Un fiscal imputa al secretario de Derechos Humanos de Argentina

La polémica comenzó en junio pasado, cuando la presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, removió a toda la cúpula militar y puso al frente del Ejército a Milani, un militar sobre el que pesaban algunas acusaciones de particulares por violaciones de los derechos humanos, pero que al asumir el cargo se mostró a favor de defender el “proyecto nacional” del Gobierno. A lo largo de julio resurgieron aquellas denuncias contra Milani, que nunca han prosperado en la justicia hasta ahora. El Senado debía aprobar su ascenso de general de división a teniente general, pero una organización de defensa de los derechos humanos de estrecha relación con el Ejecutivo y compromiso con los juicios a los criminales de la dictadura, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó entonces un informe que criticaba a Milani por elaborar un documento interno contra un soldado acusado de desertor y después desaparecido. El CELS pidió que Milani renunciara, pero el militar no lo hizo y fue ratificado en su cargo por Fernández. Eso sí: el kirchnerismo decidió postergar hasta diciembre, es decir, después de las elecciones legislativas de octubre, el debate en el Senado por el ascenso del jefe del Ejército.