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El Senado colombiano aprueba una ley para resarcir a las víctimas

Se prevén compensaciones materiales y morales para más cuatro millones de personas, cifra que incluye a todos los desplazados por el conflicto

Una amplia mayoría del Senado colombiano ha aprobado esta madrugada la Ley de Víctimas que permite reparar a las millones de personas afectadas por el conflicto interno armado enquistado en este país desde hace más de 50 años. La legislación reconoce como víctima a cualquiera que haya sufrido una agresión desde el 1 de enero de 1985, sin importar que haya venido de un guerrillero, un paramilitar o un agente del Estado. También contempla la reposición de las tierras perdidas por los desplazados desde 1991. Se calcula que podría haber más de cuatro millones de beneficiados.

Tras un debate que se prolongó más de nueve horas y un consenso que se había enredado en las últimas semanas, el acuerdo se alcanzó de manera sorpresiva. El senador liberal Fernando Cristo -impulsor de la iniciativa- recordó a su padre asesinado por la guerrilla hace 14 años y alabó la actitud del presidente Juan Manuel Santos que convirtió este proyecto, torpedeado durante el Gobierno de Álvaro Uribe, en su bandera. Desde el inicio de su mandato se comprometió con la iniciativa. "Si solo hacemos esto habrá valido la pena para mí ser presidente", afirmó Santos a pocos días de su investidura.

El expresidente Uribe, por el contrario, se había mostrado en desacuerdo con varios aspectos de la ley. Rechaza que se equipare a las víctimas de la guerrilla con las de los paramilitares y los agentes del Estado, y que se acepte, como lo hace la ley de manera explícita, que en Colombia hay conflicto armado. Él habla de una amenaza terrorista. Durante el debate en el Congreso trató de imponer sus criterios a través de sus fieles seguidores. Lo aprobado acepta la existencia del conflicto armado, pero deja claro que no habrá reconocimiento ni legitimización de terrorismo.

"Las víctimas aspiraban a más, pero es una buena ley", afirman los que la aceptan, reconociendo sus vacíos . El izquierdista Polo Democrático Alternativo trató de modificar 105 artículos de los 210 que contempla la ley, pero sus argumentos fueron rechazados.

"La Ley de Víctimas es trascendental porque adopta por primera vez una norma que de manera amplia habla de reparar a las víctimas", aseguró a este periódico Iván Cepeda, congresista del Polo. Añade, no obstante, que "sus fundamentos son endebles y sus alcances extremadamente limitados".

La sostenibilidad fiscal fue el argumento que marcó la discusión y no permitió una reparación más generosa. Cepeda también teme por las víctimas que quedarían fuera de la ley. Entre ellas, los más de 100 políticos y miles de militantes de la Unión Patriótica, un partido fundado a partir de los acuerdos de paz con las FARC en 1984, asesinados por grupos paramilitares, miembros del Ejército y narcotraficantes. O también, los "falsos positivos", civiles asesinados por militares para engrosar las estadísticas de guerrilleros muertos en combate.

La recién aprobada ley también contempla el tema que está en el centro de la violencia: la tierra. Dota al Estado de herramientas que permitirán -en palabras del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo- "saldar una deuda inmensa con los desplazados". Las cifras oficiales reconocen que más de 450.000 familias fueron despojadas de por lo menos dos millones de hectáreas.

Otras cuatro millones fueron abandonadas tras la huida en desbandada de sus dueños. Algunas ONGs hablan de un robo mucho mayor. El Estado confiará en la denuncia de las víctimas: los denunciados son los que deben demostrar su derecho sobre las tierras.

La tarea que viene de ahora en adelante es grande: montar el andamiaje institucional que permita esta restitución, proteger a los líderes que reclaman sus tierras, pues los siguen asesinando y garantizar el retorno de los desplazados a zonas donde sigue vivo el conflicto. Para la puesta en marcha de la ley falta todavía una conciliación entre las dos cámaras y que sea sancionada por el presidente Santos. Tendrá así una vigencia de 10 años.