Los cimientos removidos de Olavarría

La ciudad de Olavarría está conmovida por el hallazgo del nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, según el relato de los detenidos allí por la dictadura militar de Argentina (1976-1983) Carmelo Vinci y Carlos Genson. “Estalló algo y movió los cimientos”, opina este último. Claro que en una sociedad más bien conservadora, como las de otros rincones rurales del país sudamericano, también se escuchan comentarios como los de un empleado de hostelería: “Nietos recuperados por las Abuelas se encuentran todos los días. Lo que acá preocupa son los despidos”. Se refiere a la crisis económica de Argentina y a los 20 obreros despedidos de una planta metalúrgica de Olavarría.

Pero la ciudad por la que caminan por las mismas aceras víctimas y cómplices de la represión del régimen está “revolucionada” por el caso Carlotto. Así lo admite otro vecino que conocía al fallecido empresario Carlos Francisco Aguilar, que llevó al bebé robado a manos de sus peones, y al médico Julio Sacher, cuyo nombre aparece en el certificado de nacimiento de Ignacio Guido Montoya Carlotto como el profesional que había constatado su supuesto parto en Olavarría. Desde que estalló el caso, Sacher ha cerrado su consulta en el centro de la ciudad. En su casa, en las afueras de Olavarría, una mujer responde una y otra vez que Sacher ha salido y volverá más tarde.

Vinci, presidente de la Comisión de la Memoria de la ciudad, cuenta que no solo Sacher está preocupado por el caso Carlotto sino también otros ginecólogos que firmaron actas de nacimiento que registraban hijos adoptivos como propios. Vinci reconoce que, en el pasado, el trámite de adopción en Argentina era más engorroso y había quienes registraban como propios niños abandonados o incluso vendidos por sus padres. Tiempo atrás no era costumbre decirles a los hijos adoptados que lo eran y en el campo es aún habitual la crianza de niños abandonados o entregados por sus padres. Pero Vinci sospecha que Ignacio Guido no es el único hijo de desaparecidos robado por la dictadura que acabó en Olavarría, descarta que sean decenas, como se empezó a rumorear por allí, pero cita por los menos tres casos de jóvenes que podrían serlo.

“Sospechamos de más hijos de miembros de las fuerzas de seguridad. Hay información de que era fácil conseguir un pibe”, apunta Vinci, que con Genson y otra veintena de militantes políticos fueron detenidos y torturados en una pequeña casa escondida en el campo, en Monte Peloni, de camino entre Olavarría y la finca donde se crió Ignacio Guido, en Cerro Sotuyo. Siete de aquellos capturados siguen desaparecidos. Cuatro imputados por los crímenes de Monte Peloni, entre ellos, el entonces jefe del regimiento de la ciudad, el coronel Ignacio Verdura, será juzgados en un juicio en septiembre próximo. “Dicen que al nieto de Estela (de Carlotto) le pusieron Ignacio por Verdura”, comenta Vinci. Además, hay un médico procesado y detenido por los delitos de Monte Peloni, Luis Seambelar, que en diciembre pasado declaró ante un juez que Sacher, el sospechoso en el caso Carlotto, era su jefe y se encargaba de revisar en su consulta a las mujeres detenidas por la dictadura en Olavarría, según publicó la agencia Infojus Noticias. De momento, Sacher no ha sido procesado.

Ignacio Hurban, músico conocido en Olavarría, profesor en un conservatorio y director de una escuela, alguna vez había participado en conciertos organizados por Abuelas de Plaza de Mayo. Estaba identificado con su causa, aunque no sabía que había nacido como Guido Montoya Carlotto ni militaba en las organizaciones de derechos humanos de su ciudad. Ignacio Guido, como quiere llamarse ahora, ha dicho que quiere que su caso permita que allí afloren otros como el de él y que comience a discutirse la complicidad civil con el régimen militar. Ahora su figura se ha transformado en emblema de Olavarría, en cuyos paredones un colectivo llamado Agrupación a Desalambrar pintó un mural que dice “114 abrazos”, por los nietos recuperados por Abuelas hasta entonces, y “Memoria, verdad, justicia y alegría”. Ya en 2012 un tribunal de Mar del Plata había condenado a tres exmilitares y dos civiles por la desaparición de Carlos Moreno, abogado de obreros perseguidos de la fábrica de cemento que es sinónimo de Olavarría, Loma Negra, que entonces pertenecía a Amalia Lacroze de Fortabat, fallecida multimillonaria argentina que, en 2005, la vendió a la brasileña Camargo Corrêa.

La justicia pidió investigar a la entonces comisión directiva de Loma Negra, pero aún no ha hallado nada.