Puigdemont avisa a Pedro Sánchez que no tramitar la cuestión de confianza “llevaría la legislatura al colapso”

Carles Puigdemont lanza otro aviso prenavideño a Pedro Sánchez: “Si no cambian mucho las cosas, no podemos dar apoyo al Gobierno”. El expresidente catalán ha concedido este martes una entrevista a TV3 donde ha aprovechado para ratificar los reproches que, él mismo, manifestó ocho días atrás en una conferencia de prensa. “No me gustó decir que las cosas no van bien”, ha señalado, antes de apuntar que, pese a ese supuesto disgusto, ve poco margen para reconducir las relaciones: “No puedo negar la evidencia, estamos en un punto donde no podemos estar”. Entre los temas más apremiantes que tienen encima de la mesa Junts y PSOE está el desbloqueo de los Presupuestos Generales de 2025: “No podemos ni negociarlos”, considera Puigdemont. El expresidente catalán mantiene que el interés de Junts por someter a Sánchez a una cuestión de confianza es “una jugada táctica” y avanza que, en el caso que el Gobierno frene la tramitación, “llevaría la legislatura la colapso” porque la retirada del apoyo de Junts al Ejecutivo sería automática. Puigdemont avanza que, en caso de veto, habrá “consecuencias irreversibles” y sostiene que el margen se agota el 7 de enero.

TV3 había justificado la programación de la entrevista a Puigdemont en el “interés informativo” que despierta en estos momentos el presidente de Junts per Catalunya. Es habitual que la televisión pública catalana reserve para el líder de la oposición un espacio en horario de máxima audiencia. Se hizo en su momento con Carlos Carrizosa (Ciudadanos) o con el propio Salvador Illa (PSC), pero se da la circunstancia que, tras quedar como segundo candidato más votado en las elecciones del 12 de mayo, Puigdemont renunció expresamente al cargo de jefe de la oposición.

Sus manifestaciones de la semana pasada, acerca de las dudas que le generan el PSOE y Pedro Sánchez, aseguró que “no son de fiar” y pidió al presidente que se someta a una moción de confianza, han arrojado una fuerte carga de incertidumbre en torno al apoyo que dispensa la formación independentista catalana al Gobierno. Los siete votos de Junts en el Congreso son claves para que el Ejecutivo pueda desbloquear asuntos claves para la legislatura y, en ese sentido, la aprobación de los Presupuestos Generales para 2025 anuncian una encrucijada inminente.

“Tenemos que tomar decisiones y decir la verdad a nuestros electores”, razona el expresident, cuando justifica el enfado que muestra por la escasa evolución de los tratos con el PSOE. Cuando se le pregunta sobre si hay posibilidad de remendar los recelos, no esquiva el escepticismo: “¿Hay margen? No lo sé, yo sé como han actuado hasta ahora”, subraya.

Según el líder de Junts, la aprobación de la ley de amnistía no es un comodín que el Gobierno pueda esgrimir para alargar el juego de toma y daca que mantiene con la formación independentista: “La amnistía no está pasando y fue un precio por la investidura”, dice Puigdemont, y critica que “una amnistía que no tenga efectos, que no incluya a todo el mundo, no es válida”. El alega que tiene que seguir viviendo en Bélgica porque entrar en Cataluña implica el riesgo de poder ser detenido. Critica que Sánchez guarde “silencio” ante las trabas judiciales a la amnistía y, de la misma forma, lanza dardos contra Salvador Illa porque le dispensa un trato de “presunto delincuente”. Puigdemont critica que el president no lo haya visitado, como sí ha hecho con sus antecesores en la Generalitat.

Puigdemont y Miriam Nogueras insistieron hace un año que Junts prestaba apoyo a la investidura de Sánchez porque aplicaba la estrategia de “cobrar por adelantado”. El jefe del partido admite ahora que, quemado un calendario entero, las expectativas no han casado con la realidad: “No es un balance del que yo esté satisfecho”. El traspaso a la Generalitat de la gestión de la inmigración es otro de los temas que Junts presentó en su día como un logro. Ante la falta de concreción, Puigdemont señala fricciones: “Hay asuntos en los que estamos encallados”. La formación exige que la administración catalana tenga pleno control de todo el proceso, desde las fronteras hasta las propuestas de expulsión, algo que el Gobierno no ve con buenos ojos.