La jueza encarga un informe pericial para esclarecer si el mantenimiento de la pasarela de Santander fue “negligente”
La instructora reclama también información al 112, a la Policía Local y al Ayuntamiento

La jueza que investiga el accidente de El Bocal (Santander) del pasado 3 de marzo en el que fallecieron seis jóvenes ha designado a un perito judicial a la causa y le ha ordenado que emita un informe para esclarecer si el mantenimiento de la pasarela fue “negligente”. La instructora quiere conocer el estado de la infraestructura y saber “si existían signos visibles de deterioro” y “la fecha previsible del último mantenimiento realizado” para determinar si fue o no suficiente.
La titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha adoptado esta decisión en el marco de una batería de diligencias que ha acordado para impulsar la investigación, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria.
Además del informe pericial, la jueza ha reclamado al Servicio de Emergencias 112 y a la Policía Local de Santander el protocolo de actuación que tienen para atender los avisos. En esta línea, la instructora quiere saber si se recibió o se hizo “seguimiento” a las “incidencias reportadas por ciudadanos” y sobre “riesgos en infraestructuras públicas”. También está interesada en conocer si existían quejas sobre el estado de conservación de la pasarela. De igual forma, les ha pedido que envíen al juzgado “cualquier instrucción interna, circular o manual complementario que establezca criterios de actuación para los operadores de servicio”.
Otra de las diligencias acordadas atañe al Ayuntamiento de Santander. La jueza le ha reclamado que aporte “copia de las actas de los últimos cinco años del Consejo Distrito Noroeste, al que pertenece la zona vecinal de Cueto y Monte”. También ha ordenado al grupo tercero de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Policía Judicial que recabe información relativa a posibles quejas “en registros públicos u oficiales”, como la oficina de atención al ciudadano del consistorio o la Policía Local, así como en “plataformas de incidencias ciudadanas, asociaciones vecinales locales, medios de comunicación y redes sociales”.
El TSJ cántabro, a su vez, ha informado de que en esta causa ya “se han personado tres familias”, después de que la jueza ofreciera a todos los familiares de los fallecidos y a la única superviviente del accidente que participaran en el procedimiento judicial. También figura como personada la agente de la Policía Local que ha sido citada a declarar como investigada el 27 de marzo.
Ese día tendrán que comparecer ante el juzgado —pero en calidad de testigos— los dos ciclistas que alertaron de que la pasarela se había desplomado; el vecino que avisó 24 horas antes del accidente al 112 de que la infraestructura “se cimbreaba” y podía ser peligrosa; así como los dos agentes de la Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.
El Ayuntamiento y Transición Ecológica, enfrentados por el mantenimiento
Por su parte, la jueza ha aceptado que el Ayuntamiento de Santander se persone en condición de “posible responsable civil”. Cabe recordar que la alcaldesa Gema Igual (PP) asumió ante los medios de comunicación que el consistorio no supo gestionar correctamente el aviso del vecino que alertó del mal estado de la infraestructura. La regidora aseguró que “la cadena de respuesta” de la agente de la Policía Local que recibió la llamada “no funcionó como debía” y que se le abrió un “expediente informativo y sancionador”. No obstante, recalcó que la responsabilidad de mantener la pasarela era de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
Este viernes, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha rebatido las palabras de la alcaldesa. Y ha avisado de que desde el Ministerio ya han enviado a la jueza toda la documentación que obra en poder del Gobierno de España. En la lista, figura un acta formal que certifica que la obra fue terminada y recepcionada en 2015, cuando Isabel García Tejerina estaba al frente del departamento; y un documento municipal de 2017 en el que el Ayuntamiento —ya bajo el mandato de Igual— reiteró su obligación de conservar la pasarela. De ahí que Morán haya insistido en que la versión de la alcaldesa no encaja con los documentos oficiales.
El número dos del Ministerio que dirige Sara Aaegesn ha recalcado, además, que el pasado febrero el Ayuntamiento comunicó a Costas un conjunto de actuaciones de mantenimiento en la senda costera. A su juicio, ello demuestra que el consistorio actúa como responsable de la conversación de la infraestructura.
En el accidente fallecieron seis alumnos que estudiaban un grado superior de Técnico en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal en el CIFP La Granja de Heras, situado en el núcleo de Heras, a unos 15 kilómetros de Santander. La clase a la que pertenecían tenía 20 alumnos.
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