente en la frontera. No es bonito, pero sí legal. Si logramos documentar irregularidades, será [el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de] Estrasburgo quien se pronuncie; es decir, Estrasburgo hará lo que no han hecho los políticos”. A largo plazo, subraya el experto, “estudiaremos también si el acuerdo es congruente con las legislaciones nacionales griega y turca, porque además Grecia está pendiente de varios recursos sobre asilo en Luxemburgo”, el Tribunal de Justicia de la UE.

Hasta la entrada en vigor del acuerdo, la tramitación de un expediente de asilo en Grecia tardaba un promedio de seis meses, aunque ha habido casos de años. “La ley griega en sí no es el problema, sino el hecho de haber eliminado salvaguardas jurídicas para facilitar el acuerdo con la UE”, según el letrado. En vísperas de la firma del acuerdo UE-Turquía, Bruselas incidió en la necesidad de reducir el procedimiento a una semana. “En tres semanas como máximo habrá aquí suficientes abogados”, afirma.

La consideración de Turquía como un país seguro, por último, provocará otro efecto en cadena: que se rechacen muchas más solicitudes de asilo, entre las hipotéticamente admisibles, como ha recordado este domingo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. A la letra pequeña del pacto UE-Turquía se añade además una inquietante consecuencia colateral: qué va a ser de los 50.000 migrantes atrapados en Grecia, todos los que llegaron al país antes de la entrada en vigor del acuerdo. En teoría, están al margen de las condiciones del pacto, pero jurídicamente se cierne sobre ellos, en última instancia, el mismo dilema: o asilarse o ser expulsados. Las fuentes consultadas subrayan la necesidad de brindarles asistencia legal también a ellos.