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Argentina retrasa las becas a niños en riesgo de exclusión social

Frente a las medidas menos austeras del Gobierno, han sido las provincias las que han aplicado ajustes más severos

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, siempre ha rechazado por principio los ajustes fiscales. Por ejemplo, ha dicho que no constituyen la solución para la crisis europea. Este año, ante la fuerte desaceleración del crecimiento económico de su país y su impacto en la recaudación tributaria, su Gobierno ha reducido levemente las subvenciones a la energía y al transporte, ha recortado obras públicas o no ha actualizado por inflación el impuesto a la renta. Sin embargo, no ha sido el Estado federal sino las provincias argentinas las que han aplicado el ajuste en serio.

Las provincias han subido impuestos y han recortado gastos en diversas áreas. Y el pasado fin de semana se supo que el recorte había llegado a donde más duele, a los hogares de día a los asisten niños en situación de riesgo social. Representantes de 37 organizaciones sociales del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que une a unas 400 entidades en total, se reunieron el sábado y el domingo pasados en Florencio Varela, un municipio del sur de la periferia de Buenos Aires, y denunciaron que diversos distritos llevan meses de retraso en el pago de las becas con las que se sostienen las casas. Las demoras afectan a provincias gobernadas por políticos de diverso origen: las peronistas kirchneristas Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Tucumán, la kirchnerista no peronista Río Negro, la socialista Santa Fe, la peronista disidente Córdoba y también Neuquén, que está bajo el poder de un partido local aliado de Fernández.

“Lo que no tiene perdón”, fue el lamento de las organizaciones sociales reunidas en Florencio Varela. Los hogares de día son sitios donde los padres en situación de pobreza dejan a sus hijos mientras van a trabajar. Allí pasan el día entero los chavales que están en edad de ir a guarderías y que no consiguen plaza en las escuelas públicas, así como los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias, en las que la jornada completa es una excepción. En estos hogares reciben la que para muchos supone la única comida diaria.

“Si no se pagan las becas y los hogares cierran, los pibes no comen y los padres no pueden ir a trabajar, lo que alimenta la pobreza”, advierte el coordinador de Chicos del Pueblo, Alberto Morlachetti. En su provincia, la de Buenos Aires, unos 130.000 menores de 18 años asisten a los hogares de día. Morlachetti comenta que algunos de estos centros llevan casi ocho meses sin recibir las becas mensuales, que oscilan entre 13 y 72 euros por niño y entre 96 y 193 por hogar. Otros líderes sociales han señalado que en ese distrito han cerrado 20 hogares, en otros han reducido la plantilla de forma drástica, mientras que el Gobierno de Fernández está pidiendo información sobre este problema. Fernández y el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, han comenzado este año a mantener algunas disputas por las críticas del Gobierno federal a las políticas fiscal, carcelaria y de seguridad de la provincia. Scioli, de posiciones más conservadoras, ha declarado públicamente que se presentará a las elecciones presidenciales de 2015 en el caso de que Fernández no busque una reforma constitucional que la autorice a postularse para una segunda reelección.

“Hay que ver si quieren terminar con estos programas de niñez o asfixiarlos”, dice Morlachetti. El dirigente social evalúa que quizás los gobiernos provinciales consideran que “ya se solucionaron los problemas” con la asignación universal por hijo, el subsidio de 54 euros mensuales que desde 2009 reciben los padres parados o con un trabajo informal y que ha supuesto un alivio para 1,3 millones de familias pobres.

Unos 3.000 educadores y niños de hogares de día bonaerenses marcharon el pasado miércoles a La Plata, la capital provincial, para protestar por los retrasos. Una portavoz del Ministerio de Desarrollo Social de Buenos Aires reconoció a EL PAÍS las demoras, pero dijo que la semana pasada su gobierno envió parte de lo adeudado, unos 1,6 millones de euros, y que a mediados de octubre desembolsará otros 2,4 millones. “Había una deuda y mes a mes se va a ir pagando”, añadió la portavoz.