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El acuerdo histórico de justicia con las FARC se concretó en apenas un mes

La arquitectura jurídica de la resolución se basa en reducir penas a cambio de que los autores reconozcan los hechos

Timochenko, junto a Ivan Márquez y Pastor Alape. Ampliar foto
Timochenko, junto a Ivan Márquez y Pastor Alape. REUTERS

A caballo entre La Habana y Bogotá, durante no más de 13 reuniones, y en apenas un mes, seis abogados concretaron el histórico acuerdo de justicia entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, un punto de inflexión que se antoja definitivo para poner punto final al conflicto armado en Colombia.

En plena escalada de ataques de la guerrilla, con la popularidad por los suelos y cada vez mayor desconfianza hacia el proceso, el presidente, Juan Manuel Santos, se vio obligado a dar un ultimátum a principios de julio. Así, el día 12, el Gobierno y las FARC acordaron el comunicado número 55: Agilizar en La Habana, desescalar en Colombia. Las conversaciones debían cobrar otro ritmo, en especial el capítulo de justicia, en el que menos se había avanzado. Pese a que desde que se sentaron las bases del proceso, en octubre de 2012, las partes sabían que sería el más complicado, en la práctica, la negociación se fue demorando.

El Gobierno y las FARC acordaron la creación de una comisión jurídica encargada de elaborar cuanto antes un borrador que luego refrendarían los jefes negociadores, o en este caso, los máximos representantes, el presidente Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.

El Gobierno eligió a los abogados Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao y Douglass Cassel, mientras que las FARC optaron por el asesoramiento de Álvaro Leyva, Diego Martínez y el español Enrique Santiago, quien ya venía trabajando con ellos desde hacía un año, recomendado por la exsenadora Piedad Córdoba, con quien colaboraba a través de la organización Colombianos por la Paz. Varias fuentes que han seguido muy de cerca el trabajo de los juristas, consideran a Santiago, artífice en su día de la querella contra el dictador chileno Augusto Pinochet, el arquitecto del grueso del acuerdo de justicia.

Pocos días después de que se celebrase la primera reunión de la comisión jurídica, a finales de julio, la revista Semana publicaba una entrevista con Santiago en la que el abogado español desgranaba las claves de lo que, a la postre, ha sido el acuerdo final: todos los actores del conflicto serán juzgados, habrá una amnistía lo más amplia posible y los miembros de las FARC, como el resto de acusados, no irán a la cárcel siempre y cuando aporten verdad y se comprometan a reparar el daño causado durante más de 50 años.

Desde aquella cita de julio, los abogados no se volvieron a reunir hasta el 19 de agosto. Ahí comenzó un mes frenético de encuentros entre La Habana y Bogotá, entre los salones de protocolo facilitados por el Gobierno cubano y un domicilio privado de la capital colombiana. Reuniones, según confirman varias fuentes conocedoras de las mismas, que se prolongaban durante 10 horas, siempre en un buen ambiente pese a que hubo momentos serios, como cuando se trató el asunto de las sanciones, las extradiciones o la amnistía. La última jornada fue la más maratoniana. Comenzó el jueves 17 en torno a las 9 de la mañana y terminó pasadas las 5 del viernes. Para entonces estaba listo un documento de 25 páginas, estructurado en cuatro bloques en los que se diseccionan más de 70 puntos: un acuerdo para la historia.