Las mil y una tribulaciones de Puerto Rico

La marcha inexorable de Puerto Rico hacia el default finalmente se hizo realidad con el impago de 58 millones de dólares a sus tenedores de bonos. La noticia no tomó a nadie por sorpresa: tan solo unas semanas antes, el gobernador Alejandro García Padilla había advertido que las deudas de la isla eran “impagables”. Si bien ahora la discusión se centra en el limbo legal en que se encuentra San Juan con sus acreedores, igual importancia deben dársele a las profundas reformas que se requieren para reactivar la economía.

De las pocas cosas que tiene Puerto Rico a su favor es que no hay una escasez de diagnósticos sobre los males que lo aquejan y cómo enfrentarlos. En junio del 2012 la Reserva Federal de Nueva York publicó un amplio informe sobre la competitividad de la isla, el cual fue actualizado en el 2014. Y este año la renombrada economista Anne Krueger, junto con otros colegas, detalló los problemas estructurales de Puerto Rico en otro publicitado estudio.

La imagen no es alentadora: a la ya consabida crisis fiscal producto de un aparato estatal altamente dispendioso —la deuda pública aumentó de un 63% del producto nacional bruto en el 2000 a más del 100% en el 2015— se suma una profunda recesión económica que ya lleva casi una década. Lamentablemente, no parece haber voluntad en Washington o San Juan para entrarle de lleno a las múltiples tribulaciones que aquejan a la isla, especialmente cuando muchas de estas requieren tratar el espinoso tema de su estatus político.

Por ejemplo, uno de los grandes problemas estructurales de Puerto Rico es que cuenta con una de las tasas de participación laboral más bajas del Hemisferio Occidental: un 39,8%. Peor aún, de la minoría de puertorriqueños que sí trabaja, casi un cuarto se encuentra en el sector público.

La isla ha perdido casi una décima parte de su población en 10 años, con el agravante de que quienes parten son los más emprendedores

Las causas han sido ampliamente identificadas: el salario mínimo, fijado a nivel federal para toda la unión, es desproporcionadamente alto para un territorio cuyo ingreso per cápita equivale a un 60% del ingreso per cápita de Mississippi, el estado más pobre de EE UU. Esto eleva los costos de contratación de la mano de obra joven y poco calificada, que es la que abunda en la isla. De igual manera, el umbral de ingresos para acceder a los beneficios de la asistencia social y otros subsidios es muy bajo y por ende cubre a un amplio sector de la población, desincentivando la búsqueda de trabajo.

Por razones electorales, los políticos boricuas se resisten a reformar estas dos políticas específicas que atentan contra la robustez del mercado laboral. Aquellos que apoyan la estadidad por lo general ven con malos ojos cualquier cosa que implique eximir a Puerto Rico de las leyes que aplican al resto de la unión, e incluso afirman que ser un estado más garantizaría ayudas federales adicionales a los puertorriqueños. Quienes apoyan la asociación libre, a grandes rasgos favorecen un salario mínimo y asistencia social, altos por su naturaleza populista.

Los bienes de supermercado son un 23% más caros en la isla que el promedio de los precios en EE UU

Otro punto ampliamente destacado es el elevado costo de vida. Un análisis del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico encontró que los bienes de supermercado eran 23% más caros en la isla que el promedio de los precios en EE UU. Ello en parte se explica por la implementación de la llamada Ley Jones, que requiere que el cabotaje entre puertos estadounidenses sea realizado por barcos y tripulación estadounidenses, lo que encarece innecesariamente los costos de transporte al estar Puerto Rico tan alejado de EE UU continental. En este punto finalmente parece haber voluntad para pedir una exención. El costo mensual de la energía es otro gran lastre para la competitividad: es 2,6 veces superior al de EE UU, en gran medida por los altos costos e ineficiencia de la empresa pública PREPA. Varias propuestas de reformas al mercado energético, como la construcción de un gasoducto, han enfrentado una feroz resistencia.

La combinación de estos y otros problemas con la crisis fiscal ha generado un círculo vicioso: las medidas de austeridad adoptadas hasta ahora han consistido primordialmente en aumentos de impuestos, los cuales castigan la actividad económica y aceleran la migración hacia EE UU. La isla ha perdido casi una décima parte de su población en la última década, con el agravante de que quienes parten tienden a ser los más emprendedores de la población.

Más allá de discutir cómo administrar la bancarrota de Puerto Rico, el énfasis debe estar en cómo reactivar su economía, lo cual implica fuertes y necesarias medidas de reducción del gasto estatal, privatización de activos, exención de leyes federales y reformas a regulaciones tributarias y fiscales que minan la competitividad.

Sin estas acciones no habrá recuperación. Por eso, el debate sobre la conveniencia o no de otorgarle a Puerto Rico las garantías del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras no debería distraer la atención de Washington y San Juan por encima de una agresiva y urgente agenda de reformas.

Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato Institute en Washington, DC. Twitter: @jchidalgo