El acuerdo de Santos con los campesinos no frena las protestas en Colombia

El Gobierno de Juan Manuel Santos logró los primeros acuerdos con los campesinos tras 14 días de una protesta nacional que se ha convertido en la mayor agitación social de este periodo presidencial. El domingo, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, firmó un acta con las etnias indígenas pastos y quillacingas, que habitan en Nariño (al sur del país y en límites con Ecuador). En ella, el Gobierno se comprometió a comprar 40.000 litros diarios de leche a los productores de este departamento durante los próximos 15 meses y logró que levantaran los bloqueos en la zona.

Sin embargo, esta es apenas una solución momentánea al problema de la falta de rentabilidad en la producción de leche, que se tratará a fondo a partir del 12 de septiembre. La mesa nacional que el Gobierno instalará con los líderes de la protesta intentará hacer realidad el Gran Pacto Agrario y buscará reconstruir el agro colombiano, un sector abandonado por décadas y donde además se ha concentrado el conflicto armado.

“No lograremos construir un país justo si no enfrentamos el abandono del campo, la falta de política agropecuaria. Por eso creo que están dadas las condiciones, el país está listo (para) construir entre todos una política que realmente le sirva al campo colombiano”, dijo Santos a los indígenas en Nariño, reconociendo que las soluciones hasta ahora han sido “pañitos de agua tibia”, como se le dice en Colombia a medidas de corto plazo.

Atrás quedó aquel discurso de hace unas semanas en el que afirmó que “el tal paro nacional agrario no existe”. Hoy sigue congregando a diversos sectores agrarios como los paperos, arroceros y cafeteros, que insisten en temas como el alto precio de los fertilizantes y del transporte de sus productos, el contrabando y el impacto de los tratados de libre comercio.

Mientras disminuye la tensión en Nariño y Boyacá (centro), donde se concentran cultivadores de papa y cebolla, Huila, un departamento cafetero al suroeste donde hay cerca de 35 bloqueos en diferentes vías, ha vivido más protestas. Un grupo de encapuchados quemó este lunes una camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección, un organismo del Gobierno encargado de brindar seguridad a líderes en riesgo. El domingo en la tarde, en este mismo lugar, los manifestantes también prendieron fuego a un pequeño autobús. Los bloqueos en esta zona del país han provocado desabastecimiento de gasolina y alimentos. También persisten bloqueos en el norte del Valle y el sur de Cauca.

En Bogotá, por su parte, avanzan las investigaciones para tratar de identificar a los responsables de los actos vandálicos ocurridos en cuatro localidades de la ciudad el pasado jueves, y por los que Santos ordenó militarizar las calles. La policía ha difundido un cartel con las fotografías de 48 jóvenes involucrados, de los que diez ya se han entregado voluntariamente.

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha insistido en que los desmanes no fueron espontáneos, sino protagonizados por jóvenes pagados por desmovilizados de la banda criminal Los Paisas. Sin embargo, Rodolfo Escobedo, experto en crimen organizado, afirma que ni en Bogotá ni en ninguna otra ciudad colombiana hay grupos de este tipo. “No es que sean bandas criminales, sino estructuras delincuenciales que manejan el expendio de drogas y tienen tensiones fuertes con la policía”, señala.

Precisamente en Bogotá y otras ciudades, más de 50 organizaciones sociales y políticas han convocado para este jueves a un gran cacerolazo para apoyar a la protesta campesina y las peticiones de los estudiantes representados en la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil y de los trabajadores de la salud. 

Los camioneros, que también están en paro desde hace dos semanas, anunciaron que seguirán protestando hasta que el Gobierno acceda a bajar 2.000 pesos (unos mil dólares) el precio del aceite combustible para motores (ACPM), algo que de momento ha descartado el ministro de Minas y Energía, Federico Rengifo. Este aseguró que el 50% del ACPM que se consume en Colombia es importado, algo que paga el Estado.