Bienvenido al Congreso: Núñez Feijóo cree ahora que es lícito negociar con Junts

Resulta chocante —y bienvenida— la nueva estrategia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de tejer alianzas con grupos parlamentarios, como Junts, para intentar oponerse a la política del Gobierno y, llegado el caso, votar conjuntamente para negarle la confianza o promover su censura. Chocante, porque hasta ahora mismo el PP consideraba a los diputados de Junts, de ideología independentista y protagonistas del llamado procés, prácticamente como apestados, y con los que el Gobierno de Sánchez había roto todas las líneas rojas al dialogar y negociar. Y bienvenida, porque esa rectificación supone admitir que todos los diputados han sido legítimamente elegidos y que Sánchez no llevó a cabo ninguna maniobra extraña, sino la práctica política más común: alcanzar mayorías parlamentarias que den acceso a La Moncloa y permitan gobernar.

El problema es que Núñez Feijóo pretende reclamar su propio derecho a las alianzas y, al mismo tiempo, lanzar todos los días instrucciones a su partido para que “redoble los esfuerzos para desalojar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno”. El problema es que acepte hablar de política con Junts fuera del Parlamento, pero se niegue a aceptar el menor debate político en el Congreso y que, contra la más elemental prudencia, se empeñe en alentar todas las iniciativas judiciales que puedan afectar no ya al Partido Socialista, sino a la propia familia de Pedro Sánchez. Desalojar significa hacer salir a alguien de algún lugar, apartarle con violencia, o deponerle de su empleo o dignidad, impidiéndole el ejercicio de ellos. Ese vocabulario, creador de buena parte de la crispación que sufre la política en este país, debería ser desterrado para siempre. A un presidente del Gobierno en un país democrático no se lo desaloja. Se le ganan elecciones o se lo censura con una mayoría parlamentaria.

El Partido Popular y Núñez Feijóo consideran ahora, afortunadamente, a los diputados de Junts interlocutores válidos. ¿Para lograr qué? De momento, para evitar, junto con Vox y el PNV, que las grandes compañías eléctricas, que han obtenido enormes beneficios en el último ejercicio, ingresen unos 1.500 millones de euros más en el erario público. En el futuro, quizás, para cualquier movimiento parlamentario que ayude a debilitar al presidente Sánchez. La novedad es que, si los diputados de Junts ya no forman parte de lo que el PP consideraba un peso muerto en el Parlamento, ¿por qué van a serlo los del BNG o los de Bildu? Es una buena noticia que el PP reconozca, por fin, la legitimidad de todo el Parlamento.

El Partido Socialista y el presidente Sánchez intentan, por su parte, mantener abiertas las negociaciones con Junts para dar estabilidad al Gobierno, por lo menos durante 2025, lo que implicaría lograr que se aprueben los Presupuestos Generales para ese año. La legislatura no acaba, en teoría, hasta 2027, pero 2026 sería ya un año “de salida”, en el que primarían, sin más, las estrategias electorales de unos y otros. Si Junts le niega el respaldo para aprobar los Presupuestos de 2025, Sánchez no estaría obligado a adelantar las elecciones (el Gobierno de Mariano Rajoy prorrogó los suyos en varias ocasiones), pero sí quedaría debilitado y daría nuevas fuerzas a Núñez Feijóo. A cambio, la capacidad de influencia de Junts quedaría también bastante desactivada.

Lo más interesante en estos momentos es saber qué estará dispuesto a negociar el presidente para lograr esos Presupuestos. En el mejor de los casos, la resolución del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía no llegará antes del próximo verano y, si es positiva para el Gobierno, no será posible aplicársela a Carles Puigdemont antes de esas fechas. Quiere decirse que Junts tiene que decidir si apoya los Presupuestos con Puigdemont todavía en Waterloo y qué precio exigirá. Hay distintas facturas posibles (admitir que Puigdemont como expresidente de la Generalitat tiene derecho a escolta, aceptar el debate sobre la moción de confianza, adelantar los acuerdos de financiación), pero la más llamativa es la posible entrevista entre Sánchez y Puigdemont. El presidente ha afirmado en varias ocasiones que no se entrevistará personalmente con el expresidente de la Generalitat hasta que haya sido amnistiado y pierda su condición de prófugo. Aceptar ahora un encuentro en algún lugar de Suiza, como al parecer exige Junts, tendría un coste personal y político muy alto, pero con Sánchez no es fácil saber qué le merece la pena y qué no. Lo que está más claro es que esa entrevista no le merece la pena al PSOE: la foto le haría seguramente más daño que la prórroga de los Presupuestos.