Puerto Rico se asoma al impago

Impago, default. Puerto Rico se asoma a ese limbo legal que supone para un país no poder pagar una deuda. Ayer vencía un pago de 58 millones de dólares que el Gobierno afirmó no iba a poder devolver, aunque, en la práctica, no será declarado el impago de esos bonos hasta mañana. Con 3,6 millones de habitantes, el país acumula un lastre de deuda de hasta 72.000 millones de dólares (65.500 millones de euros) que tiene muy difícil pagar tras ocho años de recesión.

No hay noticias de rescate para Puerto Rico. Estados Unidos ha insistido en que no activará un plan de salvamento financiero para el país libre asociado y, si no encuentra una solución alternativa, mañana entrará en una fase aguda de su crisis fiscal. El acceso a los mercados financieros, esos a los que acuden los Estados para vender sus bonos y obtener dinero prestado, ya estaba prácticamente cerrado para el país, pero con un impago en el expediente el cierre puede ser total.

El jefe de Gabinete de Puerto Rico, Víctor Suárez, lo advirtió con crudeza el viernes: “Mañana [por ayer] es 1 de agosto y no tenemos el dinero”, dijo, y remató: “El pago no se hará este fin de semana. No fue consignado”.

La economía portorriqueña apenas ha crecido un año de los últimos 10 y tiene una presión fiscal mínima para las empresas: del 4% de los beneficios para industrias y servicios y exención sobre las rentas del capital para quienes se hagan residentes. Abonó buena parte de su éxito económico a esa fórmula y a la cercanía con EE UU.

El gobernador del país, Alejandro García Padilla, reconoció públicamente la gravedad del problema en junio, cuando ya advirtió de que no iba a poder pagar sus deudas, pero ese mismo mes acabó sorteando un impago en el último minuto gracias a gestiones del Ejecutivo. “No se trata de política, se trata de matemáticas”, dijo.

Pero habrá política. En el guion de países insolventes o rescatados, lo que sigue normalmente son subidas de impuestos y recortes sociales. El Gobierno portorriqueño está diseñando un plan de reestructuración de esa formidable deuda de 72.000 millones de dólares (unos 20.000 por ciudadano) que planea presentar el 1 de septiembre.

Pero hasta entonces la situación para la que llaman Grecia del Caribe se puede haber envenenado. Aunque es un Estado libre asociado, no puede acogerse a la misma ley de bancarrotas —el llamado Capítulo 9— bajo el que quebró la ciudad de Detroit. Puerto Rico ha intentado cambiar esto en el Congreso, pero aunque ha ganado el apoyo de algunos demócratas, no puede contemplarlo hoy por hoy como una opción.

La deuda que venció ayer suma 58 millones de dólares —un tramo de una emisión total de 94 millones que deberán amortizarse a lo largo del año fiscal— y corresponde a la Corporación para el Financiamiento Público (CFP), que es el tipo de títulos menos protegidos y por eso han sido los primeros en sufrir. En cambio, la entidad pública de la que depende, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), informó el viernes de que sí destinaba 169 millones de dólares a afrontar su deuda más inmediata.

Los grandes acreedores de Puerto Rico son, según los datos recopilados por Bloomberg, fondos de alto riesgo o hedge funds (casi 22.000 millones), inversores de ellos, muchos de estos cooperativas (unos 20.000 millones) y fondos mutuales estadounidenses (10.000 millones). Son estos los que tienen razones de sobra para ver peligrar ese dinero.

El trajín de los mercados financieros esta semana arrojó un dato muy explícito de ese miedo: unos bonos de la CFP que vencían en 2031 se negociaban a 16 céntimos por dólar. Puerto Rico fue engrosando su deuda en los últimos años con la confianza en que la recuperación económica generaría recursos para pagar, pero esta no ha hecho acto de presencia. La crisis de deuda, por el contrario, agravará más la situación.