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Análisis:

La fortuna Kirchner,de nuevo bajo la lupa

La polémica sobre el origen y el incremento que viene experimentando la fortuna personal de la presidenta argentina, Cristina Fernández, y su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, ha sufrido otra sacudida, con la nueva declaración jurada presentada este año ante la Oficina Anticorrupción. Según los datos reproducidos por el diario conservador La Nación y no desmentidos por los interesados, el patrimonio conjunto del matrimonio se incrementó en 2009 en un 20,6%, pasando de 11,6 a 14 millones de dólares. En la declaración anterior, el matrimonio también declaró un aumento anual considerable, de algo más de siete millones de dólares.

Los Kirchner nunca han dado explicaciones públicas sobre la gestión de su dinero o de sus empresas. No hay ninguna ley en Argentina que les impida seguir tomando decisiones sobre su patrimonio, como sucede en otros países democráticos, donde los presidentes con poderes ejecutivos tienen que ceder el manejo de valores y activos financieros a un gestor ciego, que no les consulta ni les informa. Los Kirchner cumplen, sin embargo, los requisitos exigidos por la Oficina Anticorrupción, un organismo creado en la época de Carlos Menem, que depende del Ministerio de Justicia y ante el cual todos los altos funcionarios y parlamentarios deben presentar declaraciones juradas sobre la evolución de sus bienes y fortunas.

En el caso de los Kirchner, las mayores denuncias por parte de la oposición se centran en la compra de terrenos fiscales (es decir, de propiedad pública) en la provincia de Santa Cruz a precios inferiores a los del mercado, la obtención de créditos en determinados bancos con intereses menores a los habituales y la compraventa de dólares, en concreto una operación de compra de dos millones de billetes verdes, realizada muy poco antes de que se apreciara la divisa estadounidense. Se da la circunstancia de que, en Argentina, el mercado de divisas está regulado por el Banco Central, por lo que la oposición acusó a Néstor Kirchner, autor de la operación, de actuar con "información privilegiada". Ninguna de las acusaciones por corrupción formuladas contra el matrimonio Kirchner ha tenido, sin embargo, hasta ahora, desarrollo judicial y los magistrados han cerrado las causas sin encontrar indicios de delito.

Según datos del diario La Nación, el sueldo oficial de la presidenta y la pensión del ex presidente Néstor Kirchner no exceden conjuntamente los 136.000 dólares anuales, por lo que es evidente que su patrimonio no se ha originado en sus respectivas etapas presidenciales, sino que nació antes, durante su estancia en la provincia patagónica de Santa Cruz. Tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández son abogados y levantaron a finales de los setenta y principios de los ochenta (durante la época de la dictadura militar) un gabinete jurídico en Río Gallegos, especializado en la ejecución de hipotecas. Es la fortuna conseguida con la ejecución de esas deudas la que, mediante lo que puede ser calificado de una hábil gestión, realizada durante sus etapas presidenciales, les ha permitido poseer ahora 12 apartamentos, seis casas, seis terrenos, cuatro locales, depósitos por valor de 5,4 millones de dólares y tres empresas, dos de las cuales son propietarias de dos hoteles de cinco estrellas, Alto Calafate y Los Sauces. En total, un patrimonio valorado por los propios Kirchner en unos 14 millones de dólares.

El matrimonio se ha negado siempre a explicar pública y detalladamente el origen y la progresión de ese patrimonio, más allá de las obligatorias declaraciones juradas, lo que hace que sean objeto de una permanente sospecha por parte de la oposición y de un seguimiento estrecho de los medios de comunicación.

No parece, sin embargo, que las acusaciones de actuar con información privilegiada o, directamente, de corrupción afecten mucho a su imagen pública, al menos ante un amplio sector de la ciudadanía. Los sondeos en Argentina indican que la corrupción no es la mayor de las preocupaciones de sus ciudadanos, curiosamente tolerantes con los dirigentes políticos o sindicales que incrementan irregularmente sus fortunas, pero que, a su juicio, "hacen cosas en beneficio general". Ese criterio permite, por ejemplo, que Carlos Menem sea senador y que mantenga una alta popularidad, pese a los innumerables casos de corrupción con los que fue relacionado durante su periodo presidencial.

Sea cual sea la reacción interna, lo que está claro es que Argentina lleva años sin conseguir salir de la media tabla baja de los índices de corrupción que elabora Transparencia Internacional (TI), un organismo independiente que se encarga de reflejar la percepción de empresarios, analistas de riesgo y organismos internacionales sobre las condiciones de limpieza y seguridad en las que se desarrolla la vida económica de cada país, En los dos últimos estudios publicados, 2008 y 2009, Argentina ha seguido puntuando muy por debajo de Chile o de Uruguay, e incluso por detrás de Brasil. "Hay un gran divorcio entre el discurso y la práctica, hay poca acción", explicaba hace ya dos años la directora general para América Latina de TI. La queja sigue siendo aplicable hoy día.