Delitos políticos y conexos, el punto que falta por aclarar

El acuerdo alcanzado por el Gobierno colombiano y las FARC en el tema de justicia no solo destrabó uno de los aspectos más complejos en los diálogos de paz que desde hace tres años se adelantan en La Habana. También respondió a una de las grandes dudas que, hasta ahora, los colombianos se hacían frente al proceso y que estaban relacionadas con el tema de impunidad para las FARC, tras ser protagonistas de un conflicto que ha dejado siete millones de víctimas.

El Estado colombiano otorgará amnistía a los delitos políticos y conexos, que se entienden como los que cometen las personas o grupos que se levantan contra un Estado. El abogado y constitucionalista Juan Manuel Charry explicó a EL PAÍS que la Constitución colombiana (1991) establece que quienes cometan delitos políticos no serán objeto de extradición y podrían beneficiarse con indultos (suspensión de condenas) o amnistías (olvido de delito y cierre de procesos). Sin embargo, destacó que la carta política del país ni la ley definen puntualmente estos delitos.

“Se ha considerado hasta ahora dentro de este tipo de infracciones las que atentan contra el régimen constitucional: rebelión, sedición y asonada”, aclara Charry. Sentencias de la Corte Constitucional como la C-928 del año 2005 han señalado que los delitos políticos son las infracciones que buscan un cambio en el sistema de gobierno y que se caracterizan por ser de tipo altruista. Así, tal y como se reiteró en el acuerdo dado a conocer ayer, quedarían excluidos el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre otros como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos, serían juzgados por el sistema de justicia transicional.

El constitucionalista advierte que será una ley estatutaria, tramitada en el Congreso, la que defina hasta dónde podrían llegar los delitos políticos, ante la actual falta de claridad y el debate que se ha dado sobre delitos como el narcotráfico como posible delito conexo con el político. “No podrán ser amnistiados ni indultados los delitos que carezcan de relación con la rebelión”, señaló en un documento el Gobierno para aclarar que la Jurisdicción Especial para la Paz, que se creará una vez se firme el acuerdo final, no permitirá que haya “colados” en el proceso de amnistía.

La politóloga Laura Gil aseguró, en declaraciones posteriores al anuncio de la mesa de negociaciones, que el delito de narcotráfico sería indultado si se comprueba que fue usado por la guerrilla como negocio para financiar su lucha. “No pensar en la conexidad con el narcotráfico sería muy difícil para avanzar en el proceso con las FARC”, agregó el abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Medellín en un debate radiofónico en la Cadena Caracol. Según él, es mucho más compleja la discusión sobre la conexidad del homicidio al delito político.

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, también se sumó a la discusión. “Si quisiéramos una cifra de los delitos indultados o amnistiados podrían ser más de 15 mil miembros de las FARC por delitos conexos con el delito político”, dijo, antes de reiterar que no habrá beneficios penales para quienes hayan cometido delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional.