La ONU dice que Colombia aún necesita su oficina de derechos humanos

El mandato en Colombia de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se prolongará hasta el 14 de octubre de 2014. Lo que ocurra después dependerá del próximo presidente. Así se lo hizo saber el Gobierno colombiano a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la abogada sudafricana Navi Pillay, durante su visita oficial a Colombia.

Desde el martes, el presidente Juan Manuel Santos expresó sus dudas sobre la necesidad de mantener en el país la oficina que dirige Pillay. El mandatario cree que Colombia ha dado pasos significativos en el tema de los derechos humanos. Para su canciller, María Ángela Holguín, se trata de una medida que está en sintonía con la exitosa labor que ha tenido esta oficina en Colombia desde su llegada hace 16 años, cuando empezaba la peor etapa en la violación de derechos humanos del país con la irrupción de las masacres de los grupos paramilitares y una intensa arremetida guerrillera.

Aunque la Alta Comisionada reconoció los avances en el tema de los derechos humanos que ha tenido Colombia, aseguró que lo hace “alzando una voz crítica y llamando al respeto por los estándares internacionales de derechos humanos”. Durante un homenaje este viernes a la memoria de las víctimas en Bogotá, dijo que los diferentes sectores con los que se reunió le pidieron la asistencia continua de la ONU, preocupados por las violaciones de derechos humanos. “Es importante que estemos en Colombia donde se nos necesita”, añadió y ofreció su asistencia al proceso de paz con las FARC.

Hace una semana, ese despacho de la ONU en el país presentó un informe donde denunciaba el “uso excesivo de la fuerza” por parte de las autoridades contra los campesinos que hace más de un mes protestan en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela y que ha dejado un saldo de cuatro muertos, lo que molestó al gobierno. Los labriegos, que tienen bloqueadas varias vías principales, piden que se suspenda la erradicación de cultivos de coca y se les otorgue una zona especial de reserva campesina.

Según la oficina de Derechos Humanos de la ONU, tras realizar una visita a los municipios donde se concentran las protestas, “hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública”, por lo que pidió una investigación. No obstante, en el mismo reporte la misión también afirma que pudo constatar agresiones de los manifestantes contra la fuerza pública y el confinamiento de varias comunidades.

Desde el comienzo de la protesta, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha dicho que está infiltrada por la guerrilla de las FARC, algo que ha sido negado por los manifestantes que aun mantienen el bloqueo de las vías, por lo que el diálogo con el gobierno se encuentra suspendido. Pinzón calificó los señalamientos de la ONU como “temerarios” e “irresponsables”.

Para Santos –que reconoce la validez de los reclamos campesinos– es clara la relación que existe entre los diálogos en La Habana y las protestas. Según el mandatario, mientras las FARC negocian con el gobierno, “aquí están azuzando e infiltrado la protesta social”, dijo el martes durante un acto púbico en Bogotá.

Aunque Todd Howland, representante de esa oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia, no descarta que haya “entidades” tratando de aprovechar políticamente las protestas, tampoco se puede negar que la molestia de los campesinos de esa región abandonada por el Estado, es legítima.

La decisión de Santos resulta contradictoria al anunció que el vicepresidente Angelino Garzón hizo en abril ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se realizó en Ginebra, de ampliar el mandato por tres años más, como venía ocurriendo. Durante ese Consejo, Colombia fue criticada fuertemente por la reforma al fuero militar que finalmente se aprobó en junio. La mayor preocupación de la ONU era que los llamados "falsos positivos" (civiles asesinados que luego presentan como guerrilleros muertos en combates) quedaran en manos de la justicia penal militar.

A raíz de esta inesperada decisión, cerca de 900 organizaciones de derechos humanos del país enviaron una carta a Santos manifestándole su preocupación. “La crisis de la salud, la violencia contra las mujeres, la continuidad del desplazamiento forzado o el asesinato de líderes de tierras, son prueba de que la Oficina todavía es necesaria”, dice la carta. El mismo vicepresidente Garzón, le sugirió a Santos, que de ser reelegido, reconsidere mantener la oficina de la ONU. Estos no han sido días fáciles para el mandatario. A la protesta de los campesinos en el Catatumbo se suma el inicio de un paro minero en varios puntos del país.