Petro pide a la Comisión de Derechos Humanos que frene su destitución

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha llegado a Washington para recabar ayuda internacional contra la decisión del Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, de suspenderlo de su cargo e inhabilitarlo durante 15 años, por la desprivatización y prestación irregulares del servicio de basuras de la capital colombiana. En el primer día de su visita a la capital de Estados Unidos, Petro ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que suspendan la decisión del procurador.

“Nuestra Constitución establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos que Colombia ha firmado forman parte del cuerpo constitucional y no hay nada más importante en el mundo que los derechos humanos”, ha señalado Petro a la prensa, tras su reunión en la sede de la CIDH con su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza. El alcalde sostiene que con su destitución administrativa, el procurador ha violado los principios recogidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Colombia en 1973, que establecen que a una persona solo se le pueden suspender de sus derechos políticos mediante una sentencia judicial producto de un proceso ajustado a derecho, algo que, según el regidor, no se ha producido en su caso.

Petro ha solicitado a la CIDH la adopción de medidas cautelares que eviten el “daño irreparable” que la resolución del procurador ha causado a sus derechos políticos. “La decisión de destituir el voto de 732.000 ciudadanos en unas semanas y sin posibilidad de un recurso rápido para salvar los derechos de esos votantes y el del alcalde ha motivado que me presente ante la Comisión”, ha explicado el regidor.

Sólo existe un precedente de otorgamiento de medidas cautelares en caso de violación de los derechos políticos. La CIDH sólo concede este tipo de protección en caso de que exista un riesgo inminente de daño irreparable para el derecho a la vida o la integridad de la persona. El antecedente se remonta a 2005, cuando el mexicano Jorge Castañeda Gutman solicitó medidas cautelares ante la CIDH para que el Gobierno de su país le permitiera inscribir su candidatura como independiente a la presidencia de México. La Comisión se las otorgó y, ante el incumplimiento por parte de la Administración mexicana, se elevó el caso ante la Corte, que falló a favor de Castañeda.

Petro espera que la CIDH rompa con esa tendencia y, esta vez, considere su petición, aunque sabe que el procesos largo. “Esperaremos tranquilos las decisiones”. El alcalde también ha solicitado que su caso se eleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí tiene jurisprudencia en casos de inhabilitación política [caso López Mendoza vs Venezuela]. Su presidente, Diego García-Sayán aseguró en una entrevista concedida a este diario que en la doctrina del tribunal “está establecido que para el ejercicio de los derechos políticos rigen plenamente las pautas establecidas en la Convención, incluidas las que atañen a su limitación y suspensión”, pero que cada caso era distinto y que no habían estudiado antes uno similar al de Petro.

Antes de su encuentro con Álvarez Icaza, el alcalde se ha reunido con el congresista demócrata, Jim McGovern, quien, tras la reunión ha reconocido que EE UU observa con atención el desarrollo del caso Petro para constatar cómo la decisión del procurador podría afecta el proceso de inserción política de “excombatientes”, en relación con el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Petro era un antiguo miembro del M-19 y su exitosa incursión en la política se ha considerado como un ejemplo de inclusión.

Muchos analistas ven en la decisión de la procuraduría una amenaza velada al diálogo con las FARC en el que se ha incluido un acuerdo de participación política, que contempla su participación en la vida pública una vez que abandonen las armas.

El mismo día que el alcalde aterrizaba en Washington se ha conocido la decisión de la Registraduría Nacional de Colombia de convocar un referendo revocatorio para que sean los bogotanos quienes determinen si quieren que Petro siga al frente de la gestión de la capital. El regidor ha asegurado este miércoles que no va a recurrir esa decisión. “Queremos que la población vaya a las urnas, vamos a las urnas y que sean los ciudadanos los que decidan el futuro de Bogotá”, ha afirmado.