La carrera de obstáculos que le queda por delante al Gobierno para aprobar los Presupuestos

El Gobierno tiene casi cuatro semanas de margen, hasta el lunes 30 de septiembre, para presentar en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2025 e intentar encarrilar la legislatura. En ese periodo, el Ministerio de Hacienda tendrá que cumplir en tiempo y forma con el calendario previsto y con una serie de pasos técnicos que son necesarios para intentar dar forma a las cuentas públicas. Sin embargo, el proceso se antoja complicado dada la cantidad de trámites farragosos que tiene que sacar adelante con una compleja aritmética parlamentaria y un camino de baches y negativas tanto de la oposición como de algunos de sus potenciales socios. Todos estos problemas, a juzgar por los acontecimientos de las últimas semanas y por el cruce de declaraciones de unos y otros, volverán a estar presentes en este nuevo capítulo, al que también podría unirse una negociación paralela vinculada a la quita parcial de la deuda autonómica, según deslizan fuentes de Hacienda.

La aprobación de unos Presupuestos requiere de diferentes etapas, y en todas ellas el Gobierno tendrá que hacer encaje de bolillos para intentar lograr los apoyos necesarios. El primer paso, explica Alfredo Suaz, profesor en el Centro de Estudios Financieros (CEF) e interventor y auditor del Estado, es la aprobación de los objetivos de estabilidad (límites de déficit y deuda pública) para las distintas administraciones y del límite de gasto no financiero, conocido comúnmente como techo de gasto. Son las cifras esenciales sobre las que se empiezan a construir los presupuestos. Es lo que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y supone el pistoletazo de salida para todo proceso de este tipo, que a estas alturas del año ya debería estar liquidado. No obstante, avanzan Suaz y Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, todo apunta a que volverá a haber curvas. Para entender el porqué hay que remontarse a lo que ha sucedido en los últimos meses.

En diciembre del año pasado, con varios meses de retraso debido a las elecciones del 23J y las dificultades para formar Gobierno, Hacienda trató de poner en marcha la liturgia presupuestaria de las cuentas de 2024. Para eso llevó el techo de gasto a un nuevo récord y comunicó a las comunidades y corporaciones locales los objetivos de déficit para 2024, que serían del 0,1% para las autonomías y del 0% para los municipios, frente al equilibrio exigido en la senda previa para los primeros y el superávit del 0,2% fijado para los segundos. Este plan pasó el trámite del Congreso, pero fue tumbado después en el Senado gracias a la mayoría que ostenta el Partido Popular desde el 23J, por lo que el proceso quedó en punto muerto. Para intentar salvar los muebles, el Gobierno sacó a la luz un controvertido informe de la Abogacía del Estado que, supuestamente, le permitiría imponer la senda de estabilidad en caso de bloqueo parlamentario y así despejar el camino, pero el clima político con la negociación de la amnistía en Cataluña llevó al Gobierno a renunciar a las cuentas de 2024.

Meses después, y ya con la prórroga de las cuentas para este año, el Gobierno aprobó un cambio para regatear el veto del PP en el Senado. Quería anticiparse al bloqueo dadas las dudas jurídicas del informe de la abogacía, que los populares amenazaron con impugnar, con el objetivo de sacar unas cuentas públicas para 2025. Así, el Ejecutivo coló en la Ley de Paridad una enmienda que eliminaba la capacidad de veto del Senado y que permitiría que la senda planteada entrara en vigor con la mayoría simple del Congreso, a priori asegurada por los socios de la investidura.

Sin embargo, el pulso entre el PSOE y Junts fue cogiendo fuerza tras los resultados de las elecciones catalanas y, hace algo más de un mes, el partido de Carles Puigdemont bloqueó —junto a PP y Vox— los nuevos objetivos de déficit, esta vez en la cámara baja. Así, el Gobierno se encontró con un nuevo rechazo de los objetivos de estabilidad en el Congreso, lo que hace peligrar la aprobación del proyecto en tiempo y forma, como dijo la ministra portavoz, Pilar Alegría, hace una semana.

Ahora, el Consejo de Ministros tendrá que volver a aprobar los objetivos de déficit y tendrá que llevar de nuevo a las Cortes el techo de gasto y la senda de estabilidad para poder iniciar de nuevo el proceso. En caso de no lograr el aval, todo apunta a que hará uso del informe de la Abogacía del Estado. Sin embargo, explican los expertos, y dada la incertidumbre que rodea a esta baza, es posible que el Ejecutivo intente ganarse el apoyo de sus socios —sobre todo de Junts y ERC— o intentar lograr una abstención del PP en el Congreso. Para Torres, el volumen del techo de gasto (fijado por última vez en los 199.171 millones de euros) no da más margen de maniobra, ya que “no es coherente con el gasto primario neto que incorporan las nuevas reglas fiscales europeas”. Por eso, las únicas vías posibles a explorar son promover una descentralización de los gastos en inversión hacia las comunidades (lo que podría suavizar la postura de los partidos catalanes) o dar a las autonomías mayor margen fiscal para así contentar a los populares, que controlan la mayor parte de los territorios. “Algo diferente tendrán que ofrecer para intentar lograr la aprobación”, recalca Suaz.

En el caso de que se consigan superar todas estas fases, el Gobierno deberá presentar en el Congreso el proyecto de Presupuestos a partir del 30 de septiembre con el objetivo de que se debata y se consiga la eventual aprobación antes del 1 de enero de 2025, algo que tampoco estaría asegurado, aunque se lograra salvar el primer trámite. En este punto, añade Torres, es posible que entren en escena la financiación autonómica y la condonación parcial de la deuda autonómica en detrimento del Estado, “un debate que hasta ahora ha sido político, pero que tiene papeletas para estar en la negociación presupuestaria”, apunta. Es una alternativa que en Hacienda ya no descartan.

Si el proceso se encalla en alguno de sus puntos, el Gobierno se vería obligado a extender por segundo año consecutivo las cuentas de 2023, dando lugar a la sexta prórroga de los últimos 10 años. “Estaríamos hablando solo del Estado, que supone el 20% de los Presupuestos de las administraciones. No afectaría a las cuentas de las comunidades y corporaciones locales, que llevan su vida y sus ritmos”, recuerda Suaz.

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