La Chureca reclama un cambio

Carla Valdez hurga en cuclillas entre la montaña de basura en busca de botellas de plástico. Está embarazada de ocho meses y el vientre hinchado le dificulta moverse. Usa una vara de madera para sostenerse y remover la basura. La entierra y la levanta, la entierra y levanta. El día irá bien si encuentra suficientes botellas. Irá mejor si en la búsqueda encuentra alguna caja con restos de pizza, pollo o carne. "Como lo que salga", dice jadeando.

El fiero sol ha tostado la piel de esta mujer hasta tornarla de un color rojizo. De tanto hurgar en la basura sus uñas están negras y tiene los pies hinchados, que sólo protege con un par de chanclas de hule. Carla Valdez dice que seguirá buscando botellas de plástico y restos de comida hasta el día que nazca su hijo, previsto para el 18 de septiembre. Mientras tanto, se pelea por un espacio entre las montañas de basura de La Chureca, el basurero municipal de Managua, el mayor vertedero de Nicaragua. Carla Valdez venderá a 5 céntimos de euro el kilo de botellas de plástico a una empresa de reciclaje. Si le va bien, en el día recibirá unos cien córdobas (3,5 euros).

La vida de Valdez y otros 2.000 habitantes de La Chureca puede cambiar. La esperanza para ellos llegó el 2 de agosto de 2007, cuando una caravana de coches detuvo la actividad de los churequeros, como se autodenominan los habitantes y trabajadores del basurero. De uno de esos coches bajó una mujer delgada, que llevaba gafas de sol e iba rodeada por hombres de chaqueta y corbata. La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, llegaba "a ver de cerca" las condiciones de vida del vertedero. Fernández de la Vega iba con una promesa bajo el brazo. "La cooperación española va a iniciar aquí un proyecto para que la salud y la vivienda sean una realidad", aseguró la vicepresidenta, quien charló con los habitantes del basurero, acarició a los niños descalzos y escuchó las peticiones de las mujeres. Desde entonces, la vicepresidenta es un mito en La Chureca. Todos los pobladores del basurero consultados se refirieron con cariño hacia la funcionaria española. El motivo es simple: los políticos nicaragüenses no se acercan al vertedero. Ni el presidente Daniel Ortega, cuyos lemas a favor de los pobres llenan de rótulos rosados las principales calles de Managua: "Arriba los pobres del mundo", rezan. "Él pasó de lejos una vez, pero con la nariz tapada", dice Tomás Pérez, un chico de 22 años que vive y trabaja en el basurero.

La jornada laboral en La Chureca comienza a las seis de la mañana. A esa hora, como si de una empresa se tratara, un ejército de hombres, mujeres y niños salen de sus casuchas de plástico y cartón rumbo a las montañas de basura pestilente. La mayoría van descalzos. Llevan una bolsa de plástico y varas de madera para hurgar entre la basura.

Los churequeros esperan la llegada de los camiones repletos de desechos que llegan de los barrios de Managua. Saltan sobre ellos para garantizarse una posición privilegiada que les permita buscar los materiales deseados: plástico, vidrio y cartón. Más de una vez esa acción temeraria ha terminado en tragedia: algún niño queda atrapado entre las llantas del camión. O una mujer muere aplastada por las toneladas de basura. Son las historias que todos repiten por aquí.

La cooperación española pretende cambiar esa realidad. El proyecto que impulsa en el basurero se llama Plan de Desarrollo Integral del Barrio Acahualinca La Chureca, y consiste en cerrar el basurero, construir una planta de tratamiento de basura, instalar un área para el acopio de los desechos reciclables y entregarle a los churequeros viviendas dignas con servicios básicos. El proyecto tiene un presupuesto de 30 millones de euros a ejecutarse en cinco años. Estaba previsto que se iniciara en 2008, pero la burocracia nicaragüense ha retrasado las obras de arranque.

El problema es la propiedad de las tierras. Una familia adinerada de Managua reclama el derecho sobre las 42 hectáreas. Gabriel Martínez, portavoz de la familia, dice que no están en contra del proyecto, pero exige que la alcaldía de Managua le pague a su familia el costo de la propiedad. "Llevamos 140 años como propietarios de esas tierras", afirma.

La alcaldía se comprometió a pagar a la familia seis millones de dólares (8,4 millones de euros) por el terreno. El primer pago tenía que hacerse a mediados de este año, pero la familia dice que nunca lo recibieron. "No tienen el dinero para pagar", dice Martínez.

La polémica entre la familia y la alcaldía de la capital de Nicaragua fue sellada por el Gobierno del presidente Ortega, que por decreto decidió indemnizar con bonos del Tesoro a los Martínez, con una suma de 39,5 millones de córdobas en bonos (1,4 millones de euros), 99 millones de córdobas (3,5 millones de euros) menos de lo pactado entre ambas partes. Además, el Estado entregó a la Alcaldía un título de propiedad que no tenía la firma de los dueños originales. Gabriel Martínez asegura que esa decisión es "una confiscación disfrazada de expropiación".

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha decidido mantenerse al margen de esa controversia. Funcionarios de la institución en Managua aseguran que el problema de la propiedad debe ser resuelto por la alcaldía, que es la contraparte del proyecto.

Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Gobierno español, visitó La Chureca el pasado 10 de agosto y se reunió a puerta cerrada con representantes de los habitantes del basurero. En el encuentro participó Ramona López, una líder de La Chureca, que aseguró que Rodríguez les animó y afirmó que el proyecto se realizará.

En conferencia de prensa en Managua, la funcionaria española afirmó que esperan los documentos de la alcaldía en los que se declara de utilidad pública el vertedero, para comenzar las obras de transformación. "No defraudaremos a la gente de La Chureca", enfatizó Rodríguez.

Esas palabras fueron recibidas con entusiasmo en el basurero. Allí sigue Carla Valdez, aguantando las temperaturas de más de 35 grados entre nubes de moscas, hurgando con su vara entre vísceras, comida descompuesta y otras porquerías. Lleva 10 años viviendo ahí, viviendo de la basura. Su casa, si es que se le puede llamar así, es un montaje de cartón, tablas viejas y plástico negro. Nada más. No hay agua potable, la luz es un lujo que llega a algunas casas por conexiones ilegales y la comida sana es un privilegio: la mayoría consigue verduras entre los desechos recién llegados, con las que preparan sopas para engañar el hambre, describe Carla.

En esas condiciones no es extraño que abunden las enfermedades. Una investigación realizada en 2003 por varios médicos independientes mostró que los habitantes, principalmente los niños, padecen enfermedades gastrointestinales, infecciones en la piel, problemas respiratorios y concentración de plomo en la sangre.

Carla Valdez tiene esperanzas en el cambio de La Chureca. "Espero que me den mi casa para tener bien a mi hijo". A unos metros, Ramona López es más contundente. No dejarán que nadie les arrebate las esperanzas de cambio, dice. "Los que se opongan al proyecto se las verán con nosotros. Vamos a reclamar nuestro derecho por las buenas o por las malas", afirma.