Colombia y las FARC anuncian la creación de una Comisión de la Verdad

Los negociadores del Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han anunciado este jueves la creación de una Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, que será independiente, imparcial y de carácter extrajudicial. Se trata de un avance en las negociaciones que se desarrollan en La Habana desde hace casi tres años, en la medida en que se trata del primer acuerdo en materia de víctimas que se alcanza después de que se empezara a abordar este punto de la agenda hace un año.

La idea de la creación de una Comisión de la Verdad sobrevolaba los últimos días en Colombia. Una de las incertidumbres era saber el alcance que tendría. Los negociadores, a través de los garantes del proceso, los representantes de Cuba y Noruega, aseguraron que esta sería de carácter extrajudicial. “La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”, asegura el texto. Precisamente, un día antes, las FARC habían asegurado, a través de un comunicado que no darían “un voto de confianza al sistema judicial colombiano ni a simples promesas sin garantías de sus instituciones corruptas. No hemos venido a La Habana a someternos”, aseguraban.

La Comisión de la Verdad funcionará durante tres años y se pondrá en marcha a partir de que se firme la paz. “El acuerdo logrado no puede entenderse ni definitivamente cerrado, ni aislado del sistema que estamos comprometidos a construir y que aún no se ha concluido”, puntualiza el texto, divulgado en Cuba en una rueda de prensa conjunta. Ese sistema se refiere a la manera en que se buscará satisfacer los derechos de los cerca de siete millones de víctimas que ha dejado el conflicto a lo largo de cinco décadas.

La decisión llega en un momento crítico para el proceso, después de que la guerrilla suspendiese el cese del fuego unilateral. “Si bien es un avance, porque destraba las negociaciones, no las acelera hasta el punto de poder abordar aún la terminación del conflicto”, opina Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC)

El futuro equipo, que estará financiado por el Gobierno colombiano, lo formarán 11 comisionados, que serán elegidos en un máximo de tres meses, una vez se cierre el periodo de postulaciones, por un comité de 9 personas. El Gobierno y las FARC elegirán a seis de ellas mientras que las tres restantes serán los delegados de personas u organizaciones que decida la mesa de La Habana. El presidente de la Comisión, que no podrá contar con más de tres representantes extranjeros, será colombiano.

Los negociadores de La Habana han fijado que la Comisión ha de tener tres objetivos fundamentas. Por un lado, “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto”. Además, promueve “el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados” y la “convivencia en los territorios”. “Así se sentarán las bases de la no repetición, la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera”, añade el texto, leído por los representantes de Cuba y Noruega, garantes de los diálogos.

Ambas partes han querido dejar por patente que el éxito de la Comisión “dependerá del compromiso de todos los sectores de la sociedad con el proceso de construcción de verdad, y del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera directa e indirecta participaron en el conflicto”, en lo que se puede interpretar como un claro mensaje a los sectores más críticos con el proceso de paz.

Al terminar la declaración conjunta, el jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, leyó un comunicado en el que las FARC reclamaron la "apertura de los archivos que develen la existencia de victimizaciones sistémicas", es decir, que el gobierno permita el acceso a documentos que tengan que ver con posibles crímenes de Estado. La guerrilla sostiene que se le quiere cargar con la responsabilidad exclusiva del conflicto. “Quieren convertir el proceso de paz en un proceso jurídico contra las FARC”, dijo Márquez, número dos de la guerrilla .

Las voces críticas contra el acuerdo alcanzado en La Habana surgieron incluso antes de la comparecencia de los negociadores. El procurador general, Alejandro Ordóñez, aseguró que la comisión “no puede sustituir la persecución judicial de los crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos que no alcancen esa connotación”, algo que, a tenor de lo anunciado, no ocurrirá.