A Evo Morales le quieren llevar a juicio

La propuesta de iniciar un juicio político contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, como uno de los responsables en la trama de corrupción desvelada en la empresa estatal del petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ha causado gran indignación en el Gobierno, algunos de cuyos ministros la calificaron de "aberración jurídica".

La propuesta fue presentada ante la Fiscalía General por el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Cossío, con la posterior adhesión de los gobernadores de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca.

El fiscal general, Mario Uribe, confirmó en Sucre la recepción de la propuesta de acusación contra el jefe del Estado por la presunta comisión de delito en resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

La acusación sostiene que el decreto 29.506, promulgado por el presidente Morales, ha permitido el manejo discrecional de los recursos destinados a la empresa petrolera estatal

Este documento será considerado por un fiscal de Recursos para definir su procedencia o no dentro de la ley de Juicio de Responsabilidades, como se denomina en Bolivia al juicio político, y elevarse a conocimiento del Congreso para que, de aprobarse en esa instancia, se tramite ante la Corte Suprema de Justicia como caso de corte.

Los titulares de las carteras de Defensa, Walker San Miguel, y de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, coincidieron en señalar que los decretos supremos dictados por el Gobierno de La Paz "son total y legalmente constitucionales", en declaraciones efectuadas recientemente a la prensa local.

San Miguel afirmó que la proposición acusatoria presentada ante la Fiscalía General tiene una sola finalidad: "Echar una cortina de humo sobre las propias responsabilidades del prefecto Cossío en el denominado golpe cívico prefectural", gestado y ejecutado el pasado año "con la lamentable consecuencia de la masacre de Porvenir en Pando".

Manejo discrecional de recursos

La acusación sostiene que el decreto 29.506, promulgado por el presidente Morales, ha permitido el manejo discrecional de los recursos destinados a la empresa petrolera estatal, cuyos ejecutivos podían contratar de manera directa la realización de obras, servicios generales y de consultoría para el desarrollo de actividades en toda la cadena de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, convertida, tras la nacionalización de los hidrocarburos, en el corazón de la economía boliviana.

El propósito del Gobierno de La Paz de facilitar y agilizar la gestión del nuevo sector productivo del Estado, para que se levante en el menor tiempo posible, se canalizó en un régimen de fideicomisos que exime a los ejecutivos de someterse a los controles de las estrictas leyes de la administración pública vigente, entre ellas la ley de Administración y Control de los recursos del Estado.

La fluidez de egresos de los fideicomisos, sin mucha traba burocrática, parece haber sido la fuente de fuertes e inevitables tentaciones para muchos de los que se estrenaron en la función pública y "cayeron en la trampa de la corrupción,", como lamentó el propio presidente Evo Morales cuando acusó a la CIA de ser responsable de la catástrofe en la estatal YPFB.

Hace cinco años el país era considerado como el mayor proveedor de gas del Cono Sur, con boyantes y crecientes mercados en Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

Hoy apenas se alcanzan los mínimos previstos de venta de gas a Brasil y Argentina. Las perspectivas, además, han cambiado: es posible que estos países prescindan del gas boliviano en un futuro próximo.

Bolivia seguirá comprando diésel y gasolina, pues el gas, sin inversiones, seguirá viendo reducida su capacidad de asumir el pequeño consumo doméstico por la escasa capacidad de inversiones de YPFB en la actualidad.

La corrupción no afecta solamente al sector petrolero. Se ha denunciado la presunta malversación de un fideicomiso por casi un millón de euros en el programa de viviendas de interés social. Apenas 300 de las 14.000 previstas están en construcción.

Las autoridades anunciaron una pronta investigación ante una presunta sustracción de documentos, en lo que comienza a ser una incontenible riada de denuncias de irregularidades en la Administración pública.

La corrupción que sacude los órganos vitales del aparato público boliviano ha desnudado asimismo una realidad dramática: la inexperiencia y la falta de conocimiento de funciones y responsabilidades con que asumen los nuevos ejecutivos de entidades públicas bolivianas.