Colombia lanza un plan de combate a cuatro años contra la guerrilla y los paramilitares

El Gobierno de Colombia ha presentado hoy la "hoja de ruta" con la que se enfrentará en los próximos cuatro años a la guerrilla y los nuevos grupos paramilitares o bandas criminales -bacrim, como se llaman oficialmente-, que son, a juicio del comandante de la policía Óscar Naranjo, la "mayor amenaza" en materia de seguridad.

Las líneas generales de la política de seguridad las ha presentado hoy el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ante los mandos militares y policiales. Ha destacado, como uno de sus pilares fundamentales, fortalecer la inteligencia: en cantidad, calidad -se reforzará con equipo de última tecnología- y entrenamiento. Se plantea también la aplicación "estratégica de la fuerza". La idea es maximizarla y focalizarla para permitir a la tropa un despliegue y repliegue contundentes. La palabra "sorprender" es vital en esta nueva directiva.

Apunta además al fortalecimiento de mando y control y a la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad. "Un salto cualitativo y cuantitativo en la forma de planear y coordinar las operaciones", ha dicho el ministro.

La protección a la población -"ganar la confianza y el corazón de los colombianos"-, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario tienen espacio en lo anunciado hoy.

El nuevo plan del Estado colombiano ha sido bautizado como Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad. Reemplaza a la Seguridad Democrática, bandera del anterior Gobierno de Álvaro Uribe. Según el ministro Rivera, "es una combinación adecuada de continuidad y cambio en el manejo de la seguridad, con metas más ambiciosas y nuevos objetivos".

Ariel Ávila, experto en seguridad de la Fundación Arco Iris, destaca un hecho positivo: "El Gobierno reconoce que hay cambios en la forma como se lleva la guerra; intenta actualizarse", ha dicho a este periódico. "Veremos si funciona", ha agregado. La Seguridad Democrática tenía en el punto de mira, básicamente, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "En la nueva estrategia se acepta que los factores que afectan la seguridad son diversos", dice el analista.

Y tiene otro objetivo que destaca especialmente: llevar a un "mínimo histórico" la producción de narcóticos, negocio del que se nutren la guerrilla y las bandas criminales. Usará dos herramientas para ello: desarticular las organizaciones narcotraficantes y aumentar el esfuerzo en la erradicación de cultivos ilegales.

Estas dos últimas han sido duramente cuestionadas por los altos costes, los daños colaterales y la poca eficacia. Los cultivos viajan por el país al vaivén de la erradicación. En este punto, Ávila ve un gran vacío. El negocio de la venta de droga al menudeo -fuente hoy de violencia en las grandes ciudades- se sustenta en redes poderosas de corrupción que se han infiltrado en el Estado; hasta ahora no se han creado herramientas para atacarlas.

Mapa de seguridad

El mapa de seguridad de este país de 46 millones de habitantes es complicado. En 293 de los 1.111 municipios actúan las bacrim; y según la Fundación Arco Iris, tienen entre 9.000 y 11.000 hombres armados. El ministro de Interior y Justicia ya ha advertido de una gran amenaza para las elecciones regionales del próximo octubre: quieren imponer, por la fuerza, a los candidatos que sirvan a sus intereses mafiosos.

Las FARC operan en 246 municipios -los más grandes del país- y cuentan con unos 12.000 guerrilleros. Últimamente han cambiado de táctica: ahora actúan en grupos más pequeños y usan más explosivos. A la fecha este grupo mantenía secuestrados a todos los habitantes -unas 200 personas- de una pequeña población en Chocó, en el noroeste del país, cuya situación tiende a empeorar porque "se están quedando sin alimentos" según dijo Luis Moreno, alcalde la población, reseña Efe. El fin de semana, en la misma zona, asesinaron a tres personas porque se negaron a parar en un retén sobre el río Atrato.

Colombia tiene el segundo Ejército más grande de América Latina, casi similar al de Brasil. El gasto en seguridad representa un 4,2% del PIB; 450.000 hombres conforman la fuerza pública.